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Opinión

Simulacro constitucional

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Quizá si el gobierno estuviese a la altura de la discusión que inició y espera liderar, habría mas fuerzas políticas dispuestas a hacerse parte, no solo para “fiscalizar”, como lo hacen ahora, sino para participar.

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Presidente de Ciudadanos

No hay nada mas sano en democracia que dialogar. Por eso el llevar adelante una discusión sobre las instituciones que nos han acompañados las últimas dos décadas puede ser muy útil. El problema es que el proceso constituyente, que debiese buscar esto, iniciado por el gobierno -no es un proceso ciudadano o del consejo de observadores realmente-, terminó siendo mas un simulacro de democracia, que un reflejo de las ideas democráticas que hoy a muchos nos mueven y que debieran imperar en un proceso tan relevante como este.

El gobierno nos extendió una invitación a participar de un “proceso”, pero ellos mismos no han sido capaces de expresar su visión sobre este ni sobre los temas que ahí se abordarán. El gobierno definirá las reglas, observará, fiscalizará y participará a través de sus partidos, pero ninguno de sus autoridades puede decirnos públicamente y de forma oficial que piensa sobre los temas que en este proceso se debatirán o respecto a los procedimientos que ahí se seguirán (quórums, fechas precisas, entre otros). No tenemos idea si la presidenta quiere un sistema parlamentario, presidencial o semipresidencial; si quiere un control constitucional en manos del TC o la CS; si apoya la idea de una constitución mínima o extensa como algunas de las constituciones latinoamericanas.

¿Por que esto importa? Simple. Es el gobierno quien redactará el proyecto que irá a parar al congreso, donde se definirán las reglas en que aprobaremos un “nuevo” texto constitucional, y mas grave aún, será este gobierno el encargado de redactar las “Bases ciudadanas” para una nueva constitución, dejando presentado el documento antes de terminar su mandato presidencial.

Dada la relevancia de este proceso para nuestra historia, lo mínimo habría sido contar con que el Gobierno de Chile se expresara y diera su visión sobre la Constitución que quiere o imagina, en vez de abrir un proceso en que la ciudadanía puede participar una vez -por instancia-, por un tiempo reducido, donde se deben abordar todos los temas relevantes para una nueva Constitución, y con una pauta que tiene como eje los conceptos y temáticas de la constitución que ha regido los últimos 26 años.

En este escenario, soy uno de los tantos escépticos de este proceso. En la práctica, ni siquiera se si le puede llamarse “proceso” a todo esto. No se con que quórum el congreso definirá si son ellos, la AC o una opción mixta quien definirá el texto constitucional; cuanta gente deberá votar para aprobar ese texto; si la votación para estos efectos será obligatoria o voluntaria; cuanta gente tendrá que votar para entender que ganó una opción (¿mayoría simple o con un 25% ganará la Nueva Constitución?). Tampoco se quien específicamente redactará el documento final (funcionarios del gobierno o algún personaje u organismo pagado por el gobierno); no se que piensa mi gobierno sobre el sistema político que tenemos y cual anhela implementar; y peor aún, no se que pasará si la idea de Nueva Constitución pierde la batalla (¿nos quedamos con la actual? ¿votamos la nueva por partes?).

Por mas que uno revise en las páginas oficiales, discursos o entrevistas, lo que se obtiene es cero respuesta a estas preguntas.

Quizá si esas preguntas tuvieran un intento de respuesta, a varios nos darían ganas de participar, porque nos inclinaríamos a pensar que el proceso constituyente es mas que una estrategia comunicacional para dejar presentado un texto y luego decirle a Chile “cumplimos”. Quizá si el gobierno estuviese a la altura de la discusión que inició y espera liderar, habría mas fuerzas políticas dispuestas a hacerse parte, no solo para “fiscalizar”, como lo hacen ahora, sino para participar. Habría mas actores sociales y ciudadanos dispuestos a tomar parte de una discusión que en vez de organizarse en torno a “cabildos” propios del siglo XVIII, debería ser un diálogo inserto en el siglo XXI, mas en línea con lo empujado por Lagos, que un simulacro de participación y democracia que tiene a muchos creyendo en unos cabildos que no serán, en definitiva, la nueva voluntad soberana y mayoritaria de nuestra ciudadanía.

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