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Opinión

Sanitarias en pie de guerra contra proyecto de ley que rebaja cuentas de agua

Sanitarias en pie de guerra contra proyecto de ley que rebaja cuentas de agua Sanitarias en pie de guerra contra proyecto de ley que rebaja cuentas de agua

El proyecto contempla descontar a favor de la tarifa final del usuario el equivalente a una proporción de 50 por ciento de las utilidades que el prestador perciba por concepto de servicios no regulados. Actualmente estos servicios adicionales o extras corresponden, por ejemplo, a venta de aguas tratadas para fines agrícolas y mineros, y manejo de residuos industriales líquidos (Riles).

Daniel Núñez

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Diputado del PC por el distrito 8: Coquimbo, Ovalle y Río Hurtado. Dirije Comisión de Recursos Hídricos e integra las comisiones de Economía y Pesca. Sociólogo.

Andess, el gremio que reúne a las empresas sanitarias, ya comenzó su campaña en el Senado para torpedear el proyecto de ley aprobado unánimemente por la Cámara de Diputados y que podría rebajar las cuentas del agua potable hasta en un 19%.

En diciembre pasado, durante su votación en sala, obtuvo el beneplácito transversal de todos los 108 diputados y diputadas presentes en el hemiciclo.

En julio de 2016, como presidente de la Comisión de Recursos Hídricos, presenté esta moción cuya idea matriz son, entre otras, asegurar la equidad tarifaria, aumentar la participación ciudadana en el proceso de fijación de tarifas, incentivar el cumplimiento de planes de desarrollo para mejorar la calidad de la prestación del servicio y la modernización de la potestad fiscalizadora y sancionadora de la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS).

Los principales cuerpos legales que han sido modificados son el DFL N°70, de 1988, del MOP, sobre tarifas de servicios de agua potable y de alcantarillado de aguas servidas; el DFL N°382, de 1988, del MOP, Ley General de Servicios Sanitarios; y la ley N°18902, que crea la Superintendencia de Servicios Sanitarios.

El actual sistema sanitario chileno se caracteriza, a partir de 1994 y especialmente desde 1998, por la privatización y concesión de las empresas estatales. En la actualidad figuran 14 firmas privadas y monopólicas en nuestro país. Su principal actividad es producir y distribuir agua potable, junto con recolectar y tratar aguas servidas.

La iniciativa surgió de los múltiples reclamos de los vecinos y vecinas por los malos servicios que entrega la empresa Aguas del Valle en la Región de Coquimbo, zona a la que represento.

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Entre las quejas más recurrentes figuran los cobros abusivos, cortes inesperados de agua, reiterados episodios de turbiedad, mala calidad del agua potable y propagación de enfermedades. Esto motivó, incluso, la conformación de una Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados, la que en las conclusiones del informe final reprochó el actuar de Aguas del Valle.

Sé que estos reclamos no ocurren solamente en Coquimbo, sino que se repiten casi de forma calcada en la gran mayoría de las regiones o áreas de concesión. Solo cambia el nombre de la empresa sanitaria que ofrece el mal servicio.

Un aspecto clave que fue aprobado apunta a transparentar actividades extras en que las sanitarias obtienen jugosas utilidades y que no comparten de manera justa con los clientes, en circunstancias que la operación está financiada con el cobro mensual de cada medidor.

El proyecto contempla descontar a favor de la tarifa final del usuario el equivalente a una proporción de 50 por ciento de las utilidades que el prestador perciba por concepto de servicios no regulados. Actualmente estos servicios adicionales o extras corresponden, por ejemplo, a venta de aguas tratadas para fines agrícolas y mineros, y manejo de residuos industriales líquidos (Riles).

Si las aguas servidas o tratadas no se botan y, por el contrario, se hace negocios con ellas se aplicará un descuento en la tarifa de un 80%. Gracias a este mecanismo y otros factores, las cuentas podrían bajar hasta en un 19%.

La iniciativa, además, califica las infracciones en leves, graves y gravísimas, estableciendo un rango de multas que van desde 1 hasta 10 mil UTM, lo que implica elevar considerablemente el monto en dinero de las actuales sanciones.

Con el propósito de fortalecer la participación ciudadana en el proceso de fijación tarifaria, la Superintendencia de Servicios Sanitarios efectuará labores de difusión ciudadana de las bases tarifarias en cada región para que las organizaciones de usuarios hagan sus observaciones.

Asimismo, se consagra el derecho a compensación en beneficio de los usuarios -y sin perjuicio de las sanciones que correspondan-, en caso de interrupción o suspensión del servicio de producción, distribución de agua potable, recolección, disposición y tratamiento de aguas servidas que no estén autorizados.

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Durante la tramitación en la comisión de Recursos Hídricos también se aprobó un artículo que obliga a las sanitarias a instalar sin costo en las viviendas sociales los servicios de agua potable, alcantarillado y aguas servidas, siempre que se encuentre en las cercanías de las áreas de concesión.

Para que los beneficios del proyecto de ley se conviertan en realidad, solo falta que el Senado discuta y vote el proyecto de ley que corrige el mal servicio de las empresas sanitarias y que aliviana el presupuesto familiar.
Las sanitarias harán todo lo posible por boicotear esta iniciativa durante su segundo trámite constitucional. Es clave que el Ejecutivo incorpore este proyecto dentro de sus prioridades legislativas del 2017 y le otorgue la debida urgencia.

Esta nueva normativa se pone del lado de los clientes y no de los intereses de las grandes empresas. De esta manera, lograremos mayor equidad, mejoraremos la calidad en el servicio y terminaremos con los múltiples abusos.

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