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En la municipalidad de Providencia operan las pillerías

En la municipalidad de Providencia operan las pillerías En la municipalidad de Providencia operan las pillerías

Será muy difícil erradicar los engaños que cometen voluntariamente los municipios para facilitar los negocios de la industria de la construcción.

Patricio Herman

Por


Presidente Fundación Defendamos la Ciudad

Como consecuencia de los innumerables actos delictivos de ciertos encopetados empresarios y de otros que calificamos como emergentes, muchas veces coludidos con funcionarios públicos, la presidenta Bachelet tomó el toro por las astas, como era su obligación y recientemente anunció la creación de una Comisión Asesora ad honorem compuesta por una quincena de prestigiadas personas, las que en un plazo de 45 días le entregarán un diagnóstico de la enfermedad que sufrimos y los diferentes remedios para atacarla frontalmente.

Según la presidenta se busca, mediante nuevos instrumentos, abatir las lacras de los conflictos de interés, tráficos de influencia y la inveterada y siempre presente corrupción. Se nombró al economista Eduardo Engel como presidente del grupo y lo interesante es que la ciudadanía conocerá vía streaming sus audiencias, es decir, operará plenamente la transparencia. Todos tendremos la oportunidad de proponer ideas y esperamos que esta instancia en la cual no hay políticos profesionales se esfuerce para que más adelante se reduzcan considerablemente las malas prácticas.

Pues bien, el jueves 12 de marzo pasado la arquitecta María Inés Arribas y la periodista-documentalista Josefina Vial, en representación de la Asociación de Residentes Patrimonio Bellavista, publicaron una destacada inserción en el diario El Mercurio dando cuenta de una grave situación que se está produciendo en la manzana conformada por las calles Antonia López de Bello, Constitución, Fernando Márquez de la Plata y Chucre Manzur, al norte del río Mapocho, comuna de Providencia, con motivo del inicio de faenas de un edificio comercial con 6 niveles subterráneos de estacionamientos en la calle Constitución Nº 241.

Siendo este un sector donde concurren en la formación de los subsuelos materiales coluviales de arrastre del cerro San Cristóbal y depósitos aluviales heterogéneos, no debe descartarse, en estas condiciones, la posible presencia de niveles de agua freática, no tan profunda, que inevitablemente deberán ser desviadas por la empresa constructora a sectores más bajos, afectando con ello las edificaciones patrimoniales existentes en el área.

La denuncia dice que con la irrupción de esta invasiva construcción que está ejecutando la sociedad Delta se perjudica el entorno patrimonial del barrio, en donde existen infinidad de inmuebles protegidos por la Ley Nº 17.288 del Consejo de Monumentos Nacionales, entre otras, la casa Pablo Neruda, casa Camilo Mori, casa Marta Colvin, casa Amanda Labarca y otras tantas edificadas en el siglo XIX. El titular del proyecto es la empresa Cimenta, Administradora de Fondos de Inversión S.A. que es fiscalizada por la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) y el permiso que cuenta con el Nº 44/14 le fue otorgado el 20 de octubre de 2014 a su filial Inmobiliaria Parque Tres S.A. por la Dirección de Obras de Providencia.

Las 2 mencionadas profesionales nos entregaron oportunamente ciertos documentos oficiales con el propósito de que analizáramos el desarrollo de los hechos, pues ellas estaban convencidas de que en la tramitación del proceso administrativo que culminó con la autorización del permiso aludido se habían cometido irregularidades. No está demás decir que la calle Constitución, en donde se proyecta el acceso al estacionamiento, tiene una angosta calzada de 7 m. de ancho.

Y ellas tenían toda la razón, ya que la Dirección de Obras Municipales para no exigir el Estudio de Impacto sobre el Sistema de Transporte Urbano (EISTU), requerido obligatoriamente por mandato de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC) para los proyectos de equipamientos comerciales que contemplen 150 o más estacionamientos, aceptó que el titular dijera que su proyecto consideraba solo 149 unidades (sic) de estos espacios. Con este recurrente ardid, criticado en los medios de prensa por todas las autoridades públicas pero en los hechos siempre aceptado, se cursó el permiso. De acuerdo a información que tenemos, los estacionamientos serán 300 y serán explotados comercialmente bajo la modalidad de “parking”, luego, pagándose un precio fijado conforme al tiempo utilizado.

En los próximos meses Cimenta presentará en la municipalidad una modificación del proyecto, aumentado la cantidad de estacionamientos a 300 unidades, para lo cual requerirá el EISTU, pero como la construcción no se paralizará, la aprobación forzada del mismo será cuestión de tiempo, aunque las medidas de mitigación sean solamente decorativas.

Fue muy burda la operación disfraz empleada por los 3 arquitectos funcionarios que estamparon sus firmas en ese acto administrativo terminal, pues en la resolución anterior de anteproyecto ellos reconocieron que los estacionamientos para este negocio eran 265, con lo cual se evidencia a todas luces que operó la sagrada alianza pública-privada para desburocratizar la inversión de aquellos que cuentan con santos en la corte. En el directorio de la influyente Cimenta se encuentran varios conocidos ingenieros comerciales, los mismos que exigen prontitud por parte del Estado cuando se trata de materias de sus intereses, y un eximio lobbysta de la Nueva Mayoría, quien sabe muy bien cómo moverse en este tipo oficinas.

Detectamos también otras travesuras, las que omitiremos para no aburrir a los lectores y en razón a que el permiso municipal está absolutamente viciado, pusimos en conocimiento del Seremi de Vivienda y Urbanismo, jefe técnico de los Directores de Obras Municipales, entregándole documentación de respaldo para que ejerciera su potestad legal, es decir, que instruya a sus subordinados locales en orden a que dejen sin efecto el permiso de edificación de marras.

Debemos tener en cuenta que, por otros casos similares, la Contraloría General de la República ya ha sancionado a los funcionarios municipales de esta Dirección de Obras porque han procedido con obsecuencia desmedida ante solicitudes de este tipo de permisos por parte de ciertas connotadas inmobiliarias, asuntos que están en conocimiento de la alcaldesa Josefa Errázuriz.

Este deplorable episodio es demostrativo de que será muy difícil erradicar los engaños que cometen voluntariamente los municipios para facilitar los negocios de la industria de la construcción y por ello esperamos que la Comisión Asesora Presidencial tenga la sabiduría y perspicacia necesarias para abordar este tipo de burlas a la fe pública.

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