Si bien la lectura de la sentencia del denominado caso “bombas” quedó fijada para el 2 de agosto, entre las justificaciones que entregó el tribunal para sostener la resolución absolutoria se encuentra el que se trató de una indagatoria sesgada -por una suerte de hostigamiento contra los habitantes de las casas okupa-; anomalías en la confesión de 2008 de uno de los imputados de ese momento -y en donde incluso se afirma que parte de sus declaraciones, fueron dictadas por el fiscal que las tomó-; existencia de aristas inconclusas que no fueron objeto de análisis de los fiscales o de la policia; tardía incautación de las supuestas trazas de explosivos que vinculaban a uno de los imputados con los atentados; diligencias inconclusas; y errores en la individualización de algunos de los lugares donde estallaron artefactos explosivos.
El tribunal sostuvo además, en materia de calificación del delito, que no se estaba ante delitos terroristas sino que de lesiones leves, daños e incendios.
El estándar de control que tenemos como sociedad de la actuación de los jueces estará vinculado a los fundamentos y razonamientos que se entregue en la sentencia. Sin embargo, no es difícil aventurar, que un tema central del debate que se generará -y que por lo demás ya está creando algún nivel de controversia en los medios- reside en los argumentos que llevaron a descartar que se trataba de delitos terroristas.
Y es precisamente acá donde el “garantismo” podría tener cabida, mediante el uso de formalismos -sean procesales, de análisis puramente discrecionales de los elementos de los tipos penales aplicables, etc.- que buscan adscribirse –ha sucedido en el pasado– más bien a doctrinas penales y sociológicas críticas del uso del derecho penal, y en particular de la privación de libertad frente al fenómeno delictual, entre otras razones porque los victimarios son en realidad víctimas de la sociedad, del modelo, etc.; consideraciones que priman sobre el derecho vigente.
Porque junto con la injusticia en el caso concreto y la sensación de impunidad que ello pueda generar, la pregunta de política pública judicial se relaciona con las consecuencias de ello. Y acá está el problema: si un juez toma una decisión puramente discrecional, basada en formalismos, ideología o consideraciones extra-legales -disfrazadas en argumentación jurídica-, ello no tiene para él ninguna consecuencia específica.
Esta realidad, en principio no es tomada en cuenta para calificarlo y decidir su permanencia en el sistema judicial. Es decir, se hace necesario avanzar a un sistema institucional en que los jueces asuman la responsabilidad por sus decisiones y rindan cuenta de sus actos.
El dilema que presenta ese predicamento es que entra en potencial conflicto con el valor de la independencia judicial. El juez que no es independiente, no tiene una cualidad básica para ser imparcial. Por lo tanto, es menester construir un sistema institucional que conjugue la autonomía con la responsabilidad.
En este sentido, la ecuación parece estar en asegurar por completo la autonomía para resolver en casos concretos, sin que se admita cuestionamiento de los fallos, salvo en las instancias jurisdiccionales pertinentes, pero que simultáneamente se construyan mecanismos de evaluación basados en indicadores objetivos, que al cabo de un período habiliten a evaluar el desempeño del juez.
En todo caso, la lección principal que nos ha dejado este caso, es la de que no es aceptable que en un país democrático, grupos extremistas utilicen la violencia para imponer el terror en la población para buscar avanzar en sus ideas en la sociedad. Es por esto, que debemos tener en cuenta, que desgraciadamente el gran perdedor en este caso es nuestro país, pues el foco actual no está centrado en la búsqueda de los responsables que siguen en la impunidad.
