Muchos hemos seguido con atención estas últimas semanas el debate en relación al Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, que se ha centrado principalmente en las críticas expuestas por Magdalena Krebs, directora de la DIBAM (Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos).
El argumento presentado por Krebs apuntaba al rol pedagógico del Museo, el cual, a su juicio, debiese incluir estrategias de mediación que incluyan un “contexto histórico” que explique los motivos del golpe de estado del año 73.
No sorprende que este tema genere un debate relativo a discrepancias políticas ni tampoco que existan personas que aún crean que las violaciones a los derechos humanos podrían ser “contextualizables” en algún sentido. Lo que sí llama la atención es que sea precisamente la “politización” de un espacio cultural lo que levante tantas expectativas en diferentes sectores de la población y que sea la museografía precisamente el foco del candente debate.
¿Cuál es el verdadero debate entonces? ¿Es en torno a la misión de este espacio? ¿A sus programas? A pesar de que estos temas han aparecido en las diferentes posiciones, temo que lamentablemente no es así. Si bien es cierto un debate de estas características sería signo de la vitalidad y la vigencia de los espacios culturales en el escenario nacional y de la importancia que éstos debiesen cumplir en la formación de la comunidad, presiento que nos sometemos a otro tipo de cuestionamiento: al financiamiento público como validación de un Museo de la Memoria. Lo que realmente se lee entre líneas es una crítica abierta a los mecanismos de financiamiento, a por qué subsidiar un museo sobre el que no se ha llegado a un consenso país y, por lo mismo, entregar recursos que llegan hasta los 1.400 millones de pesos para una corporación cultural como ésta.
Debates de este tipo se llevan a cabo a menudo en diferentes países del mundo, sin embargo, en otros modelos de gestión (tales como el norteamericano), museos dedicados a la memoria y los derechos humanos, o al mismo Holocausto, cuentan básicamente con financiamiento privado o colaboraciones de individuos. Nuestra forma de financiamiento está, nos guste o no, supeditada a fondos estatales para el desarrollo de actividades culturales y, bajo este paradigma, se abren una serie de preguntas sobre participación ciudadana frente a decisiones presupuestarias en materia de asignaciones.
En lo personal, creo que un espacio que promueve la consciencia pública frente a los derechos humanos aporta a propósitos que van más allá de los debates políticos y forman a la población frente a conceptos éticos y morales. Que el Estado financie este tipo de iniciativas promueve un imperativo sobre la memoria, sobre hechos que no debiesen ocurrir nunca más en nuestro país. Pero además de esto, el apoyo público a esta institución es valiosa ya que apunta a la promoción de la diversidad de expresiones y manifestaciones artísticas, y a la mantención de archivos de carácter histórico.
Por sobre todo, este debate nos recuerda que el cuestionado financiamiento de este museo abre una delgada brecha entre política cultural e intervencionismo político. Recordemos que este último puede ocurrir cuando un gobierno financia sólo cierto tipo de actividades artísticas – no es el caso chileno desde el retorno a la democracia – pero también cuando decide no hacerlo. Por el momento, parece que algunos tendrán que asumir que sus impuestos subsidien este tipo de iniciativas, así como yo aguanto que los míos subsidien – entre otras cosas- la milicia.
