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Opinión

Transparencia: el desafío es cultural

Transparencia: el desafío es cultural Transparencia: el desafío es cultural

Parte de las tareas necesarias para perfeccionar la democracia implica elevar los estándares de transparencia a todo nivel, actuar en consecuencia con ellos -especialmente los dirigentes y representantes políticos- y aportar en la formación política y consciente de la ciudadanía desde todos los espacios de colaboración e incidencia y poder así exigir y demandar al gobierno -y al Congreso-, el cumplimiento no sólo de la agenda, sino que también de su correcta implementación.

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Somos un movimiento político que busca construir una democracia participativa en Chile, nacimos de las movilizaciones del 2011 y venimos para aportar a construir un Chile solidario e inclusivo para tod@s.

El actual escenario que vive el país, con una importante crisis de confianza en las instituciones,en la política -y porqué no también a nivel de las relaciones sociales-, ha puesto en un lugar prioritario y crucial el trabajo desarrollado por el Gobierno en materia de probidad, transparencia y financiamiento de la política.

Pareciera ser que muchas de las medidas que se han estado implementando por la actual administración, tienen un cariz reactivo y buscan asumir un rol de “parche” para subsanar las diversas falencias legales que existen y que han favorecido el desarrollo de un vínculo oscuro entre política y negocios. Pero la preocupación por estas materias no es tan improvisada como muchos quieren hacer ver. Desde el retorno de la democracia, varios gobiernos han venido perfeccionando las materias sobre probidad y transparencia.

Destacan en este proceso la Ley N° 20.285 sobre Acceso a la Información Pública -más conocida como “Ley de Transparencia”-, puesta en marcha en el 2009; y la recientemente implementada Ley N° 20.730 que regula el Lobby y las Gestiones que representen intereses particulares ante las autoridades y funcionarios públicos. Ambas constituyen importantes avances porque suministran herramientas para hacer más transparente el ejercicio de la actividad pública.

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Sin perjuicio de ello, la agenda de probidad en coyunturas determinadas ha sido producto de particulares fenómenos de corrupción desde el retorno de la democracia. Si bien ha existido a lo largo de los gobiernos una preocupación constante por la transparencia, tampoco podemos negar que el impulso ha provenido de escándalos mediáticos de corrupción. Un buen ejemplo de esto último, sucedió con la actual Ley N° 19.884 sobre Transparencia, Límite y Control del Gasto Electoral, elaborada luego del escándalo conocido como “MOP-Gate”, y que involucró penas de cárcel para varios políticos y funcionarios públicos, y generó, además, otra serie de leyes y medidas en materia de probidad, transparencia y financiamiento de la política.

No ha sido casualidad que una causa común de los actuales casos de financiamiento irregular de campañas políticas, sea la deficiente calidad de la ley recientemente mencionada. Lo anterior, por cuanto sólo se limitó a fijar límites de gastos y establecer sanciones administrativas a sujetos específicos (v.gr. El administrador electoral), omitiendo toda consideración a la efectiva fiscalización del financiamiento a la política y de una regulación exhaustiva en las potestades o atribuciones del Servicio Electoral.

Por lo tanto, no se puede decir que la preocupación por la Transparencia se haya potenciado por los escándalos PENTA o SQM, sino que en realidad lo que han hecho estos acontecimientos, es poner en primera plana un tema que cada vez es abordado con mayor fuerza por la ciudadanía y los medios. En un país bastante legalista como el nuestro, no debe extrañar la instalación de la creencia que los problemas de este tipo se arreglan con leyes y regulaciones ad hoc. Sin embargo, la historia nos ha demostrado que no basta con leyes, sino que también se requieren cambios a nivel de entendimiento y comportamiento social frente a esas leyes, dando por superado el popular dicho “hecha la ley, hecha la trampa”.

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Las propuestas que plantea en su documento final el Consejo Asesor Presidencial contra los Conflictos de Interés, el Tráfico de influencias y la Corrupción, conocido también como la “Comisión Engel”, apuntan a generar los cambios necesarios a gran escala. Desde el diagnóstico hasta en las propuestas finales, se plasma de manera clara que el foco es la necesidad de generar cambios reales al corto, mediano y largo plazo y no solo a nivel legal sino que también a niveles institucionales y ciudadanos; reconstituyendo por una parte la dimensión ética necesaria y fundamental en el funcionamiento de lo político y público; y por otra, reafirmando a la confianza y la credibilidad institucional como pilares de una democracia republicana.

Organizaciones sociales participaron durante el funcionamiento del Consejo y muchas de sus planteamientos fueron recogidos por el Consejo para la elaboración de las propuestas en el documento final. En ese sentido, no es posible alegar la existencia de “cocinas” en las propuestas del informe, pues se utilizaron adecuados mecanismos de participación abiertos para todo tipo de organizaciones, incluso políticas. Es por ello que Revolución Democrática no se restó de esta instancia y formuló ante el Consejo, la necesidad de instalar una “cultura de la transparencia” como primera respuesta y reacción de la institucionalidad frente a la regulación entre el dinero y la política.

Es más, como actores políticos enfatizamos que el desafío que propone la “Comisión Engel” trasciende lo legal y organizacional del Estado. Es un desafío sistémico que nos involucra a todos y todas en comprender e interiorizar la magnitud de los cambios que se requieren para sortear el fenómeno de la corrupción.

Parte de las tareas necesarias para perfeccionar la democracia implica elevar los estándares de transparencia a todo nivel, actuar en consecuencia con ellos -especialmente los dirigentes y representantes políticos- y aportar en la formación política y consciente de la ciudadanía desde todos los espacios de colaboración e incidencia y poder así exigir y demandar al gobierno -y al Congreso-, el cumplimiento no sólo de la agenda, sino que también de su correcta implementación.

Esto pasa por apoyar los cambios, participar en los procesos políticos e institucionales de reformas políticas -que culminarán necesariamente en una nueva Constitución-; asumir el desafío de reconstruir espacios de confianza entre todos actores políticos, y así elaborar una agenda coherente con un relato de probidad y transparencia.

Por lo tanto, los desafíos que tenemos por delante no pasan solo por luchar con activismo, sino que también colaborando en la unión de criterios en torno a las reformas estructurales necesarias para el país. El problema no es qué hacer, sino cómo priorizar.

Constanza Guerrero

Justine Requena

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