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Opinión

Sistema de Garantías de la Niñez: De lo tutelar al reconocimiento de sujetos de derecho

Sistema de Garantías de la Niñez: De lo tutelar al reconocimiento de sujetos de derecho Sistema de Garantías de la Niñez: De lo tutelar al reconocimiento de sujetos de derecho

Sin lugar a dudas resulta alentador que este sistema de garantías que se pretende incorporar al ordenamiento jurídico contemple medidas protección integral tanto para niños, niñas y adolescentes como para sus derechos.

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Estudiante de Derecho y Ayudante de Derecho Civil de la Universidad Finis Terrae

La crisis del Sename que salió a la luz el último tiempo sólo viene a dar fe de una realidad que se ha dado históricamente en nuestro país, la cual versa sobre la sistemática violación de los derechos de niños, niñas y adolescentes, además de dejar entredicho las políticas direccionales en materia de infancia.

Una de las primeras cosas que se da en el aprendizaje de lo jurídico es la enseñanza de la concepción de persona como sujeto de derechos, ya sea ésta natural o jurídica.
El Código Civil chileno en su artículo 55 define a la persona natural como todo individuo de la especie humana, cualquiera sea su edad, sexo, estirpe o condición; definición que resulta ser un acierto en lo teórico, ya que no deja espacio para ningún tipo discriminación que pueda hacer el legislador a partir de características personales, atendiendo la ley al reconocimiento de ciertas prerrogativas cualesquiera sean las cualidades temporales (edad, condición) o permanentes (sexo, estirpe) que ostente el individuo para sí como en la sociedad.

Lo anterior se reafirma en lo expresado por nuestra Carta Fundamental, la cual en sus bases generales (específicamente en su artículo primero) establece que todas las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Sin embargo, y como se puede advertir, lo teórico en ocasiones dista mucho de la práctica, y ello es posible de apreciar en diferentes ámbitos de la aplicación de lo normativo a través de legislaciones diferenciadas u otras que se han quedado atrás no en pos de la protección a ciertas personas como se debiese sustentar toda distinción jurídica de este tipo, sino que, muy a nuestro pesar, a partir de criterios de una cosmovisión de la sociedad que en nuestros tiempos se contradice con los estándares internacionales. Dicho asunto, ha llevado a algunos incluso a afirmar que, en un aspecto material, los niños son tratados como cosas o simple objetos de tutela y caridad; cuestión que bajo mi punto de vista no resulta algo banal.

En Chile, las ideas tutelares de infancia pareciesen aún estar presentes no sólo en el aspecto legal, sino que también en lo que respecta a la política pública, haciendo vista gorda de la evolución que ha tenido el derecho de la niñez contemporáneo en el mundo, específicamente a partir de la última década del siglo XX en la cual la Convención de los Derechos del Niño (CDN) fue ratificada en nuestro país el año 1990. Cabe decir, y en concordancia a lo expuesto, que, a pesar de sus modificaciones, la ley de menores de 1967 aún sigue vigente. Es en ella en que subsiste la idea de infancia a la cual se hizo referencia a en el párrafo anterior; es decir, a la noción de tutela y mero asistencialismo que sigue ejerciendo fuerza en los tribunales de familia. En contra incluso de las recomendaciones que ha hecho el Comité de los Derechos del Niño al Estado chileno los años 2002 y 2007 respectivamente, en las cuales se exhorta a la República a derogar la ley de menores y aprobar una ley de protección integral de los derechos de los niños, estableciendo un marco institucionales y definiciones de políticas ajustadas al avance de la materia en la región.

Lo contrapuesto que hasta hace poco tiempo se entendía como un todo entre responsabilidad para con los niños y los derechos en sí de éstos es esencial para repensar nuestra actual legislación familiar. Esto, que ya ha sostenido el profesor Nicolás Espejo, al parecer hizo ruido en el ejecutivo quien el 21 de septiembre del 2015 envió a la Cámara de Diputados un proyecto de ley de garantías de los derechos de la niñez a través del mensaje 950-636 (boletín 10.315-18), además del proyecto de ley que modifica la Ley 20.530 del Ministerio de Desarrollo Social para incluir la Subsecretaría de la Niñez (boletín 10.314-06). Dicho paquete legislativo viene a solventar falencias sobre las cuales el Comité de los Derechos del Niño hizo notar su participación, tanto en relación a regulaciones en torno a mecanismo de control presupuestario y estadístico como a el enfoque del interés superior del niño y la participación activa de éste dentro lo público en correspondencia con la aplicación de políticas de Estado; empero, la enorme cantidad de modificaciones que sufrió el proyecto en la Comisión de Familia y Adulto Mayor de la Cámara ponen en tela de juicio si, al igual que otras materias, estamos frente a lo que se conoce coloquialmente como “soluciones parche”.

Sin lugar a dudas resulta alentador que este sistema de garantías que se pretende incorporar al ordenamiento jurídico contemple medidas protección integral tanto para niños, niñas y adolescentes como para sus derechos. En conjunto con la nueva subsecretaría, vienen a definir una política nacional de la niñez que busca ajustarse a lo fijado por el Comité, en armonía con los derechos humanos y las convenciones internacionales que recaen sobre dicha área. No obstante, y sin perjuicio lo anterior, es necesario poner atención a la tramitación y urgencia que se la dará a este proyecto, fijando mecanismos de control para su buena implementación con el fin de que, al igual que muchas leyes, no termine en definitiva siendo una mera declaración de papel. Pues, como dijo alguna vez el filósofo y lingüista británico-austriaco, Ludwig Wittgenstein, la praxis les da sentido a las palabras.

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