¿El Congreso huele a pescado?: seis claves para entender por qué la Ley de Pesca está en el ojo del huracán

Antes de que se destapara el escándalo de Penta; de que se supiera que SQM aportaba dinero de manera irregular a todo el espectro político; y de que Martelli fuera día por medio Trending Topic, un escándalo relacionado a los aportes irregulares de empresas a la política se había instalado en la agenda pública: los aportes de dinero de Corpesca a la diputada Marta Isasi en las vísperas de la tramitación de la Ley de Pesca, aprobada en 2012 e impulsada por el entonces ministro de Economía, Pablo Longueira.

El método para obtener los aportes hoy se ha vuelto familiar: entrega de boletas ideológicamente falsas a través de terceros, consignando asesorías, informes u otros servicios que nunca fueron realizados. La Fiscalía investiga si hubo cohecho, es decir que estos pagos pudieron tener como finalidad influenciar la votación de la ley que era polémica por sí misma, ya que a ojos de muchos, la normativa es altamente favorable a las grandes pesqueras.

1.- Así es la Ley Longueira

La Ley de Pesca de 2012 vino a reemplazar la normativa de 2002 aprobada durante el gobierno de Ricardo Lagos, que había terminado su vigencia y que ya fijaba cuotas de captura para las distintas especies que se repartían entre pescadores artesanales e industriales. Lo que hizo la Ley Longueira fue mantener el mismo sistema, solo que en materia de pesca industrial en vez  de licitar las cuotas, entregó los derechos de extracción a quienes históricamente habían desarrollado la actividad pesquera en el país: Angelini, Lecaros, Yaconi-Santa Cruz, Sarquis, Stengel, Fernández e Izquierdo. 

Entre las críticas, los pescadores artesanales demandan que se prohíba la pesca de arrastre; que haya una fiscalización más fuerte para que los industriales no entren a las cinco millas que tiene el gremio artesanal para uso exclusivo; y que algunas especies como la sardina común sean solo para los pescadores artesanales.

Debido a la escasez de especies en algunas zonas, como la merluza o el jurel, piden que se redefinan los criterios para decidir lasc uotas de pesca. “¿Te parece justo que la región de la Araucanía tenga más del 60% de los recursos de sardina y tengamos una cuota del 0,9%?”, dice Hernán Machuca, vocero del Consejo Nacional por la Defensa del Patrimonio Pesquero.  Es por ello que a fines de abril el gobierno solicitó a la FAO, el organismo de alimentación de las Naciones Unidas, que haga un análisis de la normativa vigente.

2.- ¿Quiénes se beneficiaron con la ley?

El punto más polémico fue lo que algunos han llamado la “privatización del mar”. Para acelerar el trámite en la repartición de permisos en el sector industrial, en vez de subastarlos o llamar a una licitación, el Gobierno los entregó a los actores que históricamente habían desarrollado la extracción pesquera en el país, que principalmente pertenecen a siete familias: Angelini, Lecaros, Yaconi-Santa Cruz, Sarquis, Stengel, Fernández e Izquierdo. Las licencias duran 20 años pero son renovables. Sin eufemismos podría decirse que son eternas. Aunque también hay cuotas que pueden licitarse y la opción de que entren nuevos actores.

Además se eliminó el artículo 1 de la Ley de Pesca anterior, que decía que los recursos marítimos son de todos los chilenos. Hoy las cuotas están privatizadas en nombre de la industria, concentrada en estas siete familias, y el resto está distribuida para  los pescadores artesanales. Por esta razón, algunos aseguran que la normativa favorece a la industria

3.- Marta Isasi: el caso que destapó la olla

Fue Georgio Carrillo, el asesor de Marta Isasi hasta 2011, quien detonó la bomba. El colaborador de la diputada independiente era formalizado por estafa y por falsificar la firma de la parlamentaria, cuando aseguró que había sido su amante y que él había recibido 25 millones de pesos de Corpesca, la pesquera de Angelini, por asesorías falsas antes del inicio del trámite de la Ley Longueira. Aseguró que este dinero iba destinado realmente a la diputada Isasi.

El gerente de Corpesca, Francisco Mujica, reconoció estos pagos y a los pocos días fue despedido. Junto a esto, la empresa entregó a la diputada un documento de 21 páginas con instrucciones de cómo defender los intereses de las grandes pesqueras durante el trámite de la ley.

Todos estos antecedentes están siendo investigados en la actualidad por la Fiscalía, que deberá determinar si efectivamente sucedió, lo que el sentido común sospecha: un pago de parte de Corpesca a la diputada Isasi para votar a favor de sus intereses en el Congreso, lo que legalmente se conoce como delito de cohecho. La diputada declaró hace un par de semanas en calidad de imputada y en su defensa dice que fue engañada por Carrillo.

