Allanan los municipios de Maipú y Cerro Navia por investigación de delitos contra patrimonio fiscal

Seis oficiales de la Policía de Investigaciones realizaron diversas diligencias en los municipios de Maipú y Cerro Navia en el marco de las investigaciones por delitos contra el patrimonio fiscal que desarrolla la Fiscalía Oriente. 

Estas pesquisas se centraron en las oficinas de los alcaldes Christian Vittori y Luis Plaza, y de parte del equipo de concejales de ambas comunas.

Durante la diligencia, las puertas del edificio se mantuvieron cerradas y solo se permitió el paso de algunos funcionarios con identificación, mientras los trabajos de los efectivos se realizaron bajo reserva.

A través de un comunicado, el Ministerio Público informó que “se solicitó, obtuvo y ejecutó una autorización judicial para entrar y registrar 23 inmuebles, en el marco de una investigación penal que desarrolla por diversos delitos que afectan el patrimonio público, entre otros, y que se instruye en la Fiscalía Local de Maipú”.

“El procedimiento se llevó a cabo en dependencias de dos municipios y 20 recintos particulares que están asociados a objetivos propios de la investigación”, sentencia.

El alcalde de Cerro Navia, Luis Plaza, aseguró que “no tengo nada que esconder” y que “el documento que me pidan lo voy a entregar”.

En el caso de Maipú, la investigación que realiza la fiscal Tania Mora se originó por irregularidades en los pagos de contratos para el retiro de basura, publicado hace tres años por el portal Ciper.

El año 2011 el Concejo Municipal de Maipú se inclinó por la oferta de KDM en la licitación del relleno sanitario por cinco años con ocho votos a favor, dos de rechazo y una abstención, luego de que la empresa ofreciera recibir los residuos en su relleno de Til Til por un precio de $8.981 por tonelada de basura.

Con una producción de aproximadamente 230 mil toneladas de residuos por año, Maipú le paga a KDM cerca de $2.065 millones anuales y un total que bordeará los $10.325 millones durante los cinco años que dura el contrato.

Uno de los concejales que votó en contra de esto fue Antonio Neme (UDI), ya que según afirma, en el proceso hubo “corrupción” y declaró ante la PDI que el concejal Carlos Richter (RN) le preguntó cuál era su precio.