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Opinión

Presupuestos participativos: Una oportunidad para la democracia local

Presupuestos participativos: Una oportunidad para la democracia local Presupuestos participativos: Una oportunidad para la democracia local

Creemos fundamental que el Gobierno impulse un proyecto de ley que garantice la implementación de presupuestos participativos en la totalidad de los municipios del país, aumentando las áreas y montos de recursos en los que pueden decidir los habitantes de las comunas, atendiendo las realidades y particularidades propias de cada una de éstas.

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Licenciado en Ciencias Jurídicas de la U. Pedro de Valdivia, Ex Presidente Centro de Estudiantes Facultad de Derecho Universidad Academia de Humanismo Cristiano, profesionalmente se ha desempeñado como asesor legal de diversas instituciones, entre ellas, Fundación Patagonia, Progresa. Actualmente Preside Fundación Participa, Organización sin fines de lucro, que tiene por objeto la defensa y promoción de los derechos ciudadanos.

La experiencia internacional ha demostrado con buenos resultados la importancia de los presupuestos participativos, los cuales representan un ejemplo potente de buenas prácticas en la gestión local, y que en nuestro país ha significado una de las mayores innovaciones participativas en municipios.

De hecho, el gran aporte de los presupuestos participativos lo constituye la idea de una ciudadanía activa, instalando la gestión pública como algo que tiene que ver con nuestras vidas, y que cada uno de nosotros, los ciudadanos, podemos participar y decidir sobre los asuntos públicos, superando de ese modo la lógica de participación representativa. Porque si bien, los presupuesto participativos están referidos a definición de inversión de dinero públicos, también abren nuevos espacios de discusión, participación y decisión, constituyendo una potente herramienta para la profundización de la democracia a nivel local.

En nuestro país varios municipios han implementado la experiencia de los presupuestos participativos, los que según su contexto y particularidades, representan experiencias que han trascendido los límites comunales y se proyectan como prácticas innovadoras y replicables en el ámbito de la gestión pública local, pese a que el monto de los recursos sobre los que deciden actualmente los ciudadanos no superaría en promedio el 4% del presupuesto municipal global. De todos modos, en la implementación de este tipo de políticas ha sido determinante la voluntad política de cada alcalde para dar impulso a este sistema de participación, pero asimismo el sostenimiento en el tiempo dependerá del edil de turno. Lo anterior deja en evidencia la fragilidad de este mecanismo, que ha logrado abrir un espacio para la democracia participativa a nivel local, y que sin duda debe fortalecerse y replicarse en todos los municipios del país.

Por ello, desde Fundación Participa creemos fundamental que el Gobierno impulse un proyecto de ley que garantice la implementación de presupuestos participativos en la totalidad de los municipios del país, aumentando las áreas y montos de recursos en los que pueden decidir los habitantes de las comunas, atendiendo las realidades y particularidades propias de cada una de éstas, pues ello contribuirá a mejorar la calidad de la democracia e instalará a los ciudadanos como el eje de la gestión municipal, estableciendo el principio de co-responsabilidad al reconocerles a los ciudadanos la capacidad de elaborar diagnósticos, definir las prioridades de inversión, proponer iniciativas, proyectos y programas, y de fiscalizar la gestión pública.

En tiempos en que la actividad política padece de un fuerte desprestigio, los gobiernos locales representan un conjunto de oportunidades y desafíos, en especial considerando que son estos los que tienen el contacto más directo y permanente con los ciudadanos, sus demandas, sueños y aspiraciones, por lo que los presupuestos participativos sin duda pueden significar un enorme aporte a la democracia local, a la participación ciudadana y particularmente constituyen una oportunidad para la recuperación de las confianzas entre los ciudadanos y sus autoridades.

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