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29 de Agosto de 2016

Sename registra cerca de 70 mil licencias médicas en los últimos cinco años

La cifra corresponde a más de mil licencias mensuales en una planta de sólo cuatro mil trabajadores, cifra cercana a las reveladas por los sindicatos.

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En las últimas semanas, la crisis al interior del Servicio Nacional de Menores (Sename) se ha intensificado provocando huelgas y protestas de los trabajadores, además de costos políticos para la ministra de Justicia, Javiera Blanco -de quien depende el organismo-, la que enfrenta hoy dos acusaciones constitucionales por el manejo de su cartera.

En medio de esto, las agrupaciones de funcionarios del organismo han denunciado malas condiciones laborales, falta de personal para realizar las funciones mínimas y una sobre saturación de las residencias donde viven niños que han sido enviados allí por la Justicia.

Esto ha repercutido en tomas de algunos de esos centros y una movilización al interior del Sename, con el objetivo de que la directora, Solange Huerta, encuentre soluciones que permitan revertir la crisis que tiene a 35% de los trabajadores con licencias médicas, según reveló la Agrupación de Funcionarios del Sename (Afuse).

El Dínamo accedió a una nómina completa de las licencias médicas de los últimos cinco años -vía Ley de Transparencia-, donde se puede apreciar que desde enero de 2011 a junio de este año son 68 mil 671 licencias médicas por distintos motivos, de las que varias superan los tres meses y en algunos casos llegan seis meses y medio (199 días).

En ese sentido, la cifra corresponde a más de mil licencias mensuales en una planta de sólo cuatro mil trabajadores. Eso, además, teniendo en cuenta que muchos de esos permisos médicos se superponen unos con otros, dejando a más de un 30% de los trabajadores por mes fuera de sus jornadas regulares en el Sename.

Según el registro, 500 superaron los tres meses de licencia y más de 5 mil superan los 30 días. Sólo el último mes hubo más de 1700 licencias, 700 más que en un mes “normal” de acuerdo a la cantidad que el servicio viene registrando en los últimos años. Además, los últimos años se han intensificado las licencias psiquiátricas por estrés y laborales por accidentes, provocados en incidentes con los menores internos.

En 2011, hubo 11.667 licencias médicas, cifra similar a lo que ocurre en los dos años posteriores: en 2012 fueron 11.744 y en 2013, 11.968. Sin embargo, los aumentos ocurren en los años posteriores. Por ejemplo, en 2012 fueron 12 mil 959 licencias y en 2013 la cifra se elevó a 13 mil 471 personas con permisos médicos.

En tanto, este año, durante los primeros cinco meses del año -de acuerdo a lo que incluye el registro- van 5 mil 535 licencias, marcando una tendencia al alza similar a los periodos anteriores.

Desde la Afuse, los funcionarios piden dejar de seguir contratando gente para los reemplazos en los centros frente a la inasistencia o a una licencia médica. Alicia del Basto, presidenta de la agrupación, sugiere la creación de un grupo de personal especializado encargado de suplir las faltas en todo el sistema, de modo que no sean equipos nuevos y que sepan resolver de acuerdo a las necesidades de la institución.

“Hemos visto que continuamente ingresa gente nueva al servicio y sigue pasando lo mismo. La misma gente que ingresa, a los pocos meses presentan licencias porque ya no pueden más”, explica Del Basto. Y agrega que “muchas veces terminas tu turno y te quieres ir a la casa, pero no puedes porque el siguiente turno no llegó y debes quedarte el doble de horas. A la larga, eso hace que te enfermes y no quieras seguir”.

Los cambios

En las próximas semanas, el Gobierno ingresaría un proyecto al Congreso con el objetivo de modificar la estructura del Sename y así intentar terminar con la crisis que viven los trabajadores y los niños que viven en las cuestionadas residencias. Según ha trascendido desde La Moneda, serían dos proyectos simultáneos que partirían en dos el actual Sename.

El primero crea el Servicio de Protección Especializada, organismo que estará a cargo del ministerio de Desarrollo Social y que acogerá a niños y adolescentes que hayan sido vulnerados en sus derechos o que hayan tenido dificultades en sus núcleos familiares.

La segunda iniciativa plantea la creación del Servicio de Responsabilidad Penal Adolescente, que estará a cargo del ministerio de Justicia y que centrará su trabajo en menores entre 14 y 17 años que hayan cometido delitos.

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