Las terribles historias de mujeres en el país con las leyes más duras contra el aborto

Cuando tenía 17 años, Carmen Guadalupe Vásquez Aldana fue violada por un vecino de la casa donde trabajaba como empleada domestica. Sin embargo, no denunció el crimen debido a las amenazas del hombre.

Pasaron los meses y comenzó a sufrir una serie de hemorragias, a pesar de ello sus empleadores no le dieron permiso para ir a dar a luz. Finalmente el bebé nació muerto en la casa de sus jefes, quienes la llevaron al hospital porque no querían dos muertes.

Despertó al otro día esposada a una cama, acusada de dar muerte a su bebé, sin que se le diera la oportunidad de explicar todo lo sucedido.

 Los policías le decían: ‘Si esta fuera mi mujer, yo ya le hubiera volado la cabeza’. O sea, criticándome sin saber cómo fue porque no estuvieron conmigo ellos cuando me sucedió lo que me sucedió. Me estaban criticando sin saber“, recordó en conversación con BBC Mundo.

Condena

Fue detenida y enjuiciada por una corte salvadoreña que la condenó a treinta años de cárcel. Luego de  siete años y tres meses presa, recibió un indulto luego de que las autoridades reconocieron “errores judiciales” en la acusación inicial.

Este es sólo un ejemplo de lo que sucede en El Salvador, uno de los países con las leyes más estrictas y duras respecto a este tema. Donde incluso los médicos pueden arriesgar cárcel en caso de realizar un procedimiento sospechoso.

Las condenas por abortar en este país, son de ocho años, sin embargo pueden alcanzar los 30 años cuando se considera que el hecho fue un homicidio agravado como el caso de la joven.

Así como Carmen son muchos las mujeres que hoy se encuentran en prisión acusadas de este delito. Según la Agrupación Ciudadana para la Despenalización del Aborto, al menos 129 mujeres fueron condenadas por delitos relacionados con el aborto entre 2000 y 2011, de estas 26 enfrentan cargos por asesinato.

Derechos

Las cortes salvadoreñas están llenos de casos similares, algo que ha generado temor en la ciudadanía, donde incluso un aborto espontaneo puede llevar a una mujer a la cárcel.

“Ha surgido un ambiente de inseguridad jurídica porque ahora las denuncias que surgen de los hospitales son incluso por abortos espontáneos o partos extrahospitalarios espontáneos en donde se presume la culpabilidad de las mujeres desde un primer instante”, le dice a BBC Mundo el abogado Dennis Muñoz, quien agrega que se trata de una  situación donde “se vulneran derechos a la salud, a la vida y al debido proceso”.

Ya las organizaciones sociales han logrado reunir más de 300 mil firmas para despenalizar el aborto en ese país. Reclamos que se han sumado a las palabras del presidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes, quien ha dicho que la legislación del país es “medieval”.

Una situación que ha hecho surgir profesionales que trabajan en la clandestinidad, para atender los casos donde hay un caso de violación o la imposibilidad médica que un bebé o la madre sobreviva.

Uno de ellos el llamado Dr. Infierno, quien asegura que atiende al menos 3 abortos al mes, cobrando mil dólares a quienes tienen los recursos, y nada quienes no los tienen.

“Como profesional de la salud le doy el seguimiento en base a lo que ella quiera…Si de repente me dice: ‘Mira, este embarazo es un problema para mí’, yo le puedo ofrecer otro tipo de ayuda a pesar de las leyes vigente” asegura el médico a BBC Mundo.

Religión

El Salvador es un país profundamente religioso donde 50% de la población se considera católica y otro 35% es cristiana evangélica. por eso la voz de la iglesia tiene un peso enorme al momento de legislar sobre el aborto, algo que era permitido hasta el 1998 antes de la llegada al poder del partido Conservador.

Sobre el tema la Iglesia Católica es clara, tal como lo señala el obispo auxiliar de San Salvador, Gregorio Rosa Chávez, quien señala “Toda vida humana es sagrada. Eliminarla es un asesinato. Y si hay dos vidas en peligro, madre e hijo, hay que salvar la vida del más débil, del hijo“, le dice a BBC Mundo.

Sin embargo, para gran parte de la población la legislación es retrograda, abusiva y no distingue entre las mujeres que se realizan abortos y  quienes pierden a sus bebés por problemas de salud durante el embarazo, por lo que todas las futuras mamás podrían enfrentar años de cárcel en caso de perder a sus hijo.