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El Dínamo

El llamado al pánico que hace la Fundación Jaime Guzmán por el proyecto de nueva educación pública

A través de una columna, firmada por quien fuese asesor de la institución, Felipe Rössler, aseguran que el proyecto evidencia que la Nueva Mayoría encontró “su principal herramienta para controlar qué y cómo se enseña”.


Nacional

19 de julio, 2016

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Fue el 5 de julio cuando por 71 votos a favor, 36 en contra y cuatro abstenciones, se aprobó en general en la Cámara de Diputados, comenzó a analizarse en la Comisión de Educación y actualmente está en el Senado.

Esta ley apunta, entre otras cosas, a la creación del sistema de educación pública, que apunta a que el Estado –a través de los establecimientos educacionales administrados centralizadamente- entregue educación pública gratuita  y de calidad, laica y pluralista, que también apunte a la inclusión social y cultural, la equidad, la tolerancia, el respeto de la diversidad y la libertad, entre otras cosas.

Parte de los objetivos de este sistema es entregar calidad integral, sumando su mejora continua, cobertura nacional, garantía de acceso, desarrollo equitativo e igualdad de oportunidades, entre otras cosas.

Es respecto de este proyecto que la Fundación Jaime Guzmán, a través de una carta al director a La Segunda, aborda este tema, de mano de Felipe Rössler, quien fuese asesor legislativo del diputado Patricio Melero (UDI).

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En la misiva, se refieren a la aprobación del proyecto de ley, y coinciden en que “urge mejorar el sistema de administración municipal de la educación, ya que ésta ha demostrado, salvo excepciones, un deficiente resultado en términos de eficiencia en la gestión y en entregar una educación de calidad”.

Pero inmediatamente comienzan los cuestionamientos: “la duda es si el proyecto logrará mejorar las deficiencias o, como sucede con el sistema de salud, sólo se construirá una mayor burocracia estatal. Todo indica que la respuesta es negativa”.

A juicio de la Fundación, esta propuesta “acrecienta la dilación que representa hoy la educación pública, y genera una serie de duplicidades que entorpecerán la gestión de los establecimientos. Además, como ha sido la tónica del Gobierno, aumenta la intromisión del Estado en la educación pública, ya que será el ministerio quien finalmente esté a cargo de la administración y dirección de los nuevos servicios locales. De esta forma, volveremos a tener una educación pública centralizada y manejada, para bien o para mal, por el Gobierno de turno”.

“Vale la pena preguntarse si los padres querrán entregarle una nueva herramienta al Estado para que éste pueda influir desde, en la terminología de Gramsci (Antonio, teórico neomarxista italiano), la superestructura, o preferirán una mayor autonomía, descentralización y escuelas que respondan a las necesidades locales”, continúa la carta.

En ese sentido, el escrito concluye indicando que “la Nueva Mayoría comprende que acá se encuentra su principal herramienta para controlar qué y cómo se enseña. Es por eso que resulta fundamental visibilizar las consecuencias de la desmunicipalización, las cuales están muy lejos de sólo cambiar la administración de las escuelas”.

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