Domingo, 20 de abril de 2014

2 millones de aumento con 13% de aprobación

/Agencia Uno/Agencia Uno

Frente a las exigencias actuales se requiere de acciones más audaces y profundas que permitan dar señales claras de que se ha escucha la demanda por más transparencia, más participación y mejor representación.

Una vez más se abre una polémica pública en torno a temas de sueldo y asignaciones en el Congreso. Esta vez debido a la aprobación por parte del Senado de la propuesta de aumentar en 2 millones de pesos la asignación parlamentaria para gastos operacionales.

Tal como se ha producido el debate en los medios de comunicación y en las redes sociales, queda de manifiesto el enorme rechazo que este tipo de medidas provoca en la ciudadanía. El problema, más allá del incidente específico, y los méritos reales para una mirada crítica, radica en el profundo desprestigio que envuelve toda actividad política en nuestro país, y muy particularmente a las instituciones y actores que se dedican a ella.

Cuando sólo un 13% de las ciudadanas y ciudadanos dicen tener confianza en el Congreso (según datos de la Encuesta CEP diciembre 2011) todo acto orientado a mejorar condiciones de trabajo, salarios o prestaciones será mirado con sospecha y rechazo porque existe un cuestionamiento de fondo al rol que está cumpliendo el poder legislativo y sus integrantes en la vida del país. El problema, si bien no puede atribuirse sólo a la cuestión de la legitimidad, no puede entenderse sin este contexto de desprestigio y distancia, donde los discursos anti política están ampliamente difundidos y son reproducidos desde diversas esferas públicas.

Un estudio de opinión pública realizado en el 2010 en conjunto entre el PNUD y un consorcio de centros de pensamiento (CEP, Cieplan, Libertad y Desarrollo y Proyectamerica), detectó que sólo el 31% de las personas encuestadas manifestaba que los parlamentarios “representaban bien o muy bien los intereses de los chilenos” mientras el 59% opinaba que lo hacían mal o muy mal. En la misma línea, el estudio mostró una percepción muy negativa respecto de los intereses que motivan a los parlamentarios en su labor legislativa. Por último, el 47% opinaba que la mayoría de los políticos está en política sólo por lo que puede obtener personalmente de ella.

Dos años después, diversos otros estudios ratifican que este clima hostil hacia parlamentarios y Congreso sólo ha ido en aumento.

En este contexto, existe desconocimiento y poco interés por entender los mecanismos de asignación de recursos en el Congreso. Tampoco de reconocer que se han dado pasos muy relevantes para aumentar la transparencia activa en el poder legislativo (más en el Senado que en la Cámara) y por generar mecanismos más transparentes y legítimos para discutir sobre sueldos y asignaciones parlamentarias.

Hoy existe un Consejo de Asignaciones, órgano autónomo que define los montos, reajustabilidad y criterios de uso de los fondos para el ejercicio de la función parlamentaria. Por último, gracias al impulso entregado por la Ley de Transparencia y la creciente cultura de fiscalización, hoy las ciudadanas y ciudadanos podemos saber cuánto reciben y en qué gastan los recursos nuestros representantes.

Pero estos avances parecen ser muy menores cuando los cuestionamientos son a la legitimidad de los parlamentarios, a quiénes representan, los intereses que los motivan y su permeabilidad para conectarse con lo que la ciudadanía espera de uno de los poderes del Estado. Y esto es justamente lo que los parlamentarios y los partidos políticos no terminan de entender. Frente a las exigencias actuales se requiere de acciones más audaces y profundas que permitan dar señales claras de que se ha escucha la demanda por más transparencia, más participación y mejor representación.

Algunas de las medidas que pueden ser consideradas para enfrentar dichas demandas son: Prohibir aumento de dietas o asignaciones en años electorales. Discutir todo cambio de dieta y asignaciones de cara a la ciudadanía y en línea con discusiones presupuestarias más amplias que afecten también al poder Ejecutivo, por ejemplo. Esto permitiría un debate más mesurado y entregaría parámetros de comparación de las verdaderas “necesidades” presupuestarias del legislativo.

Revisar la forma de distribución de recursos para servicios de apoyo a labor legislativa para disminuir recursos entregados a los parlamentarios individualmente y aumentar aquellos administrados por las respectivas corporaciones orientados a fortalecer el trabajo legislativo y no sólo la dimensión de conexión con los respectivos distritos.

Esto tendría el efecto adicional de fortalecer la disciplina partidaria y acortar brechas en la capacidad técnica para encarar debates entre Legislativo y Ejecutivo, disminuyendo de paso los incentivos para la contratación sólo de periodistas u asesores políticos individuales.

Finalmente, la eterna postergación de una discusión seria sobre reformar el sistema electoral binominal en nada contribuye a mejorar la legitimidad del Congreso. Enfrentar la indignación por los 2 millones pasa necesariamente por buscar entender el porqué de ese 13% de aprobación.

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