Debajo del sistema público y privado de salud se esconde un monstruo llamado “Complejo médico industrial”, este complejo no es público ni privado, sino un híbrido donde se juntan grupos de interés a regular a usuarios y potenciales competidores.
El Estado permite a las grandes corporaciones reclamar derechos de “propiedad industrial” sobre algunos medicamentos. Pero la propiedad industrial no es propiedad. La propiedad industrial se pierde al venderse la primera unidad del producto. La única manera de preservar esa propiedad imaginaria es usando la fuerza, o amenazar con usarla.
Bajo la ley 19.039 de 1991, el privado paga “un arancel” al Ministerio de Economía, para que los agentes del Estado se aseguren que ningún competidor ofrezca el producto patentado por el privado, entonces el privado puede inflar el precio de su producto con la complicidad del Estado.
Tomando en cuenta lo anterior, es una contradicción que funcionarios públicos llamen a los medios para denunciar la diferencia de precios entre medicamentos originales y genéricos. Antes de hacer esta denuncia o de promover la bioequivalencia entre medicamentos, los políticos deberían derogar la ley 19.039, pero siguen protegiendo al monopolio que ellos crearon.
La bioequivalencia entre medicamentos parece estar enfocada hacia los pacientes, pero el Instituto de Salud Pública sigue favoreciendo a los medicamentos “de marca” al negarse a certificar la bioequivalencia de medicamentos genéricos de igual composición pero de distinta potencia. La potencia del medicamento se relaciona con la presentación del producto.
Por ejemplo, una tableta de analgésico puede tener presentación para adultos o para niños, la dosis del medicamento varía según el paciente, pero el efecto es el mismo. ¿Qué tiene de malo si un paciente decide comprar un genérico que no haya sido certificado por los expertos del ISP? Antes de 1991, no existía el problema de genéricos versus “de marca” y nadie se murió por ello.
Otra práctica del Complejo médico industrial, es el lobby que hacen los médicos para que los medicamentos sean vendidos bajo receta médica. El vicio de las recetas comenzó con los antibióticos, luego siguieron los ansiolíticos, somníferos y antidepresivos. La lista se ha extendido a los antihistamínicos, gotas para los ojos y hasta los medicamentos para las aftas bucales. La excusa del lobby médico es que las recetas previenen “el riesgo de la automedicación”.
Antes de que el complejo médico industrial impusiera las recetas, la “automedicación” no era un problema sanitario, por algo las farmacias cuentan con químicos farmacéuticos. Un químico farmacéutico sabe más farmacología que un médico.
Los médicos no quisieron quedarse fuera del negocio y alertaron sobre la crisis imaginaria de la automedicación. Como los médicos tienen ministerio y bancada propia, las leyes que proponen se aprueban sin mayores reparos. El truco es, que aunque a cada medicamento se le debe agregar el costo de la consulta al médico, el paciente cancela un copago muy inferior al costo total de ella, la diferencia la paga otro usuario a través de una Isapre o Fonasa.
Los políticos y los medios suelen denunciar las prácticas de las Isapres, pero las Isapres son producto de una ley, no del libre mercado. Es por una ley que los empleadores y las AFP descuentan un porcentaje de los sueldos o jubilaciones a trabajadores y pensionados, el libre mercado no tiene nada que ver, pero los grupos de interés no quieren que usted lo sepa.
