Escribo estas líneas con mucha pena. A estas horas, la inmensa mayoría de Chile ya se ha enterado de la muerte de Daniel Zamudio. Un chileno más. Y la pena que tengo es porque hoy en Chile somos menos por la muerte de uno de los nuestros.
Tristeza como ésta es el que siento también cuando recibo noticias de que en África han quemado vivos a católicos mientras asistían a su Iglesia (y como católico, entiendo lo que significa perder a un miembro de mi comunidad). Es también parecido a las ganas incontenibles de llorar que uno siente cuando es recordado de la brutalidad del hombre en contra del hombre como el que uno conoce cuando visita el Museo del Holocausto en Washington DC, o sin ir más lejos, en nuestro propio museo de la memoria.
En síntesis, la pena que siento hoy es la que todo ser humano no sociópata siente cuando uno de nuestros hermanos ha dejado de existir. Mi pena por Daniel Zamudio es la pena por la perdida humana que todos de alguna u otra forma hemos experimentado, especialmente cuando su causa no tiene ninguna justificación posible. Hoy mis oraciones, como todos los días hace casi un mes, encomiendan a Daniel Zamudio y su alma, así como a toda su familia en su dolor.
Ante la muerte de Daniel nuestra reacción colectiva inicial es clamar por Justicia. ¡Y qué razón tienen los que la piden! Pero en este momento de dolor sería de cobardes guardar silencio y permitir que, movidos por el dolor de muchos y el aprovechamiento malicioso de otros, se produzca una nueva injusticia y violación a los DDHH que se fragua en nuestro Congreso Nacional.
Me refiero obviamente a la Ley de No Discriminación. Más de alguien me ha preguntado como es que puedo estar en contra de la no discriminación. Y mi respuesta es siempre la misma. Tan en contra estoy de la distinción injusta respecto de toda persona que evito a toda costa hacerlo. Tal vez el comentario venga de cerca, pero en momentos como estos es que TODOS debiésemos mirar en nuestras conciencias y pensar no solo si nos reímos o no con el chiste de judíos que nos contaron, sino que porque no tuvimos los huevos de pararle los carros al que lo contó.
Pero del hecho de estar en contra de la discriminación injusta y arbitraria no significa que esté de acuerdo con una política pública como la que se plantea que es innecesaria, redundante, injusta y totalitaria. Oponerse a la LDND no es una causa de conservadores. Es el deber de quienes dicen levantar la voz por la Libertad Fundamental de las personas y de los Derechos Esenciales de los chilenos.
Distingamos. El proyecto de ley discutido me lleva (a mi y a tantos más) a oponernos por aquello que la ley no logra, y particularmente por todo aquello que sí cambia..
La LDND no habría cambiado de ninguna manera la muerte de Daniel Zamudio. La opinión abrumadoramente mayoritaria de los comentaristas que no han tomado partido sobre la materia coincide en señalar que este recurso es innecesario en términos de los mecanismos legales que consagra. Esto es así por dos razones.
Primero por el hecho de que la Acción de no discriminación arbitraria que se busca crear cumple exactamente los mismo fines que nuestro Recurso de Protección, pero con la salvedad que hoy se pretende que sea interpuesta ante los Juzgados de Letras y no las Cortes de Apelaciones. Esto no tiene ningún sentido desde la perspectiva de la operatividad de la ley. Los juzgados civiles tienen una carga laboral aún mayor que la que tienen las Cortes de Apelaciones. Además, sus jueces carecen de la capacitación especializada que sí tienen los Ministros de Corte, en parte la razón por la cual han llegado hasta dicha posición. La acción que se intenta construir no alcanzaría ningún objetivo nuevo que no pudiera ser alcanzado por las normas que ya existen en nuestro ordenamiento jurídico. Así lo han señalado de manera expresa tanto los peritos que han informado en el Congreso como la misma Corte Suprema de nuestro país en dos oportunidades distintas durante la tramitación.
Por otra parte, ¿Habría cambiado la situación de Daniel si la agravante penal que contempla el proyecto de ley existiera actualmente? La respuesta es que no. Daniel murió por culpa de un grupo criminal que cometió un homicidio calificado y lo cometió con agravantes. La pena que contemplan es la más alta de nuestro país y a menos que los proponentes de la ley quieran volver a la pena de muerte, eso es lo más alto que íbamos a llegar.
Pero ante esto alguien podría decir, razonablemente, que nada malo podría suceder del hecho que tengamos más regulación sobre la no discriminación y la creación de una agravante penal. Eso me lleva a mi segundo punto. Los defectos de la ley por lo que sí hace.
El proyecto en su estado actual hace una inversión absoluta del principio de igualdad por el cual se nos reconoce a todas las personas como libres e iguales en dignidad y derechos y permite que el Estado o cualquier persona realicen distinciones SOLO EN LA MEDIDA que sean justificadas y no arbitrarias.
