Y la verdad salió a flote: no se trataba de una mentira y confabulación como temerariamente (y voluntaristamente, sospecho) aseveraron muchos. Karadima efectivamente abusó de sus seguidores. Así fue determinado por la ministra en visita Jessica González,que bien habría podido evitar referirse al fondo, en atención a que las acciones para perseguir los delitos se encontraban prescritas.
La buena noticia, entonces, es que los denunciantes decían la verdad. La mala es que de todos modos Karadima no podrá ser perseguido penalmente (en lo civil, probablemente tampoco).
Entendiendo lo paradójica que resulta esta situación, surge la tentación de preguntarse de quién es la culpa de esto. Lo más popular, como siempre, es culpar al Poder Judicial o al Ministerio Público y normalmente algo de razón hay en ello. Pero esta vez, no.
En efecto, a pesar de saber (o al menos sospechar) que por la data de los hechos denunciados su investigación correspondía a la justicia antigua, el Ministerio Público no eludió el bulto e investigó con todo el esmero que es esperable en un caso de esta naturaleza.
El caso de la ministra González corre por el mismo carril: investigó profundamente el caso a sabiendas (o debiendo saber) que los hechos denunciados se encontraban prescritos. No obstante lo anterior, sin perjuicio de declarar la prescripción (como correspondía de acuerdo a nuestra legislación vigente), de todos modos se pronunció respecto del fondo dando por acreditados los hechos, lo que perfectamente se podría haber ahorrado amén de la mentada prescripción.
Así las cosas, cabe preguntarse ¿quién tiene la culpa entonces de que Karadima sólo responda en el más allá y no en el más acá?
1) La prescripción
Resulta sumamente sencillo y popular hoy en día efectuar un alegato en contra de esta institución en virtud de la cual se extinguen acciones y se adquieren derechos ajenos por el simple transcurso del tiempo.
Sin embargo, su fundamento es la paz social. La idea es que ciertas situaciones actuales con el tiempo se consoliden jurídicamente, como la propiedad de una casa, pero no tener para siempre una guadaña sobre la cabeza por algo que hicimos hace decenios y que tampoco fue reclamado en su oportunidad. Tan sñolo imagínese imputado por aquel hot dog que se comió y no pagó cuando era un universitario.
Con todo, robarse un sandwich dista bastante (por cierto) de las conductas en que incurrió Karadima. Los plazos de prescripción, también. Sin embargo, por más extensos que fueren, transcurrieron también sin que se iniciara una acción.
Resulta evidente que si lo que se persigue es la paz social con esta institución, debe estudiarse si está produciendo dicho efecto y si los plazos son suficientes. En este caso, pudiese ser que no, pero se debe legislar para la generalidad y no a propósito de un caso específico.
2) Los denunciantes
Sé que resulta impopular decirlo, pero los propios denunciantes también tienen una cuota de responsabilidad en esta situación. En efecto, la gravedad de los hechos y la posibilidad de que muchos otros pudiesen resultar víctimas de los mismos, debió llevarlos a denunciar estos hechos años atrás ante la justicia ordinaria. Ellos optaron, correctamente o no, por la justicia eclesiástica con los consabidos resultados. Esta situación no es achacable al Poder Judicial ni al Ministerio Público.
3) La Iglesia
Probablemente, el hurto de ostias consagradas u otros delitos semejantes resulta atendible -incluso aconsejable- investigarlos y sancionarlos internamente. Pero cuando estamos ante posibles abusos a menores, máxime si se contaba con antecedentes suficientes, como quedó demostrado con el fallo del Vaticano, se debió poner en antecedente a la justicia ordinaria de inmediato o bien haber instado a los denunciantes a que así lo hicieran.
No sucedió ni lo uno ni lo otro. Nuestro órgano punitivo, por negligencia o intencionalmente, sólo tomó conocimiento del caso cuando nada podía hacer al respecto. No sé si esto es un atentado a la fe católica, pero me da la impresión que sí lo es a la fe pública.
La responsabilidad penal de Karadima es personal, pero fue precisamente su investidura eclesiástica la que le permitió cometer esos ilícitos. Por lo tanto, quien le concede dicha investidura y la mantiene a sabiendas de lo ocurrido, no puede ser catalogado de “inocente”. Ya sea por negligencia o dolo se amparó a un malhechor obstruyendo el actuar de la justicia y de los propios denunciantes.
