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Nacional

Penales concesionados: la deuda pendiente

Por 9 de Diciembre de 2010

Cuando el ex presidente Ricardo Lagos anunció la extensión del sistema de concesiones al mundo penitenciario, todos aplaudieron. No hubo sector que no creyera en el modelo. En ese entonces la participación del mundo privado en obras públicas ya estaba robusto, por lo que no fue raro extenderlo hacia las cárceles. El tiempo pasó y cuando los plazos entregados a las constructoras venció, aparecieron las dudas y las críticas. 

 

Hoy debieran estar operativas 10 cárceles con estándares nunca antes vistos en nuestro país, pero son sólo siete los recintos que están en funcionamiento.

 

Las demoras y reclamos motivaron que el 2008 se creara una Comisión Investigadora en la Cámara de Diputados. Ésta expuso irregularidades en el diseño, coordinación y gestión de los procesos de construcción de la nueva infraestructura.

 

El diputado Felipe Ward (UDI) fue uno de los investigadores. Para él lo ocurrido con las concesiones “es la demostración del fracaso de la política carcelaria de la Concertación. Lagos prometió que se haría la mayor  transformación desde que Chile es Chile, y queda claro que no ha sido así”.

 

 
En parte, la Comisión está de acuerdo con los dichos de Ward. En su informe señala que “no hubo una política completamente seria en relación a la implementación del proceso de cárceles concesionadas” ,y agrega que “la puesta en marcha del proceso obedeció a lógicas poco técnicas”.

 

 
Uno de los problemas más graves en el proceso de construcción lo vivieron las pequeñas y medianas empresas mandatadas por las constructoras. Varias de las pymes terminaron quebradas o agonizantes, pues la Ley no contemplaba una solución de controversias entre privados. Esto obligó a judicializar las diferencias.

 

El caso más complejo se presenta en torno a la construcción de la cárcel de Antofagasta.  La empresa Las Acacias, encargada de la obra, abandonó las faenas por falta de recursos. Esto dejó en el aire a unas 20 pymes locales y, lo que debió ser un recinto operativo el 2007, hoy todavía no está terminado.  En este sentido, la Comisión Investigadora determinó que “el Estado tomó una actitud pasiva” frente al conflicto, lo que ayudó al retraso de las obras.

 

 
Pero las imperfecciones del sistema no se detienen ahí. La Ley permitió la concesión a empresas con capital menor a la obra ofertada, lo que a juicio de la Comisión dejó fuera a competidoras más eficientes en el rubro de la construcción.

 

Suma y sigue. Un punto muy discutido fue el aumento en los pagos que debió realizar el Fisco a las concesionarias por aumentos de obras. Las constantes ampliaciones solicitadas por el Estado cambió el diseño original de muchas de las cárceles, lo que hizo crecer su costo final.

 

 
Para el Instituto Libertad y Desarrollo, los retrasos se deben principalmente a  “la mala gestión de los últimos gobiernos en el diseño y coordinación de los procesos de construcción”. Si bien defienden el sistema de concesiones, critican lo que para ellos es “improvisación”.

 

Pero no todos están en desacuerdo con el proceso que se llevó a cabo. Abel Jarpa (PRSD) fue el único miembro de la Cómisión Investigadora que votó en contra del informe.  El parlamentario coincide en que el sistema debe mejorarse, pero aclara que “el país necesitaba construir cárceles y no existían los recursos. En esa lógica, el sistema de concesiones es  bueno”. El parlamentario agregó que “sin el aporte de privados, no se habría construido nada” . Respecto a la diferencia en los costos iniciales y los finales de cada una de los recintos, Jarpa afirma que “el sistema aseguró que cada metro cuadrado construido fuese más barato que si hubiese sido implementado por el Ministerio de Obras Públicas”.

 

El país ha aprendido de los errores y parte de los problemas están resueltos en la nueva Ley de concesiones. Para evitar que se gaste más de lo establecido, se obligó a que cada nuevo aumento de obra debe ser licitado. Además, los diseños deberán estar claramente establecidos con anterioridad.

 

Al terminar la construcción de la cárcel en Antofagasta, proyectada para junio de 2011,  el país contará con ocho recintos construidos por privados. Se trata de Iquique,  La Serena, Rancagua, Santiago 1, Concepción, Valdivia y Puerto Montt, lo que para los expertos en ningún caso solucionará el déficit de infraestructura carcelaria.

 

El Gobierno ya anunció la instalación de cárceles modulares que alojen a reos de baja peligrosidad. Con ellas se espera avanzar a un sistema penitenciario seguro, digno y sustentable.  

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