Las últimas semanas hemos visto como nuestra clase política –personeros de la Alianza y de la Concertación- ha atacado con vehemencia al Consejo para la Transparencia a raíz del fallo que obliga a la cancillería a entregar información sobre los abogados que defienden la posición de Chile en la Corte Internacional de Justicia de La Haya ante la demanda peruana sobre el límite marítimo. Se ha escuchado de nuestras autoridades que el Consejo ha puesto en peligro los intereses, la seguridad e, incluso, la soberanía nacional.
Además de la debilidad de los argumentos del Ministerio de Relaciones Exteriores, este caso refleja desconocimiento del organismo de la Ley de Transparencia, por lo que, dado el nivel de indignación del establishment, resulta interesante saber exactamente qué información ordenó entregar el Consejo y las razones por las cuales se dictaminó su divulgación.
La resolución C-1553-11 ordena informar (1) los nombres de los abogados de Chile ante la Corte y (2) los honorarios pagados a éstos.
La Ley 20.285 de Transparencia y Acceso a la Información Pública contiene en su artículo 11 letra d) el denominado “Principio de Apertura”, que contempla una presunción legal que toda la información en manos de la Administración es pública. Si un servicio público deniega una solicitud de información debe alegar una causal específica de reserva o secreto, además de argumentar de qué manera divulgar la información requerida pondría en riesgo los bienes jurídicos que protege la Ley.
La Cancillería rechazó en primera instancia entregar la información a la solicitante -sin alegar causal de reserva o secreto alguna-, señalando que “la disputa marítima de Perú y Chile ante la Corte Internacional de Justicia se rige por el derecho internacional y el Estatuto de la Corte”. De este modo, se intentó argumentar que la contratación de los abogados de Chile sería un tema ajeno a las leyes chilenas.
En segunda instancia, ante el Consejo para la Transparencia, el Ministerio de Relaciones Exteriores recién invocó dos causales legales. Dijo que los nombres de los abogados y sus honorarios serían antecedentes necesarios para las defensas judiciales y, además, que esto afectaría las relaciones internacionales del país.
No obstante especificar las causales, los argumentos fueron de pobreza franciscana. El Ministerio señaló al Consejo que, según el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, los abogados gozan de inmunidad y, más importante aún, que revelar los antecedentes provocaría desigualdad en el proceso en favor del Perú, toda vez que la información solicitada sería “un aspecto central de la estrategia de defensa de Chile”. El Consejo rechazó en forma unánime estos argumentos.
La inmunidad diplomática –que protege a los representantes de un Estado contra actuaciones judiciales y policiales- no guarda relación alguna con poder conocer la identidad de los agentes ni sus honorarios. La Cancillería tampoco explicó de qué manera, si el objeto del juicio con Perú es el límite marítimo, la entrega de los nombres de los abogados y sus honorarios tiene relación directa con la estrategia de defensa de Chile.
Más aún, porque el proceso en La Haya está en su etapa final –nuestro país ya presentó la contramemoria o contestación y la dúplica-, solo falta la audiencia de alegatos antes de la sentencia, no siendo creíble que a estas alturas Chile no tenga definida su estrategia jurídica ante la Corte.
Sin embargo, el mayor absurdo en relación con el secreto de los nombres de los abogados que pretende nuestra Cancillería, es que ella misma se ha dedicado a divulgar sus identidades sistemáticamente a través de los medios de comunicación, dando cobertura en la prensa a las reuniones del Canciller con los especialistas que defienden la posición de Chile.
El blog Dos Cabezas que ha realizado una recopilación al respecto, concluye que entre su web institucional y los diarios nacionales, el Ministerio ha divulgado los nombres y las fotos de los juristas que asesoran a nuestro país más de quince oportunidades. Si el organismo estima que los datos son sensibles, resulta absurdo que los haya publicado.
La virulencia de nuestra clase política contra el Consejo para la Transparencia no guarda relación con la defensa de Chile en La Haya. La razón radica en la molestia que causó el fallo sobre la publicidad de los mails del Ministro Larroulet, que sentó un precedente respecto de las comunicaciones de las autoridades.
No deberá extrañarnos que en adelante muchos de nuestros políticos se tornen hipersensibles a las resoluciones del Consejo y no duden en criticar cualquiera de sus actuaciones. Así se estará preparando el ambiente para una “ley de perfeccionamiento” que no hará otra cosa que recortar las facultades del Consejo para la Transparencia. Como sociedad civil debemos estar alertas para proteger uno de los más grandes logros de nuestra democracia.
