Este martes la Cámara de Diputados iba a votar la Ley Hinzpeter, ante la atenta mirada de la sociedad civil. Quizás esa fiscalización le impidió al Gobierno reunir los votos y por ello la votación fue prorrogada por dos semanas. Y es que ya hemos sido muchas las organizaciones que nos hemos pronunciado en contra, todas las cuales actuamos con apego a la ley y tenemos una probada vocación pacifista. A fines de agosto habrá una nueva ocasión, entonces, para ver qué pasa con lo que las encuestas denuncian, una a una: el divorcio entre la ciudadanía y sus representantes. Y para poner a prueba la calidad del Poder Legislativo, enfrentado a una ley francamente mala.
El proyecto ya pasó por la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados y lleva por verdadero título Ley de Resguardo del Orden Público. Quizás su principal problema es que, más allá de sancionar a quienes infringen el orden público en manifestaciones, atenta contra todos los chilenos al consagrar menos democracia, justo cuando el país pide lo contrario. Ante la exigencia ciudadana de mayor participación, este cuerpo legal, en la práctica, responderá con cárcel a las personas por el solo hecho de discrepar de alguna situación indeseable provocada por el poder.
Es importante enfatizar en que el proyecto atenta contra el conjunto de la ciudadanía y no contra los vándalos. Es represivo y excluyente puesto que, detrás de la aparente intención de resguardar el orden público, arrasa derechos constitutivos de cualquier sistema que se pretenda llamar democrático y que incluso están consagrados en la Constitución de 1980, como el de reunión sin permiso previo. Por poner un ejemplo, el nuevo delito de desórdenes públicos significará la prisión para los manifestantes hasta por un lapso de 3 años.
Nosotros desearíamos que el país, desde las autoridades hacia abajo, privilegiara otros mecanismos para solucionar problemas que no son de orden público, sino que aluden a problemáticas profundamente políticas. Ahí es donde se fracasa y donde se quiere reaccionar con esta ley. No es de extrañar que los hitos de avance de este proyecto coincidan con episodios de gran convulsión social. El ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, de hecho, la presentó en octubre de 2011, precisamente, para contrarrestar al movimiento estudiantil en su momento de mayor convocatoria. Y su aprobación en la Comisión de Seguridad Ciudadana ocurrió el pasado miércoles, justo después del desafortunado episodio de las micros quemadas.
La Ley Hinzpeter se ha alimentado del fracaso de la política. No se resuelven las denuncias de ilícitos realizadas por la sociedad civil, pero sí se clasifican nuevos “delitos” como: tomas, interrupción del tránsito y marchas sin permiso. No está, por lo tanto, dirigida contra los vándalos, sino contra los chilenos.
Así las cosas, la ley es un desastre. Por poco específica, por inaplicable y por pretender poner una mordaza a toda la sociedad civil. Este silenciamiento, injusto y peligroso, no responde a una necesidad que debe ser resuelta con estatura de Estado: el establecimiento de un nuevo pacto social y la generación de nuevos consensos. Para ello es imprescindible abrir las puertas y las discusiones, en vez de cerrarlas.
Como es sabido, nuestra organización, Greenpeace, se caracteriza por realizar acciones muy vistosas, pero antes de referirme a ellas hay que ser claro: cualquier grupo de ciudadanos que se manifieste públicamente puede ahora terminar en la cárcel. Esta aberración, que puede caerle encima a estudiantes, deudores habitacionales, a un grupo de vecinos descontentos por el Transantiago o a los escolares, termina golpeando muy certeramente el principio básico de la libertad de expresión.
Si la ambigüedad de esta ley puede caer sobre un grupo de vecinos, también lo hará sobre nosotros. Por de pronto, todas las acciones pacifistas y creativas que realizamos, y que en general son apoyadas por la población, pasarán ahora a ser constitutivas de delito y significarán cárcel para nuestros activistas. El mundo al revés: organizaciones como ésta y muchas otras existen para denunciar crímenes de todo tipo, pero según la Ley Hinzpeter los delincuentes seremos nosotros.
El país que soñamos es aquel donde se permite a sus habitantes expresar su opinión sin que sean sancionados por ello. Donde se abren los espacios públicos para encontrarnos en nuestra diversidad, en vez de encerrarnos por miedo a la delincuencia. Donde los temas de fondo se resuelven conversando y escuchando, dejando la tarea en manos de los políticos y no de la Policía.
Es con estas añoranzas que vemos cómo la Ley Hinzpeter llega al Congreso. Los parlamentarios podrían ahondar su desprestigio y aprobar este proyecto. Esperamos que no lo hagan. Sería además un acto inútil, puesto que hay miles de personas dispuestas a seguir denunciando las injusticias, aunque haya una ley que pretenda encerrarlos por ello.