Pero el proyecto de ley cambia éste estándar y consagra una serie de categorías a partir de las cuales se entiende ESPECIALMENTE que se realiza una distinción arbitraria o injusta. Eso significa que todas las personas que aleguen pertenecer a alguna de las categorías sospechosas consagradas en la ley parten con la ventaja de que los Juzgados asuman que la distinción que alguien ha hecho respecto de ellos es por el solo hecho de distinguir injusta y arbitraria. Esto significa que toda persona que sea demandada comienza en calidad de culpable el juicio, estando obligado a probar su inocencia (¡culpable hasta que te pruebes inocente!).
Pero lo más grave de todo es que se convierte en una herramienta para castigar el pensamiento.
La intención declarada de promotores del proyecto# es convertir la igualdad y la no discriminación en un valor absoluto que no cede ante ningún tipo de distinción, cambiando los principios del derecho vigentes en nuestro país.
No somos alarmistas. Simplemente hacemos el mismo ejercicio de mirar al resto del concierto mundial (igual como lo hacen día a día los que apelan a legislar para parecernos a los “países más desarrollados”). Así, por ejemplo, encontramos casos reales en países con legislaciones similares como Estados Unidos, donde un Doctor evangélico es obligado a practicar inseminación artificial a una pareja de lesbianas o bien perder su licencia profesional si mantenía su oposición basada en una objeción de conciencia. ¿Qué resolvió el juez? Que EL DERECHO FUNDAMENTAL del Médico para pensar y vivir su vida y ejercer su trabajo conforme a su credo y razonamiento moral (no colaborar con lo que él califica de malo) cedía necesariamente ante la orientación sexual de las demandantes y que solo le quedaba realizar el servicio o sufrir las consecuencias.
Dicho de otra forma, ante estas nuevas categorías el Estado podría forzarnos a actuar en contra de nuestras conciencias y convicciones o bien sufrir por ello. Y así podemos sumar a la lista de ejemplos los cierres de colegios judíos que se rehúsan a integrar a no judíos (pues la igualdad radical no permite que ellos solo enseñen a los que comparten su fe), posaderos forzados por el Estado a prestar sus habitaciones de su casa para que una pareja gay tuviera sexo (obligándolos a colaborar con lo que ellos conciben como malo), etc.
En definitiva, esto nos lleva por el camino de rendir nuestra libertad y nuestra conciencia al Estado que se atribuye para sí el poder de decirle a cualquier ciudadano que lo que cree está mal y que, o bien adopta la visión moral oficial del Estado, o bien se atiene a las consecuencias de ello. Usted es libre de pensar como quiera, pero lo que usted piense no puede traducirse en la forma en que decide vivir su vida ni relacionarse con el resto.
A lo anterior se le suma lo señalado por la Senadora Lily Pérez, líder de los legisladores termocéfalos que anuncian proyectos de ley al son de las noticias del día, quien desde ya compromete su esfuerzo no solo por la no discriminación, sino que por la creación de un nuevo tipo penal que sancione a el que “por cualquier medio o manifestaciones o expresiones destinadas a promover odio, desprecio, hostilidad o amedrentamiento respecto de personas o colectividades…” ¿Y quién define el odio? Bueno, los beneficiarios de la ley por supuesto. Así sucede en Inglaterra y tantos otros países en que hombres del clero son arrestados por predicar la doctrina de sus propios credos, pues se ha calificado como odioso y discriminatorio pensar y profesar que los actos homosexuales son malos#. Nada de esto es un invento.
Lo que todos necesitamos es educación, y no control mental (los fanáticos de Roger Waters debieran escuchar sus letras que se aplican también a éste caso). Aspiremos al respeto y a la no violencia. Es una meta loable. Pero hacerlo por la vía de la imposición judicial y de la sanción a quien piense distinto no es otra cosa que la supremacía de unos por sobre otros de forma ilegítima e injusta por medio de una usurpación de poderes por parte del Estado que se arroga la función de dictar que se ha de pensar o no pensar, decir o no decir, y hacer o no hacer.
Finalmente, y se que he sido extenso pero un debate así exige incluso más, me gustaría que todos reflexionemos acerca del sentido de la diversidad. Soy católico y heterosexual. Pero los aportes que yo pueda hacer a nuestra sociedad y su construcción no están dados ni por lo uno ni por lo otro. El valor que tengo para Chile está dado primero y por sobre todo porque soy persona. Una ley como ésta no construye diversidad, sino que solo logra que todos nos encasillemos y nos reduzcamos de ser personas a ser gay, judío, peruano, de clase media o atractivo. Eso es reduccionismo, y todos valemos más que eso.
