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Opinión

Ley de Inclusión Educativa: la consagración de un derecho

Ley de Inclusión Educativa: la consagración de un derecho Ley de Inclusión Educativa: la consagración de un derecho

Nadie podría dudar que para las 228 mil familias favorecidas en esta primera etapa -probablemente muchas de ellas vulnerables- la gratuidad significará un gran avance y por cierto un ahorro.

Rolando Poblete

Por


Facultad de Educación, Universidad Central Doctor en Antropología Social y Cultural

Esta semana la Ministra de Educación Adriana Del Piano, dio a conocer que en el marco de la aplicación de la Ley de Inclusión aprobada en enero pasado, 739 colegios particulares subvencionados pasarán a ser completamente gratuitos el 2016 y solo 20 permanecerán como particulares pagados. Incluso algunos colegios, con el aporte del Estado, recibirán muchos más recursos de los que percibían de las familias de sus estudiantes, con lo cual contarán con mayores posibilidades de invertir en áreas o ámbitos que impacten en la calidad educativa.

Es cierto que estos colegios corresponden a aquellos con menor copago y que representan un porcentaje bajo en relación a los más de 6.000 que están en la misma condición: así lo determina la gradualidad en la implementación de la ley. Sin embargo, nadie podría dudar que para las 228 mil familias favorecidas en esta primera etapa -probablemente muchas de ellas vulnerables- la gratuidad significará un gran avance y por cierto un ahorro.

Aunque resulta pronto para elucubrar en torno al comportamiento futuro del resto de los colegios, es importante señalar que al menos para estos primeros la gratuidad no supuso la obligación de cerrar, ni tampoco una amenaza para la libertad de elección de las familias o el desarrollo de los proyectos educativos por los cuales han optado. Simplemente ha significado, ni más ni menos, la consolidación y restitución de un derecho ciudadano.

Por lo mismo resulta curioso que ninguno de los agoreros del mal como la CONFEPA, la derecha política y otros actores sociales, hoy levante la voz para insistir en su férrea oposición a la gratuidad, argumentando que ésta ponía en riesgo la continuidad de los colegios. Curioso que no inviertan dinero, realicen videos ni organicen marchas para explicarles a las familias de estos 739 colegios que la gratuidad es una acción propia de un Estado totalitario destinada a conculcar su posibilidad de elegir.

Al parecer la porfiada realidad les ha mostrado -es de esperar que así SEA- que después de todo consagrar derechos no es un acto que coarta la libertad de pensamiento ni menos la posibilidad de emprender, por el contrario es un avance en la democratización y en la generación de una sociedad más justa y equitativa.

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