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Opinión

Observatorio Nacional de los Derechos de la Niñez

Observatorio Nacional de los Derechos de la Niñez Observatorio Nacional de los Derechos de la Niñez
Marcelo Sánchez

Por


Gerente General de Fundación San Carlos de Maipo

El 24,9% de la población chilena pertenece al grupo de niños, niñas y adolescentes. De ellos, el 23,3% vive en la pobreza multidimensional, mientras que un 18,2% se encuentra en una situación de pobreza por ingresos, 9 puntos porcentuales más que la población adulta, que alcanza un 9,5%.

En el año 2015, la tasa de mortalidad infantil para menores de 1 año fue de 6,9. Es decir, 6.9 niños y niñas murieron por cada 1.000 nacidos vivos, disminuyendo en comparación con el año 2014 (7.2) Ese mismo año, un 23,7% de los niños se sintió discriminado.

En nuestro país, el 2,5% de los niños, niñas y adolescentes está en programas del área de protección del SENAME, correspondiente a 109.280 personas, y más del 85% de ellos está en programas ambulatorios. Según SENDA (2015), el 79% de la población escolar menor a 18 años ha consumido alcohol alguna vez en su vida, 41,6% Marihuana, el 40% Tabaco, 4,2% Cocaína, y 2% Pasta Base. Todos estos datos, y otros disponibles, nos permiten comprender la realidad de nuestros niños.

Cuando hablamos de infancia es muy importante contar con estadísticas e indicadores que permitan, a lo menos, establecer una base de discusión adecuada para focalizar los esfuerzos de las políticas públicas. La Fundación San Carlos de Maipo impulsó por más de una década un observatorio que visibilizó la realidad de los niños en Calle y en Explotación Sexual. Poder contar con métricas es clave para incidir en el cambio de estas situaciones, pero es fundamental que exista un diálogo con la información que genera el sector público.

La ausencia de datos comparables o la falta de homogeneización de los mismos ha sido un obstáculo para poder llegar con calidad y oportunidad, en especial desde la óptica de la prevención. En un desafío mayor, a nivel local se requiere contar con un instrumental que pueda referenciarse territorialmente y no sólo desde la lógica de satisfacer necesidades, sino desde la perspectiva de derechos de los niños consagrados en la convención ratificada hace más de un cuarto de siglo.

Por lo anterior, es una buena noticia que hoy contemos a lo menos con una base de datos públicos sistematizados en el Observatorio Nacional de los Derechos de la Niñez del Consejo de la Infancia, información comparable tanto a nivel nacional como internacional y en relación a 19 derechos en que se ha operacionalizado la Convención.

En el SIENA se dispone de bases de datos generados principalmente por organismos estatales, como el Ministerio de Desarrollo Social (Encuesta Casen, EANNA), Ministerio de Salud (reportes de fecundidad adolescente, suicidios, mortalidad), Subsecretaría de Prevención del Delito (reportes de abusos sexuales, VIF), Instituto Nacional de la Juventud (Encuesta Nacional de Juventud), SENDA (Estudio Nacional de Drogas en Población Escolar), entre otros.

Ciertamente muchas organizaciones sociales hemos tenido legítimas diferencias con la acción del Consejo de la Infancia en diversas materias, en especial en la estrategia legislativa y los proyectos de Ley enviados. Sin embargo, debe destacarse esta herramienta técnica que nos permite en base a un trabajo de estadísticas e información cualitativa y cuantitativa, dialogar sobre una misma base con quienes elaboran políticas y programas que afectan al desarrollo positivo de nuestros niños.

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