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11 de Febrero de 2014

Tribunal Superior de Londres falla a favor de la viuda de espía ruso envenenado

El Gobierno tiene hasta el viernes para decidir si apela esta decisión judicial, que podría abrir la vía a una pesquisa pública a la que Londres siempre se ha negado alegando razones de seguridad nacional.

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El Tribunal Superior de Justicia de Londres falló hoy a favor de Marina Litvinenko, viuda del exespía ruso Alexander Litvinenko, quien reclama una investigación pública del asesinato de su marido en Londres en noviembre de 2006.

La corte determinó que la decisión del Gobierno británico de no autorizar una investigación pública de la muerte de Litvinenko no ha sido suficientemente bien argumentada y le pidió que la revise.

El Gobierno tiene hasta el viernes para decidir si apela esta decisión judicial, que podría abrir la vía a una pesquisa pública a la que Londres siempre se ha negado alegando razones de seguridad nacional.

Alexander Litvinenko murió el 23 de noviembre de 2006 envenenado con la sustancia radiactiva polonio-210, tras haber tomado té en un hotel de la capital con tres antiguos colegas del KGB ruso.

Hasta ahora, el ministerio del Interior ha rechazado autorizar una investigación judicial pública sobre el caso, con el argumento de que primero debe terminar la llamada investigación forense, que está presidida por un juez forense y ha de determinar las circunstancias de la muerte del exagente.

No obstante, el juez que dirige está pesquisa, Robert Owen, ha pedido personalmente que se efectúe una investigación pública con testigos, pues la suya se ha visto restringida por el veto del Ejecutivo a divulgar documentos confidenciales, en aras de la seguridad nacional.

Al pronunciar su dictamen, los tres jueces del Tribunal Superior señalaron que “las deficiencias en el razonamiento son tan sustanciales que la decisión no se sostiene”.

A la salida de la corte, la viuda de Litvinenko se confesó “muy contenta” con el dictamen.

“Es increíble. Demuestra que no había ninguna razón para decir que no tenía derecho a una investigación pública”, declaró Marina Litvinenko, quien pidió al Gobierno que “acepte la decisión”.

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