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El Dínamo

Contradicciones en versiones del PRO marcan investigación por jet brasileño de Marco Enríquez-Ominami

Inicialmente, desde la colectividad del presidenciable se comunicó que el pago del avión constaba en la rendición ante el Servel, a través de dos facturas de la firma del ex jefe de campaña de ME-O, Cristián Warner. Asimismo, se enviaron los antecedentes al Servicio de Impuestos Internos por posibles delitos tributarios.


Nacional

23 de agosto, 2016

Autor:

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Fueron cerca de 15 minutos los que permaneció Marco Enríquez-Ominami ante la fiscal Ximena Chong, de la Unidad de Delitos de Alta Complejidad de la zona Centro Norte, en el marco de su comparecencia en la investigación por posible fraude al fisco, eventual ilícito tributario o una infracción electoral prescrita.

La indagatoria apunta al uso de un jet privado de la firma brasileña TAP, el que fue arrendado por la empresa OAS, investigada por corrupción en ese país. El avión fue usado por el ex presidenciable en su campaña presidencial en el 2013.

Después de que se revelara este antecedente, se inició una ofensiva comunicacional donde el otrora diputado incluso se disculpó públicamente, precisó que “la confianza ya se perdió”, y además enfatizó que existían desprolijidades en sus cuentas de campaña.

En tanto ME-O salía de las dependencias del Ministerio Público, el vicepresidente del PRO, Camilo Lagos, enviaba una declaración pública, donde contravenían a la versión que entregó el líder de ese partido en Radio Agricultura, donde se indicó que “el avión lo pagamos nosotros”.

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El PRO, a través de este comunicado, indica que en la directiva del partido “entendieron erróneamente que el avión era parte de un servicio comunicacional que había sido pagado, y que ello también fue comunicado erróneamente a Marco Enríquez-Ominami”. Camilo Lagos además indicó que en los gastos a rendir ante el Servicio Electoral “no se incluyó la utilización del avión”. Constó, además que Enríquez-Ominami “nunca estuvo al tanto de los aspectos administrativos y financieros del manejo de la campaña”.

Esto contradice a lo que se comunicó con anterioridad por parte del PRO, desde donde –para hacer frente a las acusaciones de que habrían recibido aportes desde el extranjero, lo que está prohibido en Chile- aseguraron que el pago constaba en la rendición ante el Servel. Esto, a través de dos facturas de 170 millones 800 mil pesos de la empresa de su ex jefe de campaña, Cristian Warner, actualmente investigado en el caso SQM.

A través de Facebook, posteriormente, Marco Enríquez-Ominami envió una declaración en la misma línea a la que envió el Partido Progresista.

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Además, en esta jornada El Mercurio publica que la Fiscalía Centro Norte envió al Servicio de Impuestos Internos (SII) los antecedentes de este expediente, y espera un pronunciamiento de esta entidad, quienes tienen la exclusividad para llevar una causa por posible delito tributario. En este sentido, se podría desprender la existencia de delitos vinculados a la ley de donaciones, o la facilitación de documentos tributarios ideológicamente falsos.

Además, si se comprobara que el avión se otorgó gratuitamente, y luego se recibió un reembolso a través de los votos obtenidos en la última presidencial, podría configurarse un posible fraude al estado.

De todos modos, si es que se configura el aporte de personas naturales o jurídicas extranjeras para la campaña en Chile, la acción podría estar prescrita.

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