Gobierno defendió secreto de 50 años de informes Valech ante Corte Interamericana de Derechos Humanos

El gobierno tomó la oportunidad para levantar una agenda en temas de Derechos Humanos sobre la base de la reapertura del caso Quemados. Esto, tras la declaración de hace unas semanas de un ex conscripto, que rompió el pacto de silencio sobre quienes rociaron con bencina y quemaron a Carmen Gloria Quintana y Rodrigo Rojas De Negri en 1986, provocándole la muerte a este último.

El revuelo nacional miraba atento los avances en el cruento caso, con sus primeras novedades desde 1993, donde fue condenado el oficial en retiro Pedro Fernández Dittus, pero por no haber prestado auxilio. Él y una serie de otros oficiales fueron citados por el ministro en vista Mario Carroza y podrían enfrentar nuevos procesos.

Con esto sobre la mesa, la idea de levantar el secreto de 50 años que pesa sobre los informes Valech la instaló Lorena Fríes, directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Luego, se reflotó la idea de ver esto en Congreso, a raíz de un proyecto presentado el año pasado por los diputados Tucapel Jiménez (PPD) y Hugo Gutiérrez (PC), y los presidentes de ambas cámaras indicaron que existe “voluntad política” para esto.

Incluso, en el programa de la Presidenta Michelle Bachelet se establecía que se revisaría “lo referido a los archivos judiciales de las violaciones a los DD.HH., que tienen un período de 50 años para poder ser conocidos”. Entonces, hace unos días, el gobierno entregaba sus gestos, a través de su vocero, Marcelo Díaz. Primero, anunciando que el Ejecutivo estaría evaluando esta posibilidad, pero ayer puso paños fríos a estas pretenciones: se deben consultar a quienes prestaron testimonio para este informe, que totalizan 36 mil 35 personas. “La idea será analizada una vez que esté creada la Subsecretaría de Derechos Humanos (…) está en juego la dignidad de las personas”, indicó ayer Díaz, condicionando la publicación de estos antecedentes.

Sin embargo, el Ejecutivo ya se había pronunciado, dos veces, ante organismos internacionales de Derechos Humanos para mantener este secreto.

El Estado entregó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos dos documentos, en el marco de un caso en el que dos oficiales en retiro de la Fuerza Aérea, ex compañeros del padre de la mandataria, general Alberto Bachelet, quienes fueron condenados por la Dictadura como traidores.Los oficiales son representados, según La Tercera, por Ciro Colombara y Branislav Marelic, y buscan retirar esta condena por traición, reparar su honra y eliminar el secreto que se mantiene en el informe Valech. Esto último para que los tribunales accedan a esta información que permita indagar en detalle los apremios sufridos por estos oficiales y encontrar a todos los culpables.

La primera argumentación del gobierno fue enviado a la Corte el 19 de noviembre de 2014. Ahí se cita la Ley N°19 mil 992, que establece pensión y beneficios y defiende la confidencialidad del informe, a alzarse el 2054. Ahí se plantea que el éxito de la comisión estaría asociado a esta reserva, la que “permitió que las personas directamente afectadas por prisión política y tortura encontraran en dicha instancia un espacio de acogimiento y de respetuosa consideración hacia sus personas y hacia sus dolorosas experiencias”. Además, plantean que la función de este informe era determinar quiénes sufrieron “privación de libertad y torturas por razones políticas, por actos de agentes del Estado o de personas a su servicio, entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990”.

El gobierno en el escrito recalca que esta actividad no era “ni jurisdiccional, ni de investigación, ni de difusión, ni periodística”. Éste es el punto que se refuta principalmente, ya que abogados que revisan causas de delitos de lesa humanidad explican que los detalles de las declaraciones podrían permitir recabar más información sobre torturas, sindicando a nuevos torturadores, lo que derivaría en la apertura de más investigaciones.

El segundo documento que envió el gobierno tiene por fecha el 25 de mayo de este año, y reiteran los argumentos, junto con precisar que “el fundamento de dicho secreto obedeció a múltiples razones, entre otras, al compromiso formal del gobierno con las víctimas que concurrieron a dicha instancia a prestar su testimonio”.

Esto último es refutado tanto por abogados como por agrupaciones de torturados políticos, ya que la confidencialidad se habría establecido después de haber prestado las declaraciones e incluso acusan que este secreto corresponde a un acuerdo entre el gobierno del entonces Presidente Ricardo Lagos y la derecha, para evitar abrir nuevas investigaciones judiciales por casos de Derechos Humanos.