Se acerca un nuevo año –el segundo ya- en que los chilenos rememoraremos uno de los desastres naturales más devastadores y dolorosos que haya afectado al Chile contemporáneo. El 27 de febrero de 2010 será una fecha que en todo el país será símbolo de miedo, desconcierto y tristeza.
Con éste segundo aniversario, se ha sabido de los primeros resultados de la investigación que llevan los perseguidores públicos encargados de establecer los hechos, responsabilidades y omisiones de esa madrugada y días posteriores. En la actuación de las autoridades y mandos de la época pueden estar las explicaciones sobre el fin de las vidas de muchos chilenos, así como la efectividad o demora en la ayuda. Eso es lo que los fiscales del Ministerio Público quieren establecer con su investigación.
La fiscal titular de la investigación ha dado a conocer las primeras solicitudes de formalización, las primeras, porque todo indica –o al menos la lógica así lo señala- que habrá más. A partir de las actuaciones u omisiones de esas autoridades, es que cabe hacerse algunas preguntas y sacar conclusiones, no sólo por lo que pasó sino porque va a pasar de nuevo.
Desde el ámbito de la defensa y la seguridad, lo que pudimos ver y conocer de esa madrugada a nivel de toma de decisiones y mando y control es lo más parecido a un ataque fulminante, masivo y demoledor a todos los sistemas de comunicaciones, suministros, movilidad, energía y lo peor, sectores civiles, de gran parte de nuestro país. En un conflicto bélico, es como si en 3 minutos hubiésemos sido bombardeados por aire, mar y tierra en todos nuestros puntos vitales con una potencia de fuego que casi no existe en escala convencional.
El primer factor vital afectado para la toma de decisiones fueron las comunicaciones: redes telefónicas caídas o colapsadas, sistemas sin energía, infraestructura derrumbada, operadores y técnicos afectados; todo un cuadro que impidió el flujo de información adecuada para los niveles que debían decidir que cursos de acción tomar.
Pero a la falta de comunicaciones se sumó un factor aún más dañino y paralizante: la falta de capacidad de para analizar y procesar adecuadamente esa información para quienes debían tomar la decisión, y ahí hay un factor de verdad preocupante si se quieren aprender las lecciones de esa madrugada.
Si seguimos –aunque no sea del todo homologable- con el símil de las primeras horas de un conflicto, lo que veíamos en la ONEMI era la estructuración de un nivel que se ha dado en llamar, nivel de decisión Político – Estratégico. Este es el nivel en que la autoridad política toma las decisiones estratégicas (de alto nivel, de carácter general) a partir de la información y asesoría que le presta el más alto nivel de mando de las fuerzas armadas., que a su vez, recibirán esas decisiones y las transformarán en acciones operativas estratégicas y así irán bajando hasta su nivel casi local.
Si bien lo que sufrimos fue un desastre natural devastador, podemos usar la desgracia para ver cómo operó ese nivel político estratégico y dónde estuvieron las fallas. Las FF.AA. son las instituciones que históricamente, por capacidad y medios, son las primeras y mejor preparadas para actuar y reaccionar ante un evento así.
En el caso particular del terremoto del 27 de febrero hay un factor adicional que no puede obviarse: por ley, una institución perteneciente a una de las ramas de las fuerzas armadas, el SHOA, es la mandatada para dar la información única y decisiva en caso de desastre en las costas chilenas y la determinación de la ocurrencia de un maremoto. Es a partir de su información, y sólo la suya, la que permite y faculta para tomar acciones de gran escala, como puede ser una evacuación o alarma a la población civil.
Esa madrugada, las autoridades políticas tomaron las decisiones –o dejaron de tomarlas- a partir de la asesoría e información de quienes podían proveerla. En un entorno de caos y carencia de comunicación, el nivel político – estratégico debe contar con la mejor información posible y esta debe ser provista por los niveles inferiores de manera certera, veraz y oportuna. Si eso no ocurrió o no se consideró o simplemente se obvió, estamos en un serio problema de mando y control.
Se anuncian seis formalizaciones, pero la pregunta acá es: ¿qué responsabilidad tenían esos seis funcionarios en la cadena de mando e información de esa madrugada? Aquí se están obviando otras responsabilidades en la provisión de la información adecuada, en el mando del personal, en el control de la situación o simplemente, en el hacerse cargo de los efectos de la inoperancia o derrumbe de los sistemas de los cuales se está a cargo.
Pero hay otro factor que trasciende al meramente judicial, pero también tiene que ver con las responsabilidades: en instituciones jerarquizadas, verticales, obedientes y cuyo rol es proveer información, asesoría, experiencia técnica y medios, ¿por qué no se hizo? Y si se hizo ¿por qué se hizo mal?
Son seis los que podrían ser formalizados, pero muchos más los que tienen responsabilidad por aquello que dejaron de decir, no quisieron decir o simplemente dijeron mal. Y todos sabemos que la responsabilidad primera, antes que penal, es moral.
