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Opinión

Reajuste en el sector público: Un momento para innovar

Reajuste en el sector público: Un momento para innovar Reajuste en el sector público: Un momento para innovar

En tiempos de estrechez fiscal, no hay espacio para seguir haciendo lo mismo que en tiempos de mayor holgura. Será preocupante para todos los contribuyentes chilenos financiar un mayor reajuste del sector público vía un mayor endeudamiento. Más bien, ha llegado el momento para innovar y repensar el futuro del empleo público, con el objetivo de incentivar y retener continuamente a los mejores empleados, pese a la estrechez fiscal.

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Directora Ejecutiva del Observatorio del Gasto Fiscal

Los esquemas de compensación para los empleados públicos juegan un rol relevante a la hora de atraer, motivar y mantener a personas cualificadas en el sector público. No obstante, en tiempos de estrechez fiscal, cuando el reto es “hacer más con menos”, ¿cómo gestionar el congelamiento de sueldos y los reajustes moderados? Sin fondos fiscales para financiar compensaciones directas y “fáciles”, como bonos y reajustes permanentes, quizás ha llegado el momento oportuno para buscar otras formas relevantes de compensación para los empleados públicos.

Aparte del monto de las remuneraciones y bonos, existen otros factores que juegan un rol importante como compensación del servicio público: por ejemplo la formalidad del empleo público, el reconocimiento de la educación, experiencia y esfuerzos de cada empleado, la equidad dentro de empleos con la misma función y la posibilidad de realizar una carrera funcionaria, teniendo claridad acerca de las habilidades que deberán adquirirse para postular a puestos más altos o para mantenerse actualizado en un ambiente cambiante. Requisitos para todas estas “compensaciones” que influyen de forma relevante en la motivación de las personas, son descripciones claras y precisas del cargo de cada persona empleada, como aspecto central para definir y fijar los niveles adecuados de remuneración y permitir desarrollar una carrera real dentro del sector público, basado en meritocracia y no en “amiguismo” político.

En un sistema con estas características, el empleo público se basa en knowledge y en pagos acorde al desempeño de cada persona. Sin duda, constituye un desafío para los directivos del sector público que deberían realizar las respectivas evaluaciones de desempeño de forma individualizada. Se trata, no obstante, de un esfuerzo necesario, considerando que el reconocimiento del desempeño de cada persona influye de forma relevante en su motivación, contrariamente al cumplimiento de las metas colectivas de los Programas de Mejoramiento de Gestión (PMG).

Está claro que una reforma del empleo público no será fácil de gestionar, ni se implementará “acorde a una ley” de un año para otro. Pero en medio del debate doloroso acerca del reajuste en el sector público, no está de más recordar que cada crisis es en realidad un estado productivo al que conviene quitarle el gusto a catástrofe, como dijo una vez Max Frisch. En tiempos de estrechez fiscal, no hay espacio para seguir haciendo lo mismo que en tiempos de mayor holgura. Será preocupante para todos los contribuyentes chilenos financiar un mayor reajuste del sector público vía un mayor endeudamiento. Más bien, ha llegado el momento para innovar y repensar el futuro del empleo público, con el objetivo de incentivar y retener continuamente a los mejores empleados, pese a la estrechez fiscal.

Este “repensar” deberá incluir también una mayor rendición de cuentas sobre el empleo público frente a los ciudadanos. La elaboración y publicación de descripciones de cargos por ejemplo -junto con las respectivas competencias de las personas-, será un aspecto central para dificultar el “empleo político” financiado con fondos públicos. En esta misma línea, también será relevante publicar un registro nacional del empleo público, en formato de datos abiertos. Este registro no solamente debería consolidar información, sino también asegurar la verosimilitud de los datos publicados. Lo anterior, podría ser responsabilidad de la Contraloría General de la República, que acorde a la Ley 10.336 ya debería llevar un registro de los empleados públicos. No obstante, dicho registro no se ha publicado todavía, por considerar deficiente la calidad de las cifras existentes.

Viendo entonces la actual crisis, quizás estamos en un momento preciso para innovar y fortalecer realmente el empleo público.

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