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Reforma a la justicia militar: un proceso lento e inseguro

En diciembre de 2010, y producto de la presión ejercida por 32 comuneros mapuche que mantuvieron una extensa huelga de hambre, el gobierno de Sebastián Piñera decidió modificar la justicia militar con la publicación de la ley 20.477,  que excluyó a los civiles imputados de la justicia militar. Sin embargo, esta ley mantuvo bajo la jurisdicción castrense a militares que cometen delitos comunes y a los civiles que pueden verse afectados por dichos delitos.

El Informe Anual de Derechos Humanos 2012, elaborado por la Universidad Diego Portales y a presentarse en noviembre, analiza esta situación a la luz de los compromisos asumidos internacionalmente por Chile. Este informe da cuenta de cómo, a casi 7  años de la condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) al Estado chileno, por el caso Palamara Iribarne -la cual ordena reformar el sistema de Justicia Militar dentro de un plazo “razonable”- aún no se logra apreciar un esfuerzo sistemático que busque dar cumplimiento a la sentencia. Todo ello, en contraste con el gran debate político y académico llevado actualmente a cabo en torno a la reforma del sistema procesal civil, la cual ha sido instalada en la opinión pública y en la academia como la “última gran reforma” que viene a terminar un ciclo de políticas públicas de gran envergadura en el sector justicia.

El gobierno justifica el esfuerzo invertido en esta reforma aduciendo que este “proyecto país” busca mejorar el acceso a la justicia, dotar de transparencia a un sistema judicial incomprensible para gran parte de la población y satisfacer, entre otras, exigencias mínimas del debido proceso. Esta situación es del todo paradójica considerando que el actual sistema de justicia militar adolece de graves problemas de acceso, falta de transparencia y debido proceso, cuyas consecuencias son más intensas que los problemas en el ámbito civil. Adicionalmente, nuestro país ha sido emplazado por la Corte IDH ya que el sistema de justicia castrense no respeta las condiciones básicas para un juzgamiento democrático.

El informe, además, llama la atención cómo la reforma llevada a cabo por la ley 20.477 no permite cumplir cabalmente con lo ordenado por la Corte IDH, ya que no se hace cargo de los aspectos estructurales de la judicatura militar. Esta reforma sólo se hace cargo de una demanda contingente que obtiene resultados gracias a la presión mediática ejercida, pero que finalmente no termina de adecuarse a los estándares del debido proceso establecidos en distintos tratados internacionales, como la Convención Americana de Derechos Humanos.

En la actualidad el gobierno trabaja un proyecto de reforma que -curiosamente y marcando un contraste con el resto de las reformas judiciales llevadas a cabo por el Ministerio de Justicia- está a cargo del Ministerio de Defensa. Es curioso que el organismo técnico mejor preparado del aparato estatal para llevar a cabo una reforma judicial de este tipo no sea el encargado de liderarla. Resulta contra intuitivo incluso para un ciudadano común que esta situación sea así.

De acuerdo a los antecedentes otorgados por una asesora del Ministerio de Defensa, la propuesta del Gobierno apunta a excluir a víctimas de la judicatura militar, asegurar que los jueces militares sean primero jueces antes que militares, y pone énfasis en reformas procesales y orgánicas, lo que contribuye a que el estatus de fuero de la justicia militar se reemplace por el de una judicatura especializada.

Sin embargo, aún cuando se presentan avances en las decisiones del gobierno apuntando a cumplir la orden de la Corte IDH, la propuesta no es del todo satisfactoria. El proyecto contempla la mantención de Carabineros en la jurisdicción militar, cuestión que no parece ser coherente con lo dispuesto por la Corte IDH en el fallo Palamara. Por otro lado, el proyecto no toca los delitos militares y que acciones u omisiones deban entenderse como tal, cuestión que en el actual Código de Justicia Militar opera con una definición problemática.

Ambos temas son tratados más profundamente en el Informe a propósito de dos casos emblemáticos en materia de Justicia Militar ocurridos durante el periodo 2011-2012. Uno es la muerte del estudiante Manuel Gutiérrez, quien recibió un impacto de bala durante un operativo policial llevado a cabo para contener actividades convocadas por la CUT. El segundo caso es el ocurrido durante una “toma del río Mapocho”, por parte de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios,  en la cual la menor J.S. de 14 años, es detenida por diversos miembros de fuerzas especiales, procedimiento en el cual personal de carabineros realiza actos de violencia sexual contra la menor, quien recibió golpes tanto en sus extremidades inferiores, como en su zona vaginal.

Si bien el trabajo del Gobierno muestra algunas virtudes y buenas intenciones, también deja ver que su avance es lento e inseguro, carente de una planificación sistemática.

Ya no solo es la academia la que clama por una reforma a este sistema de justicia. El día viernes 31 de agosto, el pleno de ministros de la Corte Suprema emitió un informe, solicitado por el Senado, sobre el proyecto de ley que modifica el Código de Justicia Militar, presentado por los senadores Soledad Alvear, Patricio Walker y Pedro Muñoz. Este proyecto busca limitar la competencia de los tribunales militares impidiéndoles investigar y juzgar causas donde personal de las Fuerzas Armadas y de Orden sean los victimarios, y que las víctimas sean civiles y menores de edad.

En la oportunidad la Corte se mostró a favor de la modificación y señala que los cambios van en la dirección correcta. Además, cinco ministros incluso sostuvieron que no vislumbran razones que justifiquen la existencia de la justicia castrense en tiempos de paz ya que, entre otros motivos, en un Estado de Derecho Democrático no resulta concebible que sus ciudadanos se encuentren sometidos a dos clases distintas de justicia.

Nos encontramos ante un nuevo cambio de escenario, distinto al de presiones ejercidas en diciembre de 2010. Los tres poderes del Estado plantean la necesidad de modificar la actual judicatura militar. Esperemos que el Estado chileno, en mora hace casi siete años, dé pleno cumplimiento a la condena internacional que pesa sobre él.

 

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