Fiscalía envía al CDE detalles de investigación en contra de Iván Fuentes, Patricio Walker y Antonio Horvath
El Consejo de Defensa del Estado ya analiza la indagatoria, en tanto que el ente persecutor está a la espera de si el organismo presentará o no una querella.
Por RedacciónPor los posibles delitos de fraude al fisco y cohecho. Esos son los delitos que está investigando el Ministerio Público en el caso del diputado y ex dirigente pesquero Iván Fuentes (independiente pro DC), junto con los senadores Patricio Walker (DC) y Antonio Horvath (independiente).
Primero fue TVN donde Informe Especial publicó un reportaje que apuntaba a aportes de empresas pesqueras en favor de Fuentes. Sería la firma Friosur S.A., de propiedad de una fracción de la familia De Río. El senador Walker admitió además haber gestionado parte de esas donaciones de dinero y es objeto de querella por parte de los pescadores de la zona.
Asimismo, el senador Horvath es investigado por haber hecho ingresar a una sesión de la comisión de pesca del Senado a la ejecutiva Valeria Carvajal, de la asociación de industriales Fipes.
La Fiscalía envió al Consejo de Defensa del Estado, según La Tercera, todos los antecedentes de la causa.
“Informo a usted que se ha iniciado una investigación por el presunto delito de fraude al Fisco en que existirían funcionarios públicos involucrados, específicamente parlamentarios”, consta en el escrito que firmó el fiscal regional de Aysén, Pedro Salgado. Además, en el documento se precisa que se agradecerá “comunicarme la decisión que adopte ese organismo en el caso de que resuelva no querellarse”.
El Ministerio Público ha solicitado al Servicio Electoral conocer si existen o no antecedentes de aportes reservados de las pesqueras a las campañas de los legisladores Fuentes y Walker. Las firmas por las que se consulta son la misma Friosur S.A., Salmones Friosur S.A., Emdepes S.A., Pesca Chile S.A. o la asociación gremial Fipes F.G.
Pese a esto, el Servel hizo referencia en su respuesta al artículo 19 de la Ley electoral, que busca la reserva de la identidad de los donantes a campañas políticas, y también recordó la existencia del secreto bancario para las cuentas de estas campañas.
Asimismo, el ente electoral hace presente que el Ministerio Público requiere de una orden judicial para obtener esta información.