4) Nosotros
Cierto, no es culpa nuestra que Karadima haya hecho lo que hizo. Tampoco lo es que no reciba un castigo ni estoy haciendo un llamado a la autotutela -la que desprecio-, pero tanto autoridades como instituciones deben respeto a sus representados y es no sólo nuestro derecho, sino también nuestro deber exigir explicaciones. No podría creer que estemos disponibles a vociferar por una represa en La Patagonia pero no pidamos aún con más energías una explicación por lo ocurrido.
Está en nuestras manos que en 20 años más no tengamos que preguntarnos nuevamente de quién es la culpa.
Creo que hay que ser claro en señalar que el único responsable directo de los abusos es el mismo Karadima. Si bien es cierto que existió una estructura que sostuvo y avaló estos abusos, no me parece justo atribuirle responsabilidad a las víctimas. Ellos no son culpables de lo ocurrido ni tampoco del tiempo transcurrido antes que esto de juzgara.
Diversos estudios especializados y las experiencias de los mismos sobrevivientes nos muestran la larga ruta que siguen las víctimas, todas las fuerzas existentes para mantener el silencio. Demoran años en decidirse a develar o a denunciar, y muchas de ellas jamás lo lográn. Por eso, es importante que se revisen los plazos de prescripción y que se amplíen al máximo o se declaren prescritos los delitos sexuales contra menores de edad.
María Soledad Latorre,
Directora Ejecutiva Fundación para la Confianza
Meter en el mismo saco, a las víctimas de los culpables, es de una liviandad y una falta de tino, del cronista, propia de la mirada de quien no lo ha vivido, ni dimensionado la enorme carga emocional y `psicológica que lleva un abuso.
Si hablamos de culpables, es la justicia y quienes hacen las leyes; los legisladores. Y aquí hay que ser enfático en decir que si no se ha hecho imprescriptibles esos delitos contra niños, es simplemente porque al legislador tiene intereses creados y no quiere castigar esos abusos; o los practica. Hace un tiempo, con el caso de Gemita Bueno y Spineak, muchos “honorables”salieron al baile y un Senador, hasta fue juzgado, y condenado, en otro caso, por lo que no es descabellado plantear esta hipótesis.
De la Iglesia Católica, que espero el día en que se derrumbe; ya no es un secreto que protege y cobija a miles de abusadores, de lo que se deduce que esta conformada por pedófilos y otro tipo de “aberraciones” que ella misma condena, pero que todos sabemos ampara y silencia; Sodoma y Gomorra, en las huestes de Dios. Toda una paradoja.
Denisse, la columna no culpa a las victimas por no haber denunciado antes, sino que por haber denunciado a la justicia eclesiastica y no a la laica.
Por lo demás es extraño que los delitos de esta naturaleza prescriban, es como si los legisladores se protegieran a si mismos o a sus conocidos. En resumen hay valores y valores, que se casen los gay es una patada para la sociedad pero que se violen niños no es para tanto
Estas seguro de meter a los denunciaintes como culpables?,.
A mi parecer la gran culpa es la tropa de “honorables” que teniendo todo el poder y atribuciones para cambiar estas que no son herrores sino HORRORES de leyes, al permitir que tanto abusador, pedofilo, etc ande suelto.
Y peor aun, viendo le resultado de esta no se ve ni una pisca de movimiento por cambiarla.
Es tn simple como una modificación al código penal que señale que los abusos a menores de edad son imprescriptibles.
EN SUMA, AL PARECER , PUDO MÁS LA JUSTICIA VATICANA QUE LA JUSTICIA CHILENA.
Esta -nota columna es una vergüenza. Culpar a las víctimas denunciantes por plazos, es como acusar a un peatón no haber cruzado antes la calle que lo arrollara un auto. Espero que se de espacio a otros comunicadores que den una visión más elevada sobre los hechos y su consecuencia legal.
Existen estudios psiquiátricos y psicológicos que demuestran q las víctimas de abusos se niegan y reniegan por años las existencia de los hechos por ende la solución va por otro lado, q no es otra q aprobar la ley que declara la imprescriptibilidad de este tipo de delitos.