Cuando se legisla, hay que hacerlo con sentido común. Es el bien de todos el que está sobre la mesa y la norma debe ser una expresión de sensatez y criterio.
La aplicación del programa “Estadio Seguro” ha estado por estos días en el medio de la polémica, fruto de la inexplicable y absurda prohibición para que la llamada “Bandita de Magallanes” –ese antiquísimo grupo de caballeros que se dedican a alentar al club carabelero con una orquesta en vivo- pudiese ingresar al último duelo ante Santiago Morning. Una determinación, precisamente, poco criteriosa y poco sensata. Nadie en su sano juicio podría siquiera endilgarle un margen de peligrosidad a estos respetables veteranos.
Sin embargo, este suceso te fuerza a reflexionar desde la perspectiva de quién toma las decisiones, y concluir que conciliar derechos y aspiraciones de quienes forman parte de esta actividad, no es simple.
Es evidente que si en el futuro la autoridad política –como lo ha hecho entrever- permite el ingreso del bombo de Magallanes al estadio, es injustificable negarle ese privilegio a otras hinchadas. Claro. La diferencia estriba en que en su interior, los mal llamados barristas aprovecharían ese beneficio para logran hacer pasar –como lo han hecho por décadas- droga y armas cortantes a las galerías.
El sentido común hace imposible pensar en excepciones para una norma general que busca evitar un mal mayor.
El sentido común te indica que es ridículo prohibir que la gente pueda ver un partido de fútbol de pie. Eso es negar la esencia del juego, donde la pasión y la sorpresa te mueven. Sin embargo, el sentido común también indica que es absurdo que una persona, por el hecho de comprar una entrada, se sienta con el derecho de saltar durante noventa minutos sobre un asiento plástico que ha sido comprado con dinero de todos los chilenos, y lo termine destruyendo, generando una herencia de incomodidad para el próximo espectador que, legítimamente, podría querer usarlo.
El sentido común marca que cuando los trapos se convierten en trofeo para facciones rivales de una misma barra o de una contraria, y hay agresiones entre dos personas por lo mismo, hay que hacer algo. Es más. Los trapos no son de la esencia del fútbol y podemos vivir sin ellos. Sin embargo, el sentido común te lleva a descubrir que –al mismo tiempo- no puedes pretender darle al fútbol, características propias de un espectáculo en el Teatro Municipal.
La fiesta en las tribunas forma parte de su folclor.
Uno no puede sino más que aplaudir la confluencia de voluntades que hoy busca erradicar de raíz a las mafias enquistadas en las barras. La ANFP ha sido valiente para reformar sus estatutos y sancionar, incluso con la pérdida de categoría, a aquellos clubes que mantengan vínculos con estos grupos. Es un tardío, pero a la larga útil reconocimiento, a una de las principales causas del crecimiento y consolidación de estas células que agreden, insultan, amenazan, destruyen, apedrean y alejan a la familia de los estadios.
La autoridad política tiene la determinación de pacificar el espectáculo deportivo y los jugadores, tras el incidente con Carlos Muñoz, se han cuadrado tras este impulso. Es de sentido común, aspirar a que –bajo este espíritu- las normas que se apliquen en adelante, busquen atacar de lleno el problema de fondo –eliminar a estos nefastos personajes de los recintos- sin que por ello, el hincha común y corriente se sienta limitado en expresar sus emociones desde la tribuna.
Claro. El hincha común y corriente también deberá entender, que si pretende ingresar droga o armas a un estadio, tendrá problemas. Y que para evitarlo, necesariamente existirán controles que, sí, deberían ser para todos por igual. Deberá entender que cuando salga el equipo a la cancha o gritemos un gol, es mejor saltar sobre el cemento y no sobre un asiento de plástico. Deberá entender que lanzarle piedras al bus del equipo rival, como ocurrió en el clásico entre Ñublense y Curicó Unido, o tirarle proyectiles a un entrenador como pasó en Calama, tampoco es algo normal. Y que si te sorprenden haciéndolo, será inevitable una dura sanción que debería impedirte volver a un estadio por muchísimos años. Y el hincha común y corriente deberá entender que ello no es un “acto represivo”, sino la pena precisa para algo que es, derechamente, una imbecilidad sin justificación alguna.
Eso, sin duda, exige un acuerdo entre lo público –el Estado- y lo privado –el fútbol- que cautele los derechos de todos los involucrados en este tema.
Insisto. Conciliarlos no será fácil.
A ver si aprovechamos esta oportunidad, y logramos levantar un marco jurídico consensuado que rescate el sentido común y rescate el fútbol para el hincha que realmente vibra con este deporte.
Ya es tiempo. Y lo merecemos.
