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Las patas cojas de las primeras luces de la reforma a la Educación Superior

Las patas cojas de las primeras luces de la reforma a la Educación Superior Las patas cojas de las primeras luces de la reforma a la Educación Superior

Fue de la mano del movimiento social, y con al conjunto de la ciudadanía, que instalamos la necesidad de una reforma estructural. Nuestra voluntad es incidir en el contenido de la reforma, esperamos desde el gobierno la voluntad de incorporar íntegramente las demandas del movimiento social. Porque estamos construyendo la educación para las próximas décadas de nuestro país y sus perspectivas de desarrollo, esta reforma no puede ser para salir del paso.

Javiera Reyes

Por


Economista U. de Chile, estudiante de magister, Presidenta Ceic 2014 y vicepresidenta FECh 2015 y 2016.

Este lunes se llevó a cabo la reunión entre el Mineduc -encabezado por su ministro, Nicolás Eyzaguirre- y los estudiantes agrupados en la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech). Nuestro objetivo en la instancia era conocer la propuesta del ministerio respecto a la reforma a la educación superior, por la que hemos luchado durante tantos años, y que inicia su trámite legislativo por fin este 2015.

Los elementos presentados, aún muy generales, nos permiten hacer una primera evaluación. En el estado actual, y si bien identificamos avances -como regulación de la matrícula y política de financiamiento basal a instituciones-, vemos una propuesta insuficiente y que debe sufrir importantes modificaciones para que se ajuste a lo que como movimiento social hemos demandado.

La propuesta de gratuidad del ministerio contempla un tope de años según el cual se va a entregar ésta, con el objetivo de evitar los “estudiantes eternos”. Esto podría repercutir en evidentes presiones sobre sus usuarios. ¿Acaso no estaría en desventaja quien sabe que si se le agota la “cuenta corriente” de la gratuidad ministerial no podrá ser un profesional?

Esto cobra relevancia sobre todo cuando son justamente los estudiantes de menos recursos, quienes provienen de una educación desigual desde la pre básica, quienes muchas veces deben tomarse un tiempo más para terminar sus carreras. La gratuidad, por tanto, debe tener vigencia por la cantidad de años que sea necesaria. Así lo hacen los países que hace rato entienden la educación como un derecho social. No podemos exigir menos.

Por otra parte, y más allá de generar mecanismos para hacer cumplir la prohibición del lucro en universidades, y terminar con el lucro con fondos públicos, no se contempla prohibirlo en el sistema técnico profesional.

La búsqueda de ganancia privada ha sido el motor del sistema los últimos 35 años. Lo que ha generado es desvío de fondos desde las instituciones hacia el bolsillo de los dueños, explosión del gasto en marketing y publicidad, segregación, total desajuste entre las necesidades productivas y de desarrollo nacional y oferta de carreras; en definitiva, la deformación del sentido de los proyectos educacionales por el afán de retribución privada. Condición irrenunciable para un nuevo sistema es la prohibición del lucro en todo el sistema, y así lo seguiremos exigiendo.

Hay otros puntos donde todavía no tenemos certezas, pero que debe incluir una reforma estructural al sistema.

Por un lado, y compartiendo el entregar financiamiento a universidades privadas que cumplan estrictos requisitos en términos de acceso, orientación al desarrollo regional, parámetros de investigación y extensión, entre otras; es necesario poner en el centro a las instituciones del Estado, que cumplen un rol estratégico para garantizar el derecho a la educación y orientar al conjunto del sistema. Y eso no se manifiesta en otra cosa que en un trato preferente con éstas instituciones.

No podemos imaginar un sistema donde se mantenga la tendencia a la caída relativa de la matrícula en éstas instituciones, que hoy no llega ni al 20% del total. Junto a la creación de instituciones técnicas estatales, la reforma debe contemplar una radical ampliación de la matrícula en las universidades del Estado. Esto implica un importante plan de inversiones para construcción de infraestructura, capacitación docente, entre otras, el que no puede provenir del financiamiento permanente de las instituciones, sino que debe hacerse con un fondo especial para este ítem, que contemple objetivos y plazos definidos.

Por último, un nuevo sistema requiere la democratización de los planteles. La conformación de cuerpos normativos triestamentales con atribuciones sobre los presupuestos, reglamentos y planes de desarrollo, entre otros; y la elección triestamental de autoridades unipersonales, son garantías mínimas de participación de la comunidad en la toma de decisiones que debe exigir el Estado a las instituciones que financia.

Fue de la mano del movimiento social, y con al conjunto de la ciudadanía, que instalamos la necesidad de una reforma estructural. Nuestra voluntad es incidir en el contenido de la reforma, esperamos desde el gobierno la voluntad de incorporar íntegramente las demandas del movimiento social. Porque estamos construyendo la educación para las próximas décadas de nuestro país y sus perspectivas de desarrollo, esta reforma no puede ser para salir del paso.

Nosotros estaremos, como siempre, en la calle, movilizándonos para que así sea.

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