La negación de la historia es un ejercicio complejo y peligroso. Cuando las sociedades han encontrado puntos de consenso sobre lo que ocurrió y lo que no, cuando la evidencia apunta hacia una dirección, entonces se presenta la duda de qué es lo que debemos hacer con quienes insisten en sostener lo contrario.
Con ocasión de la exhibición de un documental – que por lo que se ha sabido tiende a negar las documentadas violaciones a los DDHH cometidos en la dictadura, y plantea una apología al régimen de Pinochet – muchos han exigido que se generen prohibiciones a este tipo de actos. El argumento es razonable y justo.
Cuesta imaginar algo más doloroso y repugnante que ver cómo un grupo de personas, algunos de ellos condenados por la justicia, no sólo niegan los actos que causaron sufrimiento y dolor a gran parte de la población chilena, sino que tienen el descaro de sentiré orgullosos por el rol de la dictadura y justifican sus abusos (cuando no los niegan).
El homenaje a Augusto Pinochet es en esencia un acto violento. No se realiza en privado y en un espacio íntimo, sino que busca ocupar un lugar conocido – el Caupolicán – que tiene una gran carga simbólica. Además, el mentado documental tiene el objetivo explícito de “contar la historia verdadera”. Es decir, la versión de quienes han negado, majaderamente, la historia. En definitiva, lo que buscan sus organizadores es lo que han logrado: traer el tema a la discusión pública, obligar a muchos a sincerar sus posiciones y alimentar divisiones que, de tanto en tanto, nos recuerdan nuestro pasado doloroso y fracturado.
No obstante, la pregunta que se ha hecho es acerca de la legitimidad que puede tener una prohibición de este tipo de actos. Quienes defienden esta medida argumentan, más o menos, lo que ya he expuesto. El dolor al que se someten las víctimas de la dictadura y sus familias al tener que ver que esta apología queda impune, justificaría limitar el derecho a la libre expresión de quienes la organizan. Y es que la libertad de expresión sí permite limitaciones. Tal como nos recuerda la declaración universal de derechos humanos, y como ha ocurrido en otros lugares del mundo, este derecho puede limitarse cuando está en peligro el orden público y la seguridad, entre otros.
Para apoyar la tesis se presentan casos como la prohibición de cualquier referencia al nazismo o negación del Holocausto en Alemania, la prohibición de cualquier referencia a diferencias tribales en Ruanda, o el caso de España y la ETA. En todos estos ejemplos, una decisión tomada luego de hechos trágicos ha limitado la libertad de expresión. Pero ninguna de estas medidas está lejos de discusión.
Hace poco, el estado de Bavaria decidió reeditar “Mi Lucha”, el libro escrito por Hitler en que detalla sus visiones políticas. El libro será publicado con comentarios sobre las tesis de Hitler, e incluso se planea enseñarlo en los colegios. Esto, como una manera de mostrar los absurdos del nazismo y hacer consciente a la población de sus riesgos.
En el caso de España, candidaturas de izquierda vasca han sido anuladas por no ser suficientemente tajantes en su rechazo a la ETA, mientras en Ruanda, los partidos políticos han tenido que llegar al ridículo para no mencionar las obvias diferencias étnicas y tribales que atraviesan a ese país. En definitiva, estamos hablando de que incluso en aquellos lugares donde la decisión parece firme, hay espacio para la duda.
Y es que las limitaciones a derechos fundamentales, cuando está permitido que existan, sólo pueden nacer desde el consenso. Y el consenso sólo puede existir cuando hay espacio para el disenso. Sino, estamos hablando de imposiciones hegemónicas de unos sobre otros, de una verdad sobre la otra. Eso es exactamente lo que la dictadura hizo en Chile: imponer su visión sobre el resto, limitar (y violar) los derechos fundamentales de una parte de la población y construir un discurso hegemónico que hasta el día de hoy nos persigue.
Considerar que la libertad de expresión debe primar sobre nuestras opiniones personales parece bastante simple y apropiado cuando lo miramos en abstracto. Y es que desde la famosa frase de Voltaire (“no estoy acuerdo con su opinión pero darí a mi vida por su derecho a expresarla”), hasta la más dura frase de Chomsky (“si estás a favor de la libertad de expresión, eso significa que estás a favor de la libertad de expresión precisamente para los puntos de vista que desprecias, de otra forma, no estarías a favor de la libertad de expresión.”), ha habido un consenso amplio entre distintos sectores en que la posibilidad de expresar nuestras visiones a través de distintos medios – y un documental es uno de ellos, por cierto – es algo esencial para construir sociedades democráticas.
El gran problema es cuando lo enfrentamos a la dura realidad, ahí es donde esas frases duelen. Porque es entendible que produzca rabia que los derechos que algunos se dedicaron a violar, hoy les permitan a esas mismas personas manifestar sus posiciones negacionistas, violentas y repugnantes. Pero eso es exactamente lo que nos diferencia de ellos: que no estamos dispuestos a limitar sus derechos por pensar distinto.
La discusión está lejos de terminar, sobre todo porque hemos ido tomando acuerdos como sociedad acerca de lo que podemos tolerar y lo que no. Un ejemplo es la Ley Antidiscriminación, donde nos pusimos de acuerdo en aquellas acciones que no estamos dispuestos a aceptar, incluso si caben dentro de otros derechos como la libertad de expresión. Pero fijar la línea en casos como los de este homenaje parece incluso más complejo.
Cuando un grupo de personas, el alcalde Labbé entre ellos, decidió hacerle un homenaje a Krasnoff, el argumento era más simple: el homenajeado cuenta con numerosas condenas judiciales por violaciones a los DDHH. Pero en el caso de Pinochet, nunca fue condenado por ninguna de las violaciones que se le imputaron. Si tomáramos ese criterio, podríamos llegar al absurdo de prohibir el homenaje al funcionario de la dictadura y no al dictador.
Si empezamos a hilar más fino acerca de cuando es conveniente censurar y cuando no, entonces vamos corriendo de a poco la barrera de lo aceptable, hasta que sin darnos cuenta, nosotros mismos podemos encontrarnos afuera. El derecho de los defensores a Pinochet a exponer su torcida versión de la historia debe combatirse con el derecho de quienes tienen de su lado la evidencia, los informes de las comisiones Rettig y Valech, los fallos judiciales y la experiencia dolorosa de la dictadura, a expresar su repudio de las maneras más efectivas y abiertas. Eso es lo que nos permite sincerar nuestras desacuerdos y construir desde nuestras heridas.
