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Universidad Católica: desde su identidad al servicio de la sociedad

Universidad Católica: desde su identidad al servicio de la sociedad Universidad Católica: desde su identidad al servicio de la sociedad

Oponerse al aborto, por cierto, no debe hacernos cerrar los ojos ante el drama que viven las mujeres enfrentadas a embarazos vulnerables. Muchas veces, en este contexto, las madres son empujadas por factores sociales, económicos o de violencia, a ver el aborto como una posible solución. Pero en estos casos, ofrecer como alternativa el aborto es una medida que no toca la raíz del problema.

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Movimiento de Participación Estudiantil de la Pontificia Universidad Católica de Chile.

La semana pasada representantes de Crecer, plataforma de izquierda de la Universidad Católica, expresaron su rechazo a través de El Dinamo a las declaraciones del Rector Ignacio Sánchez respecto a la negativa de la red de salud UC a hacer abortos, por considerarlas “poco democráticas” y “sumamente conservadoras”. Como Solidaridad, movimiento político de participación estudiantil, consideramos que en la carta mencionada se distorsiona el debate al no distinguir los distintos planos en que éste se da. Crecer confunde la decisión de la Universidad Católica de hacer o no abortos con demandas sindicales y problemáticas internas de ciertas Escuelas, bajo la excusa de ser parte de una Universidad poco democrática. A nuestro parecer, no distinguir los planos de participación de los estudiantes, académicos, funcionarios y autoridades de la Universidad es no entender realmente la democracia.

La base del proyecto político de Solidaridad es la defensa de la dignidad propia de todo ser humano y, por lo mismo, el debate del proyecto de ley no nos deja indiferentes. Dado lo anterior, nos parece un error de Crecer centrar la discusión en la negación de la UC a practicar abortos, pues esto exige como punto de partida aceptar esta práctica como una realidad jurídica. El foco central de la discusión es el aborto y su rechazo se justifica mediante la defensa de una vida humana inocente, cuya etapa de desarrollo y dependencia de la madre no disminuyen ni modifican su calidad de ser humano. Al legislar, nuestros políticos deben considerar a ambos participantes del embarazo, madre e hijo, como iguales en dignidad y derecho, como lo establece nuestra Constitución. De este modo, es injusto e inconstitucional sacrificar la vida del hijo en nombre de la autonomía condicionada de la madre.

Oponerse al aborto, por cierto, no debe hacernos cerrar los ojos ante el drama que viven las mujeres enfrentadas a embarazos vulnerables. Muchas veces, en este contexto, las madres son empujadas por factores sociales, económicos o de violencia, a ver el aborto como una posible solución. Pero en estos casos, ofrecer como alternativa el aborto es una medida que no toca la raíz del problema. Estar a favor de la vida implica promover políticas con un fuerte contenido de justicia social que, entre otras cosas, mejoren el sistema de adopción, apoyen embarazos vulnerables y se hagan cargo de las violaciones que ocurren dentro del hogar, por sólo mencionar algunas de las tantas medidas urgentes. Pensar que el aborto solucionará todos estos problemas es no preocuparnos del tema de fondo, e ir en perjuicio de la justicia y de ese niño que está por nacer, tal como hemos expuesto en otras ocasiones.

Ahora bien, lo central de la carta de Crecer es la carencia de democracia y autoritarismo de la Universidad Católica. Respecto a este punto, en primer lugar es necesario aclarar que la democracia parte por reconocer a todos los hombres iguales en dignidad y derecho. Por lo tanto, sin el respeto a la vida desde la concepción no hay una real democracia. Debemos comprender que la democracia tiene como límite los derechos fundamentales del hombre, los cuales no pueden ser pasados a llevar por la mayoría de turno. Una ley nunca será justa, por muy democrática que sea, si pasa a llevar el derecho a la vida. En segundo lugar, para que exista un verdadero pluralismo democrático –tan anhelado por Crecer-, una exigencia mínima a la autoridad es resguardar el derecho de las diversas comunidades e instituciones educativas de impartir la visión que las inspira, protegiendo la identidad de una organización. Esto permite que exista diversidad de pensamiento en la sociedad, por medio de agrupaciones y comunidades intermedias con idearios propios. La identidad de nuestra Casa de Estudios es precisamente el sustento sobre el cual actúa y desde donde inicia su acción. Por lo mismo, debemos respetar y promover que cada institución se desarrolle de un modo coherente con su visión, sin dejar de considerar la participación de toda la comunidad como parte de su propio proyecto.

Desde Solidaridad llevamos cinco años transmitiendo la urgencia por poner la UC al servicio de Chile, pero esto debe entenderse desde su identidad institucional. Esto no implica un rechazo a la democracia (sino todo lo contrario), pero sí requiere aceptar que hay principios necesarios para la existencia de ésta, como la defensa a la vida y el apoyo a los más vulnerables. Como una universidad católica, ésta contribuye al bien común mediante la formación de personas y generación y transmisión de conocimiento desde una visión de hombre y sociedad acorde a su misión. Defender estos principios, como la dignidad de la persona humana y la justicia social, que son de conocimiento público, no nos parece en lo absoluto criticable como interpretativo o inflexible.

A lo largo de la columna intentamos explicar, de manera breve, las diferencias de opinión que tenemos en estas materias con Crecer. A pesar de los distintos temas, lo relevante es centrar la discusión en el proyecto de ley y la posibilidad de que en Chile se legalice el aborto. No asumiremos esta práctica como una realidad legal, sin antes exigir y trabajar por avanzar hacia una verdadera defensa de la vida, mostrando que con un compromiso real con la justicia y, en particular, con los más débiles, es posible avanzar hacia un desarrollo humano integral de todos los chilenos. Como comunidad estamos en deuda frente a la realidad de los embarazos vulnerables. Es deber de toda la sociedad dejar de invisibilizar este problema generando, entre otras alternativas, un acompañamiento efectivo y políticas públicas que vayan en favor de la vida de todos los involucrados.

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