Gobierno exige a AFP Planvital revelar los nombres de sus misteriosos dueños en 30 días

Desde hace 15 años hay total incertidumbre de quiénes son los propietarios reales de AFP Planvital. El Mostrador reveló esta información en agosto pasado, asegurando que la empresa es controlada por Atacama Investment Limited, con sede en el paraíso fiscal de Islas Vírgenes Británicas, pero del que se desconoce sus verdaderos dueños.

Por esta razón, según informa el mismo medio, la Superintendencia de Pensiones envió un oficio a la administradora de fondos el 28 de septiembre pasado exigiendo formalmente que se revelen los nombres de los socios en un plazo máximo de 30 días.

“La superintendencia está constantemente fiscalizando los distintos aspectos de las administradoras de fondos de pensiones y uno de los temas que se monitorea y evalúa es la información sobre la estructura de propiedad”, respondieron en el organismo fiscalizador.

Según indica la superintendencia en el oficio, la normativa legal “establece explícitamente las facultades de la Superintendencia de Pensiones para solicitar antecedentes a una administradora respecto de sus controladores, socios o accionistas mayoritarios, directores, administradores, gerentes y ejecutivos principales, con la finalidad de verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el mismo artículo, en concordancia con el numeral 1° del artículo 94 del mismo decreto de ley”.

En el Gobierno reconocen que Planvital podría negarse nuevamente a entregar la información, escudándose en la reserva que protege a las sociedades instaladas en paraísos fiscales y advierten que en el momento actual la AFP podría pagar altos costos “reputacionales”.

Por esto mismo, y para evitar casos similares en el futuro, se evalúa la posibilidad de incluir en las bases de la próxima licitación hacer exigible la revelación total de la cadena de control de las AFP que quieran participar, para superar este tipo de impasses.

Una vez que concluya el plazo, explica el medio, si Planvital no entrega los antecedentes, la autoridad podría abrir un expediente sancionatorio con multas de hasta 30 mil UF. Y dependiendo de la respuesta que dé la AFP, la fiscalía de la superintendencia estaría analizando otros escenarios legales para hacer efectivo el cumplimiento de la ley.