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Opinión

Todas las ciencias son políticas

Todas las ciencias son políticas Todas las ciencias son políticas

"La nueva institucionalidad científica solo valdrá la pena si junto con ella viene un mandato, un proyecto, una definición de lo que la sociedad chilena espera de la comunidad científica".

Óscar Marcelo Lazo

Por


Neurobiólogo y Doctor en Fisiología. Investigador en el UCL Institute of Neurology. @omlazo

Siempre he pensado que hablar de ciencias sociales es redundante. Me parece imposible pensar la producción de conocimiento científico a solas, sin la revisión de los pares, sin cuestionarse la reproductibilidad de los resultados, sin la colaboración generosa y la crítica despiadada. La verdad es que todas las ciencias son sociales, se hacen en patota.

Ahora que se discute en el parlamento el proyecto que crea el Ministerio de Ciencia y Tecnología, creo que tenemos la obligación de caer en la cuenta de que además todas las ciencias son políticas. Esta temática, que superó ya una primera etapa en una comisión del Senado, ya no puede tratarse de si mucha o poca ciencia, o de si más o menos plata. En esta discusión se juega esencialmente cómo articular la actividad científica del país, con todos y para todos, y eso exige hacer algunas definiciones, jugarse por una tarea que la ciencia chilena deba cumplir y darle la institucionalidad que necesita para lograrlo.

Durante los últimos años hubo diversas demandas de mayor atención del Estado a la actividad científica, cierto. Algunos pedían más presencia de la actividad científica en el relato público, más recursos, más difusión. Más ciencia para Chile. Otros defendieron intereses gremiales, por ejemplo las condiciones laborales de los becarios de postgrado e investigadores. Se hicieron marchas y campañas para modificar las normas legales que regulaban las becas, para incrementar el presupuesto, para quejarse por la precariedad de la actividad científica y de su institucionalidad estatal que parece no dar abasto. Pero ninguna de esas demandas fue política, siempre buscó transversalidad y neutralidad. Mantener blanco el delantal, no tener nada que ver con los políticos y sus sucios intereses. No contaminar el laboratorio con ideología, para que siga siendo el imperio de la racionalidad neutral, más allá del bien y el mal.

Pero hacer eso hoy sería absurdo. Tarde o temprano hay que proponer a la ciencia como capaz de algo relevante para el proyecto del país completo, una razón por la cual la actividad científica del país es importante para todos sus habitantes y los que vengan después. Tarde o temprano hay que jugarse por una definición de ciencia, por prioridades, por diseños institucionales, por fraseos de la ley, por objetivos. Y tarde o temprano hay que fundamentar esas decisiones políticamente, disputarlas en medio de la controversia y hacer que nuestros desafíos científicos hagan sentido y vayan en alguna dirección. Y esa es una discusión política, no hay vuelta que darle. Debe aparecer la “ciencia política”.

La primera fase de la discusión ha demostrado que hay territorios comunes. Para empezar, crear un Ministerio para asegurar que la ciencia esté presente en la conversación del gabinete y la agenda presidencial. Hay consenso en la necesidad de separar el diseño de la política pública de su implementación y ejecución. Y también lo hay en el deseo de alinear la investigación y la innovación, para que haya continuidad en la cadena de valor de las ideas. Todas esas son buenas noticias para todos.

Pero también se han manifestado muchas diferencias. Hay tensión entre quienes creen que esta institucionalidad debe estar al servicio de una nueva matriz productiva y que todos los esfuerzos hay que ponerlos en crear tecnología que se venda bien, soluciones para los problemas de la industria, innovación que fortalezca la economía, y quienes, por otra parte, creen que esta institucionalidad debe permitir a la ciencia dialogar más con la sociedad, criar una cultura científica que valore el conocimiento incluso si no sirve directamente para nada, y comprender al hombre de manera que puede contribuir a un desarrollo integral. Hay discrepancias respecto a cuánto de nuestra actividad científica debe estar orientada por misión y cuánta guiada por la curiosidad de los investigadores. Hay quienes creen que el Estado debe interferir lo menos posible y dejar que sean asociaciones civiles las que tomen la iniciativa, otros piensan que el Estado debe asumir un rol protagónico en producir condiciones no solo para que se pueda hacer ciencia, sino también para que esa ciencia tenga un impacto concreto en el funcionamiento de la sociedad, en la toma de decisiones políticas, en el bienestar de cada habitante. Y aunque algunas de estas narrativas pueden encontrar puntos de equilibrio y complementariedad, cuando causan tensiones es porque, en último término, existen entre nosotros diferentes comprensiones de la ciencia y de su rol en la sociedad, le pedimos cosas distintas y hay diversidad de agendas en juego.

Pero el proyecto de ley no hace definiciones.
Quienes participaron en el diseño quisieron hacer una ley lo más amplia y simple posible, donde fueran posibles muchas modificaciones futuras sin necesidad de aprobar nuevas leyes. Pero como tampoco incluyeron en el proyecto un mecanismo de deliberación para producir esas transformaciones, resulta que este mismo proyecto puede convertirse en muchas institucionalidades distintas dependiendo de la interpretación. Así, tratando de salvar un principio de flexibilidad y de neutralidad del Estado frente a la controversia, la legislación puede terminar por ser completamente inútil para reformar el sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación. Y con el retraso que ya llevamos, no nos podemos dar ese lujo.

El trámite parlamentario es el momento de tener esta discusión política y ética. Como toda reforma, un nuevo diseño institucional debe servir a un proyecto de país, a una manera de ver la ciencia y su impacto en la construcción de la sociedad chilena. Esa discusión no puede seguirse teniendo a puertas cerradas y de espalda a la ciudadanía, no bastan las asociaciones y sus agendas, ni las indicaciones menores que se aprobaron en el Senado, ni las buenas intenciones de los asesores científicos de la presidencia de sacar adelante el proyecto. Para eso está el parlamento, para representar las posiciones sustantivas de la ciudadanía, para deliberar y llegar a acuerdos que comprometan acciones concretas de parte del Estado.

La nueva institucionalidad científica solo valdrá la pena si junto con ella viene un mandato, un proyecto, una definición de lo que la sociedad chilena espera de la comunidad científica. Un criterio con el que medir si lo estamos haciendo bien. Una tarea donde la curiosidad y la ciencia por misión concurran, complementarias, para ensanchar el horizonte de Chile.

A eso me refería con ciencias sociales. Pero sociales sociales.

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