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Opinión

Las indefiniciones del gobierno sobre la gratuidad

Las indefiniciones del gobierno sobre la gratuidad Las indefiniciones del gobierno sobre la gratuidad

Esta semana hubo una nueva polémica relacionada al proyecto de gratuidad en la Educación Superior anunciado por el gobierno: la Ministra Delpiano habría afirmado a parlamentarios DC, que junto al Ministerio de Hacienda estarían evaluando la posibilidad de otorgar gratuidad a través de becas. Sin embargo, tan solo un día después, el Mineduc salió a desmentir tal información y a afirmar que la gratuidad será a través de las instituciones tal como dijo la Presidenta en su discurso el 21 de mayo.

Por


Presidente de la Fundación Chile Siempre

Esta polémica es especialmente relevante, considerando que la gratuidad por becas a los alumnos más vulnerables de la población, ya había sido implementada por el gobierno de Sebastián Piñera, lo que se reflejó en el importante aumento de 149.000 becas existentes el año 2010, a 381.000 el año 2014.

Por otra parte, también es importante destacar que si se concretara dicho cambio, sería la cuarta voltereta anunciada en la aplicación de esta política en lo que va del año. Si sumamos este último cambio, nadie duda de que se trata de meras improvisaciones, las que lamentablemente han caracterizado las reformas de la Presidenta Bachelet.

En esta materia, hay ciertos puntos en que el gobierno sigue mostrando contradicciones no solo técnicas sino que ideológicas y políticas.

Por ejemplo, han argumentado que quieren avanzar hacia la gratuidad universal debido a que se trata de un derecho. Sin embargo, no han sido capaces de demostrar, por ejemplo, por qué se estaría vulnerando el derecho de acceder a la educación superior al hijo de un Senador que recibe una dieta de $9.121.806, si claramente su hijo no está imposibilitado de tener una educación de calidad, al menos considerando sus recursos.

En tal caso, parece ilógico que sea el Estado el que tenga que reemplazar esos recursos, considerando que en la práctica significa darle un bono anual de cerca de $5.000.000 a ese parlamentario. Por otro lado, si es un derecho no tiene sentido limitar precios ni vacantes.

En esa misma línea es que llama la atención los mensajes de austeridad por parte del Ministro Burgos en relación al terremoto del norte, si están pensando en destinar esa importante cantidad de recursos en pagar la educación de quien ya tiene un acceso garantizado.

Por otra parte, no se entiende el verdadero capricho en que se ha convertido la gratuidad como bandera de lucha. Chile tiene importantes desafíos en materia educacional, pero los más esenciales no se producen en la Educación Superior, están en el acceso a la educación inicial y en la educación escolar.

Por ejemplo, según datos de la Encuesta CASEN realizada el año 2013, el 41,2% de quienes tienen más de 19 años en nuestro país, no han terminado la educación secundaria. Pareciera que es más necesario enfocar los recursos en esas personas, ya que el parlamentario de nuestro ejemplo anterior podría financiar los estudios por su cuenta.

Más aún, en la misma Educación Superior nos damos cuenta de diversos desafíos en que la gratuidad no avanza en resolverlos. Según la CASEN 2013 el 89,6% del quintil más rico accede a la educación superior, mientras que solo un 34,4% del quintil más pobre lo hace, brecha que no se supera otorgando gratuidad universal, sino focalizando los recursos en quienes más lo necesitan.

En este caso la gratuidad se queda corta, ya que muchas personas de los quintiles más pobres no siguen estudiando no por ausencia de gratuidad, sino por el costo de oportunidades que implica no generar ingresos por cinco años o más, realidad que el gobierno no la ha mencionado ni tangencialmente.

Todos los datos que hemos mencionado, cualquier gobierno serio los debiera considerar al elaborar una política pública de la magnitud de la que nos referimos. La falsa gratuidad universal no soluciona los serios desafíos que enfrenta nuestro sistema educacional, es más, la experiencia comparada nos muestra que puede significar un retroceso en materia económica y sin duda es un retroceso en materia de justicia.

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