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Opinión

Un mall con subsidios del Estado

Un mall con subsidios del Estado Un mall con subsidios del Estado

¿La Cámara de Diputados se atreverán a citar a los funcionarios públicos que firmaron tan desmedido contrato de concesión con una de las poderosas empresas que han sido contribuyentes de la casta política?

Patricio Herman

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Presidente Fundación Defendamos la Ciudad

Por estar en desuso de sus actividades portuarias el muelle Barón en Valparaíso, espacio público en donde estaba el primer ferrocarril, ahora se está modernizando. En efecto, los despabilados directivos de la estatal Empresa Portuaria Valparaiso (EPV), propietaria de ese amplio terreno, tomaron la decisión de concesionarlo para que una empresa privada santiaguina lo explotara comercialmente y así fue como la sociedad anónima Plaza Valparaíso, retoña de la experta en retail Falabella S.A. obtuvo el negocio en noviembre de 2006, como vemos, diez años atrás.

Tiempo después, el 18 de enero de 2013, el Seremi de Vivienda y Urbanismo de la 5ª Región, tal como lo manda el artículo 60º de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, autorizó la intervención de la Bodega Simón Bolívar, inmueble de Conservación Histórica localizado en el predio concesionado y sobre la marcha, el 14 de febrero de 2013, la Dirección de Obras de la Municipalidad de Valparaíso, con una serie de errores involuntarios, le otorgó a la EPV el permiso de edificación Nº 79 con el cual el privado favorecido iniciaría las faenas respectivas. Se trata del polémico mall Plaza Barón, copia idéntica de sus hermanos situados en Santiago y otras ciudades del país.

Pues bien, desde siempre se ha sabido que en ese lugar existen diversos restos arqueológicos del tipo ferroviario, portuario y vestigios de barcos que naufragaron en diferentes épocas, aparte de infraestructuras costeras. El arqueólogo Hernán Ávalos, señaló que allí también se encontraban sobras de origen prehispánico, lo que ha sido compartido por el académico Salvador Donghi y sobre todo ese patrimonio en enero de 2006 emitió una opinión oficial el propio Consejo de Monumentos Nacionales (CMN).

Sin ir más lejos, en la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) Nº 23 del 24/01/05, asociada a la modificación del Plan Regulador Comunal (PRC) de Valparaíso, sector Barón, textualmente se lee:

b) Patrimonio Arqueológico

b.1) Los terrenos de la propuesta de modificación presentan un importante patrimonio arqueológico, producto del relleno efectuado para su construcción, el que se realizó, de acuerdo a la información histórica registrada actualmente sobre abundantes restos, entre los que se encuentran: las obras de canalización del antiguo estero de las delicias; Naufragios registrados en el área del relleno (muchos de los cuales sirvieron de base para su realización); Obras de infraestructura costera (Por ejemplo: Muelle de carbón, infraestructura industrial, entre otros); restos de arqueología histórica (por ejemplo: Antiguas baterías costeras).

b)2 Se incorpora como un anexo en la Memoria Explicativa, Catastro (restos de Naufragios y de estructuras marinas en el Almendral), para que sea entregado como INFORMACIÓN Previa de acuerdo al Artículo 1.4.4 de la OGUC y C a los titulares de los proyectos que se vayan a desarrollar en esta área.

En todo caso es indispensable señalar en este abreviado relato lo que dice el artículo 20º de la Ley Nº 19.542, de Puertos : “Las empresas, en caso alguno, podrán obtener créditos, subsidios, fianzas o garantías del Estado o de cualquiera de sus organismos, entidades o empresas, sino en los casos en que ello fuere posible para el sector privado y en iguales condiciones. Asimismo, las empresas no podrán otorgar subsidios o subvenciones de ninguna naturaleza a las inversiones de terceros en los puertos y terminales de su competencia”, pues a la luz del mismo demostraremos como la estatal EPV y la empresa privada Plaza Valparaíso han mentido en una nueva y reciente modificación del contrato, llevado a escritura pública del 21/01/16, que ajusta algunas de sus cláusulas.

Para justificar ciertos subsidios estatales, ambas empresas dicen en este nuevo contrato que en el área de concesión se hallaron (sic) objetos de cierto valor arqueológico, lo que fue informado al CMN, organismo que por ello debió exigir un Plan de Gestión Arqueológica (PGA), instancia que las partes aprovecharon para dejar por escrito una crítica al CMN por su presunta práctica burocrática en la tramitación de sus requerimientos.

A este “hallazgo” en el subsuelo, con grandilocuencia los firmantes le llaman “imprevistos irresistibles”, señalando que se sorprendieron al saber que allí existían esos restos patrimoniales y que estaban molestos porque a esa fecha -21/01/16- el CMN no aprobaba el PGA. Oficiosamente hemos sabido que en el mes de julio pasado fue autorizado dicho PGA, el que será financiado íntegramente por la estatal EPV a pesar de que no le corresponde por tratarse de una obligación del privado que lucrará con la explotación del mall y además porque la Ley de Puertos impide tal pago.

También la EPV se hará responsable por los costos que irroguen los derechos que EFE o Merval requieran por los atraviesos necesarios para los accesos del terreno concesionado y esperamos que, al menos, los dineros de la construcción de los mismos sean de cargo del privado.

La guinda de la torta es la que tiene que ver con la ejecución de las obras de protección costera y enrocados para paliar las consecuencias de las marejadas en el área que ocupará el mall y en tal sentido se acordó que el desarrollo y ejecución de ese proyecto de ingeniería que podría evitar la inundación del sector tenía que ser financiando exclusivamente por la generosa EPV y que esa suma debería ser del orden de las UF 30.000.

Los directivos de EPV han anunciado que en octubre próximo se inician las faenas del mall y destacamos que en Chile, para hacer buenos negocios, lo óptimo es la connivencia pública-privada. Así las cosas, aprovechamos de proponerle a los diputados que, haciendo gala de sus prerrogativas fiscalizadoras, le pregunten en una Comisión Investigadora, al presidente de la EPV y a sus colaboradores inmediatos, la razón de tanto derroche de plata a favor de la influyente Falabella S.A.

Ante esta proposición a la Cámara de Diputados ¿sus miembros se atreverán a citar a los funcionarios públicos que firmaron tan desmedido contrato de concesión con una de las poderosas empresas que han sido contribuyentes de la casta política? Estimamos que no, pero el desafío se formuló.

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