La empresa Colbún ha publicado un hecho esencial en el cual manifiesta su intención de suspender el proceso de aprobación ambiental de la línea de transmisión asociada a las centrales de HidroAysén. En sus razones argumenta la falta de consenso político respecto a un proyecto de esta envergadura.
En mi opinión, el reclamo de Colbún es justificado, ya que política energética como tal no ha existido desde mediados de los años noventa, cuando el Gobierno de Frei dio un impulso decidido a la introducción del gas natural a la matriz energética. Se podrá debatir si en el largo plazo fue beneficioso o no, o más bien si se tomaron los resguardos necesarios con un país ampliamente conocido por su falta de respeto a sus obligaciones internacionales. Pero eso ya es historia y no es relevante para el futuro.
Lo que sí es relevante es que desde el Gobierno de Lagos, el país ha carecido de una política energética como tal. Se recuerdan los escándalos entre Ministros y Secretarios Ejecutivos de la CNE, apagones, conflictos entre la autoridad y las empresas y lobby a todo nivel, entre otros (ejemplo: Central Campiche patrocinada por la embajada de EEUU).
Más grave aún es que el desarrollo de la regulación descansó en múltiples parches, sin mayor coherencia con una política de largo plazo. Hubo intentos tímidos de mejoras, pero a poco andar demostraron su insuficiencia o inoperancia. Las licitaciones de contratos a distribuidoras dejaron en evidencia que fueron un mal instrumento cuando se permitió que una empresa como Campanario pudiera especular contra el mercado, con las consecuencias de una quiebra e interrupción de la cadena de pagos al interior del CDEC-SIC.
La ley de renovables, aunque bien intencionada, no ha logrado promover de manera decisiva tecnologías competitivas y sustentables, por las deficiencias de la misma ley. Antes de cumplir un año de vigencia ya se estaba discutiendo su reforma en el Congreso. Los proyectos a todo nivel enfrentan retrasos de más de 5 años de su construcción esperada.
El actual Gobierno dio señales de pensar en el largo plazo y en el discurso del 21 de Mayo de 2011 el Presidente Piñera dio lineamientos estratégicos, muy bienvenidos por los diferentes sectores y actores. Se mencionó la meta del 20% de renovables para 2020, la carretera eléctrica, mejora en concesiones, retail eléctrico, etc. Lamentablemente, la política energética salió de las prioridades nacionales, y poco se ha avanzado. Sólo existe un proyecto de ley para hacer más expedito el otorgamiento de concesiones eléctricas para líneas de transmisión.
Los congresistas por su parte tampoco muestran mucho que ofrecer. No sólo hacen leyes deficientes, sino que además cada diputado y senador se opone de manera sistemática a cualquier proyecto eléctrico que ocurra en su zona. Proyectos hidroeléctricos medianos, de biomasa, incluso eólicos, enfrentan oposición de algunos grupos locales de presión –no todos– a los que fácilmente se suman los parlametarios locales tratando de agradar a dichos grupos de presión (pregunten en la VII Región).
Mientras tanto, la economía sigue creciendo, y junto con ella la demanda energética, y los precios de la electricidad. Y no se ve en el corto ni mediano plazo alguna solución para los problemas del sector, que se agravarán cada día más. El informe del CADE fue un buen intento, pero se quedó sólo en eso.
Y nadie parece querer tomar el toro por las astas. Y el clima político no está en un nivel que permita hacer acuerdos de Estado, para que los proyectos se aprueben de manera cierta, que el financiamiento fluya, y que el mercado eléctrico recupere el nivel de competencia de los 90 que tanto benefició a los usuarios.
Como en muchas industrias, la inmovilidad de los políticos sólo favorece a los incumbentes aumentando su poder de mercado, y perjudica por lo tanto a los usuarios.
