Es un hecho comprobado que la conservación de las especies va de la mano con los derechos de propiedad, y que la ausencia de derechos de propiedad puede afectar negativamente a algunas especies.
El caso de los elefantes es un buen ejemplo. Zaire, Sudáfrica, Namibia, Kenya y Tanzania, entre otros, aplican la protección regulatoria convencional: los elefantes son de propiedad pública y se los protege estrictamente. El resultado es que se siguen extinguiendo. En cambio Zimbabwue y Botswana eligieron transferir a los Consejos Tribales regionales los derechos de propiedad sobre los elefantes (sobre todo los derechos de caza y los derechos a percibir un canon por cada animal cazado), que anteriormente pertenecían al Estado.
Las diferencias en los resultados son espectaculares. En diez años, en Kenia y en toda el Africa Oriental, el número de elefantes se vio reducido en más de un 50% mientras que por el contrario, la población de elefantes en Zimbabwue aumentó rápidamente. Por otro lado, el elefante asiático, domesticado desde hace mucho tiempo, jamás ha sufrido la misma amenaza de extinción que su primo africano.
La misma situación se da con los recursos marinos, donde tiene lugar la mayor sobreexplotación precisamente por falta de derechos de propiedad. La mayor sobreexplotación se da fuera de las 200 millas (territorio marítimo nacional), donde llegan buques factorías de otras partes del mundo a extraer recursos – principalmente jurel -, y los procesan en los mismos buques.
La pesca en aguas internacionales no es ilegal, pero atenta contra el concepto de conservación, ya que los buques factoría que operan en aguas internacionales no se rigen por cuotas, permisos o licitaciones. Las aguas internacionales son patrimonio de la humanidad, es decir, no pertenecen a nadie. Los buques factoría arrasan con todo los recursos que puedan extraer, ya que si no los extraen ellos, alguien más lo hará.
Todo recurso que tiene la categoría de ser colectivo, está sometido de manera inevitable a lo que el biólogo Garrett Hardin llama: “La Tragedia de los Comunes”. Hardin dice que “un bien de acceso libre es un bien en el que nadie tiene interés en garantizar ni su mantenimiento ni su renovación, ya que se trata de iniciativas, que por el principio de libre acceso, no pueden tener ningún valor de mercado; es por ello, que un bien está condenado a ser sobreexplotado…”
Esta lógica se aplica al mar y a todos sus recursos, pues su acceso es libre y de manera gratuita.
Existe algo similar a los derechos de propiedad en la pesca industrial y artesanal en nuestro país. Los artesanales tienen una zona exclusiva de 5 millas y a los industriales les queda el resto del territorio marítimo para extraer recursos. Para capturar especies marinas, se necesita un permiso de pesca y además la autoridad establece cuotas de capturas entre los actores que participan del mercado para conservar el recurso o más bien, para no sobreexplotarlo.
A pesar que el sistema chileno funciona mejor que en otros países, el sistema de permisos de pesca convierte a la industria en un cartel protegido por el Estado.
Los permisos de pesca son en realidad una barrera de entrada. Juan Andrés Fontaine, ex ministro de economía de Sebastián Piñera, sugirió licitar un porcentaje de las cuotas de pesca para permitir la entrada de nuevos actores a la industria, pero su reemplazante, Pablo Longueira, acordó con los grupos de interés mantener el status quo, aunque licitando el excedente de cuotas y además con un royalty a la pesca. El royalty, en la práctica será una doble tributación ya que el sector pesquero industrial paga una patente anual, cuya recaudación alcanzó los U$31 millones el año 2010.
Licitar el 50% de las cuotas hubiese abierto el mercado, pero no era una medida muy efectiva contra la sobreexplotación. Una buena medida sería licitar el 100% de las cuotas, de esa forma cada actor tiene un incentivo para que su porcentaje abarque más toneladas durante la siguiente temporada.
