El gobierno envió la semana pasada el proyecto de ley que reforma el vapuleado Servicio Nacional de Menores (SENAME) para transformarlo en dos organismos distintos: el Servicio Nacional de Protección de la Infancia y Adolescencia y el Servicio Nacional de Responsabilidad Adolescente.
El primero de estos organismos dependerá del Ministerio de Desarrollo Social y su objetivo será administrar el sistema de atención de niños que viven en hogares o residencias y que no tienen problemas con la ley, además de encargarse de la adopción de niños que no cuentan con una familia.
El segundo de estos organismos dependerá del Ministerio de Justicia y será el brazo ejecutor de las sanciones emanadas de la -ya no tan reciente- Ley Penal Juvenil, que transformó en imputables a los menores entre 14 y 16 años.
Este proyecto de ley es un paso positivo para construir una institucionalidad más potente que ayude a proteger los derechos de los menores vulnerables y a hacer cumplir la Ley Penal Juvenil. Se hace cargo de un diagnóstico transversal en cuanto a que las distintas ramas del SENAME carecen de la sinergia y las especializaciones necesarias para cumplir sus funciones, en especial la de contribuir a la reinserción social de los niños y jóvenes a su cargo.
Los problemas del SENAME se han hecho más evidentes con el avance en la aplicación de la Ley Penal Juvenil y la mayor complejidad de los delitos en los cuales participan menores. A todo lo cual se agrega la creciente presencia en los medios de los abusos sexuales contra menores, que han sensibilizado a la opinión pública y han hecho reaccionar al gobierno en tal sentido -aunque es evidente que estos abusos son pan de cada día en sectores vulnerables, pero no logran portadas ni cambian agendas legislativas.
A pesar de lo positivo de la iniciativa, hay algunos aspectos que vale la pena analizar.
El primero, se refiere al compromiso del Ministerio de Desarrollo Social de terminar con las listas de espera de los programas del SENAME en un plazo de tres años. Este compromiso explícito es un avance, pero no es suficiente. Deja entrever la poca prioridad que le asignamos como sociedad a este problema, ya que se podría avanzar más rápido si se tuviera la voluntad para ello.
Parece que no terminamos de entender que organismos como el SENAME debiesen ser nuestra última barrera de contención para cambiar el destino de muchos menores dañados a los cuales no fuimos capaces de ofrecerles mejores oportunidades cuando más niños, ya sea a ellos o a sus padres. La mayoría de las situaciones que afligen hoy a estos niños no son casualidad, sino que el resultado de múltiples procesos de deterioro familiar y social, incluyendo violencia, drogadicción y alcoholismo.
También llama la atención el llamado que hace el Ministro de Desarrollo Social a los parlamentarios para aprobar el proyecto con la “máxima rapidez”, siendo que el propio ejecutivo ingresó el proyecto sin urgencia -ni siquiera simple urgencia-, por lo que el proyecto corre el riesgo de dormir una larga “siesta” en el Congreso.
Es importante también que una vez aprobada la ley, se le de real importancia al trabajo en red, mediante la articulación de las reparticiones vinculadas a la protección y reinserción de los menores, incluyendo por ejemplo, al Ministerio de Salud y al Ministerio de Educación (clave la deserción escolar). Esta articulación debiese estar centrada en un sistema de información integrado que permita el seguimiento de las atenciones efectuadas a los menores y la evaluación de los programas en particular.
Con todo, no debemos olvidar que la inversión preventiva a edades tempranas es más efectiva que el gasto a edades tardías. Los niños de hoy serán innegablemente los jóvenes del futuro.
