Justicia egipcia confirma la horca para 183 islamistas en polémico juicio

La justicia egipcia confirmó este sábado la pena de muerte para 183 supuestos seguidores de los Hermanos Musulmanes, entre ellos el líder de la organización, Mohamed Badía, en un juicio masivo que ha sido criticado por los abogados y organismos de derechos humanos.

Otras 496 personas, de un total de 683 acusados, fueron absueltas, mientras que a otras cuatro les aplican la cadena perpetua, en el fallo definitivo leído hoy por el presidente de la Corte Penal de Minia, Said Yusef, según la agencia oficial Mena.

“Cuando revisé la sentencia me di cuenta de que se ha hecho un castigo masivo: se ha cogido una lista de nombres y se ha decidido que a un número determinado se le dará una pena concreta”, explicó Jaled al Komi, abogado del condenado a muerte Murdi Mahmud.

Su cliente, en prisión provisional, no reconoce la sentencia, explicó el letrado, quién aseguró que se trata de un fallo “irregular”.

El magistrado, conocido como el “juez de las ejecuciones” por las múltiples sentencias a la horca que ha emitido en los últimos meses, recomendó la pena de muerte para los acusados del caso y lo remitió al gran muftí de Egipto, Shauki Alam, el pasado 28 de abril para que este diese su dictamen no vinculante.

La Fiscalía los acusaba del asesinato de un policía en los actos de violencia registrados el pasado agosto cerca de una comisaría de la aldea de Al Adua, tras el desmantelamiento de campamentos islamistas.

“Es un juicio masivo basado en la nada, porque no se ha investigado uno a uno a los acusados, ni siquiera se preocuparon por conocer qué pasó en general”, lamentó el letrado.

Una veintena de familiares, en un ambiente de pesimismo e indignación, se concentraron a las puertas del tribunal para escuchar el veredicto definitivo del juez.

Los familiares de dos cristianos coptos, a los que se acusaba de ser seguidores de la Hermandad, vivieron momentos dramáticos después de que uno de ellos fuese sentenciado a muerte y el otro absuelto.

Los abogados que salieron a la puerta a anunciar la sentencia no supieron comunicar a la familia cuál de ellos había sido condenado a la horca, lo que provocó reacciones de histeria entre los congregados.

La organización Amnistía Internacional (AI) criticó la sentencia y, en un comunicado, explicó que “esto evidencia la alarmante actitud cada vez más politizada y arbitraria de la justicia egipcia”.

La organización, que tuvo un representante siguiendo el juicio, describió el fallo como “el último ejemplo de cómo se aplasta la disidencia” y pidió anular las condenas y celebrar un nuevo juicio.

El mismo juez, en otro caso distinto, dictó la pena capital el pasado mes de abril para 37 personas y sentenció a cadena perpetua a otras 491, a los que halló culpables de atacar edificios gubernamentales e iglesias en la población de Matay, también en Minia.

Un portavoz de los Hermanos Musulmanes, que pidió el anonimato por temor a la persecución que sufren los miembros de su grupo, tildó de “politizada e ilógica” la decisión del juez.

“¿Cómo puede ser que por la muerte de un individuo, que ni siquiera está demostrado que haya sido a manos de manifestantes, se condene a muerte a 183 personas?”, se preguntó el islamista.

Advirtió de que este tipo de sentencias no les frenarán y de que “los manifestantes prodemocracia, entre los que están los Hermanos, continuarán sus actividades pacíficas a pesar del cruel trato de las fuerzas de seguridad”.

Mientras se leía el fallo en Minia, el Presidente del país, Abdelfatah Al Sisi, presenciaba un desfile de la policía en El Cairo y enviaba un mensaje a los jóvenes que se incorporan a las fuerzas de seguridad: “El Ejército, la Policía y el pueblo siempre irán de la mano”.

La sentencia coincidió además con la llegada a Egipto de una delegación estadounidense previa a la visita oficial mañana a El Cairo del secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, en su primer viaje a este país desde la victoria de Al Sisi en las presidenciales de mayo.

Egipto ejecutó el pasado jueves a tres acusados de asesinato, en la primera aplicación de la pena máxima desde que Al Sisi asumió el cargo y desde la última ejecución conocida hasta ese momento, en octubre de 2011. Para que se proceda a ejecutar las penas, el Presidente debe dar antes su visto bueno a esas polémicas sentencias.