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Opinión

Los erróneos criterios del proyecto de gratuidad

Los erróneos criterios del proyecto de gratuidad Los erróneos criterios del proyecto de gratuidad

Tras el anuncio de la Ministra Delpiano a miembros de la Mesa Ejecutiva de la CONFECH en torno a qué instituciones podrán acceder a la gratuidad en educación superior para el año 2016, múltiples fueron las reacciones de distintos actores en torno a lo manifestado por la ex académica de Educación 2020.

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Estudiante de Derecho de la Universidad de Talca, Vicepresidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Talca, Fundador y ex Presidente del Movimiento CREA UTalca.

Lo que más asombra de todo lo expuesto, dice relación con la justificación por parte de aquellos que se encuentran a favor de esta arbitraria medida, que deja de lado a muchas instituciones de calidad simplemente por criterios antojadizos y anacrónicos, por reunirse en ciertas instituciones, requisitos como el histórico de democracia interna y rol público que otras no cumplen.

Según estos personajes, las 25 instituciones del CRUCH representan el alma nacional de lo que debiésemos apuntar como sociedad en educación, al igual que las entidades técnicas acreditadas y sin fines de lucro.

Lo anterior también bastante paradojal, puesto que nuestra legislación no prohíbe el retiro de utilidades en instituciones de este segmento técnico. Pero, vamos por parte. Aquello que alude a una justificación histórica, se cae de toda forma, por cuanto incluso en el mismo Consejo de Rectores hay instituciones relativamente nuevas, que se merecen ciertas ayudas por su calidad y por el crecimiento que han tenido y no por ser precisamente instituciones muy antiguas.

El mayor ejemplo de lo anteriormente expuesto es la Universidad de Talca. En esa misma línea, el criterio histórico es total y absolutamente anacrónico, porque por ejemplo, dentro de las destacadas Universidades Privadas que albergan a estudiantes de sectores medios y vulnerables, nos encontramos con la Universidad Diego Portales, Alberto Hurtado o Central, instituciones que no son antiguas, que ofrecen un interesante proyecto educativo, y que han permitido desde su nacimiento a la fecha, una enorme oleada de estudiantes de diversos sectores económicos a la educación superior sectores que, previamente, no tenían chance alguna de ingresar a estudiar.

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El argumento de la democracia interna es aún más insólito, porque quienes lo esgrimen, lo hacen intentando generar una falsa primacía respecto de sus instituciones, las cuales tendrían a priori más “espacios democráticos” que por ejemplo las Universidades Privadas no asociadas al CRUCH.

Sólo Universidades como la U. de Chile cuentan a su haber con espacios denominados democráticos como el Senado Universitario, aún a sabiendas de que lo anterior es una concepción pequeña del concepto de democracia, porque aunque a algunos les duela, la triestamentalidad no es el único espacio para desarrollar los principios democráticos en una institución.

De hecho, el derecho a participar es universal y, por ende, muy anterior a esta llamada triestamentalidad, que no es más que una fórmula populista y contraria a lógicas fundacionales de las Universidades como lo son su jerarquía, su autonomía y su naturaleza en torno a que cada miembro de dicha comunidad está llamado a cumplir roles y funciones complementarias pero distintas entre sí.

Y es que los mismos que se asumen con la legitimidad para poder votar en las elecciones de sus rectores o decanos, no estarían jamás dispuestos a que dichas autoridades pudiesen decidir con sus votos, las elecciones de los Centros de Alumnos o las Federaciones Estudiantes. Y es que claro, sólo en ese caso si sería injusto y desmedido.

Los estudiantes tenemos mucho que decir y mucho en lo que incidir en cuanto a nuestra realidad universitaria se refiere, pero esto debe entenderse como espacios completamente diferentes a la lógica igualitarista y regresiva de quienes abrazan las banderas triestamentales.

En último lugar, asoma lo relacionado con el rol público y con los fines de carácter público de las distintas instituciones. Este es otro requisito que se nutre de una inusitada arbitrariedad, pues supone eliminar cualquier rasgo público a ciertas instituciones, simplemente por la naturaleza propietaria de éstas. Si son privadas, no pueden cumplir roles de carácter público en la sociedad. La anterior es la consigna que claman muchos vociferantes en el marco del debate educacional.

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Nada más ajeno a la verdad. En Chile, hay diversas instituciones privadas tradicionales, o privadas más nuevas, que están cumpliendo día a día con elementos que contribuyen al desarrollo humano de la sociedad. Instituciones que cumplen a cabalidad los tres fines de la Universidad, como lo son la docencia, la extensión y también la investigación. Instituciones que están generando nuevos conocimientos, que contribuyen y forman polos de desarrollo locales y regionales, incluso instituciones que generan oportunidades para que muchas primeras generaciones de miembros de determinadas familias, puedan ingresar al virtuoso mundo de las Universidades.

Más allá de quién sea el dueño de los ladrillos de las instituciones, sea el Estado o sean privados asociados, lo trascendente dice relación con el proyecto de las instituciones, con su proyección, con la inclusión que éstas generan, en definitiva, con un proyecto claro y responsable, que priorice la formación integral de buenos profesionales por sobre el mero objetivo económico.

Esta es una de las tantas discusiones que los defensores de una sociedad libre y responsable tendremos que dar, porque de lo contrario, los criterios arbitrarios y los sesgos al servicio de una consigna, terminarán dañando aún más los sueños y los anhelos de muchas familias chilenas.

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