4.- Los otros cuestionados en el Congreso

Pero no es el único caso. El mismo Mujica, que hace pocos días declaró en Fiscalía, aseguró que el senador UDI Jaime Orpis también había recibido aportes de Corpesca entre 2009 y 2013, a través de boletas ideológicamente falsas emitidas por sus asesores. Ni el parlamentario ni sus asesores han declarado aún en la Fiscalía.

Otro de los cuestionados ha sido el senador Andrés Zaldívar, que pese a que la SVS mostraba que familiares suyos participaban en cargos directivos de Corpesca mientras se tramitaba la ley, no se abstuvo de la votación, como si lo hizo el también cuestionado Carlos Larraín de RN. Además votó a favor de ella.

Jovino Novoa, ex senador UDI, fue cuestionado por tener una empresa que participaba en el rubro pesquero, pero no se abstuvo, como tampoco lo hizo su par Alejandro García Huidobro, cuestionado por razones similares. La ley fue aprobada en el Senado con 27 votos a favor, 7 en contra y 4 abstenciones. También tuvo una amplia aprobación en la Cámara.

La Fiscalía pedirá al Congreso el registro de las votaciones de senadores y diputados durante el trámite de la Ley de Pesca entre 2010 y 2013, para acreditar si el pago hecho por la pesquera a Isasi y Orpis tuvo incidencia en su comportamiento legislativo. Es decir, para comprobar si hubo cohecho. El dato es que ambos aprobaron la ley. Esto debe tener nervioso a más de alguno: pues podría abrirse la caja de pandora y salir a la luz otros posibles involucrados.

Por otro lado, el ex senador Nelson Ávila denunció a través de una columna de opinión que distintos parlamentarios habrían recibido 500 millones de pesos de Corpesca durante la discusión del proyecto. Algunas organizaciones ciudadanas interpusieron una querella criminal para investigar este supuesto pago.

5.- Longueira y sus conflictos de interés

El ex ministro Pablo Longueira, que impulsó la ley, también fue cuestionado por tener conflictos de interés con el mundo pesquero. Esto porque mientras impulsaba la ley, llevó a trabajar al Ministerio a Juan Manuel Santa Cruz, el hijo de uno de los socios de Blumar, una de las tres pesqueras más grandes del país.

En el marco de la investigación de SQM, se conoció que Carmen Luz Valdivieso, una estrecha e histórica asesora de Pablo Longueira, pidió a Solange Hermosilla, una de las investigadas, que emitiera una boleta por 5 millones de pesos a SQM y a la Pesquera El Golfo, donde tenía participación Santa Cruz. La Fiscalía Oriente investiga aún si se trató de una triangulación de dineros con fines políticos.

Según Ciper, la industria pesquera aportó en 2013 ciento ochenta millones de pesos a la política, siendo de esta forma una de las cuatro grandes industrias que financian la política con aportes vía Servel. En la arista SQM, cuatro de los contribuyentes investigados por triangular dineros para campañas políticas de manera ilegal, también emitieron boletas a pesqueras.

6.- ¿Puede derogarse la ley?

Ante los datos que investiga la Fiscalía y que hacen suponer que pudo haber cohecho de parte de las pesqueras, distintos actores han pedido que la ley deje de tener efecto. La Condepp (Corporación Nacional de Defensa del Patrimonio Pesquero) inició una campaña para recolectar 300 mil firmas, entre ellas las de algunos parlamentarios, para anular la ley.

El diputado del PC, Hugo Gutiérrez, también ha respaldado la idea: “Es un esfuerzo político relevante plantear alguna vez la nulidad de una ley. Sobre todo una que se consiguió a través del cohecho o soborno de los parlamentarios. Es algo que no se ha planteado nunca y es importante correr el riesgo político-jurídico de hacerlo”. Hoy se sumó a la iniciativa el senador PS Carlos Montes.

La principal dificultad es que nunca se ha llevado a cabo un proceso similar en democracia, por lo que el diputado encargó un informe a la Biblioteca del Congreso para ver si es posible técnicamente. La nulidad no implica solamente dejar sin efecto la ley, que es lo equivalente a derogarla, porque en ese caso se le deberá pagar una indemnización multimillonaria a las pesqueras que habían obtenido las licitaciones. Sino que implica la creación de un “Proyecto de Ley para Anular la Ley de Pesca”, que debe ser aprobado por las dos Cámaras, para luego proceder a la creación de una nueva Ley de Pesca. Un proceso que puede ser largo y que incluso otros gremios de pescadores artesanales no están dispuestos a aceptar.

“Tienen que preguntarles qué es lo que quieren echar abajo. Cuáles son los artículos que a ellos les perjudican. Porque para slogans y para populismos tenemos un montón de pericos hoy día”, dice Zoila Bustamante, dirigente de la Corporación Nacional de Pescadores Artesanales de Chile