Gratuidad bajo amenaza: diputados de la UDI impugnarán beneficio por considerarlo “inconstitucional”
Jaime Bellolio y María José Hoffmann adelantaron el rechazo a que el gobierno financie de esta forma la primera aproximación a que la educación superior sea gratis para cerca de 200 mil jóvenes. Anunciaron además que llevarán el tema al Tribunal Constitucional si es que no se modifica el apartado del presupuesto que norma la entrega de dineros del gobierno a las casas de estudio.
Por Redacción“Espero que los parlamentarios no lleven esto al TC y permitan que las familias puedan partir la gratuidad en 2016. Si no, tendrán que explicarse por qué tuvieron que endeudarse”. Así de dura fue la ministra de Educación, Adriana Delpiano, al enfrentar la advertencia que lanzó la UDI en la tarde de ayer, quienes adelantaban desde ya el rechazo a cómo se financiará la gratuidad en la educación superior.
Los fundamentos responden a que, como aún no existe ley -la que será discutida a lo largo del próximo año- el gobierno incluirá la gratuidad en una glosa (o apartado) del presupuesto del próximo año. Sin embargo, de acuerdo a los parlamentarios del gremialismo, esto sería inconstitucional, ya que el Estado estaría discriminando entre estudiantes que recibirían el beneficio en una casa de estudios, y otros del mismo estrato socioeconómico no lo recibiría por estar en otro plantel.
O según los diputados María José Hoffmann y Jaime Bellolio (ambos UDI) deja fuera a la mayor parte de los jóvenes más vulnerables del país que estudian en Centros de Formación Técnica (CFT), Institutos Profesionales (IP) y universidades privadas que no cumplen con los criterios que exige el gobierno.
“Y vamos a ir a todas las instituciones pertinentes, en este caso al Tribunal Constitucional (TC), para que esto no se instale porque nos parece una tremenda discriminación con los alumnos de educación superior”, indicó Hoffmann. Bellolio agregó que “ella (la ministra de Educación), tendrá que explicar por qué decidieron hacer un engendro legislativo para regular la educación superior y que deja afuera al 80% de los estudiantes de CFT e IP. Eso demuestra que esta glosa discrimina arbitrariamente a estudiantes vulnerables”.
Delpiano respondió que “me parecería una gran irresponsabilidad” que no se pudiera entregar el beneficio a las 200 mil familias que podrían sumarse a la gratuidad en el 2016.
Escenario adverso en el Tribunal Constitucional
De acuerdo a la Ministra de Educación, según destaca La Tercera, “el tema de aportes económicos a estudiantes existe en las glosas desde antes”, el tribunal Constitucional no ha entregado mayores argumentos para defender la consitucionalidad ante una eventual presentación dela Alianza.
En el Tribunal el gobierno tendría desventaja. La lectura que se hace este que el 28 de agosto el pleno de la Corte Suprema eligió al abogado José Ignacio Vásquez en reemplazo de quien fuese juez de la instancia, Francisco Fernández.
La constitución del Tribunal quedó con Vásquez, Marisol Peña, Juan José Romero, María Luisa Brahm, Iván Aróstica y Cristián Letelier vinculados o relacionados con partidos de la Alianza, versus Carlos Carmona, Domingo Hernández, Gonzalo García, y Nelson Pozo relacionados o vinculados a la Nueva Mayoría. O sea, el equilibrio es desfavorable al gobierno, en caso de que la gratuidad, o cualquier norma, deba ser discutido en esta instancia.
