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El Dínamo

Todos los caminos llegan a Cristina Girardi: rastreamos los recursos para frenar vacunas contra el VPH

Fueron 10 recursos de protección, según el Ministerio de Salud, los que se presentaron en el país para frenar la vacunación de las niñas. Las tres presentaciones que actualmente están siendo estudiadas por las cortes son idénticas, al punto que hasta presentan errores de tipeo en los mismos lugares de su texto.


Nacional

11 de octubre, 2016

Autor:

Cristina Girardi

La alerta se dio el lunes 3 de octubre. Talca, capital de la región del Maule, detendría la vacunación contra el virus del papiloma humano (VPH) de las niñas menores de edad en toda la región. Esto ocurrió porque en esa ciudad se presentó uno de los cerca de 10 recursos que, a lo largo de todo el país, buscaban enfrentar y ojalá parar esta campaña.

Lo delicado es que en el caso de la VII región, la Justicia sí determinó acoger la orden de no innovar que planteaba el escrito, lo que significó que era la primera vez que se suspendía desde ese día en esa región esta política del Ministerio de Salud. Ésta comenzó en agosto, con el objetivo de inmunizar a 450 mil niñas y comenzar la prevención del cáncer cérvicouterino, que cada año, de acuerdo a cifras oficiales, cobra las vidas de cerca de 600 mujeres.

Una de las 9 personas que finalmente mantuvieron su nombre en el recurso ingresado el 12 de septiembre, Carmen Luisa Naranjo, aseguró a La Tercera no ser “antivacunas”, pero planteó que su motivación partió con los síntomas adversos que su hija de 13 años comenzó a sufrir, según ella, a partir del suministro del medicamento.

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Si bien poco después el tribunal de alzada de esa ciudad determinó que la suspensión de esta inyección sólo correspondía a las hijas de las personas presentes en el escrito, ya la ministra de Salud, Carmen Castillo, manifestaba preocupación ante la judicialización de este tipo de campañas. Es más: la secretaria de Estado declaró que este recurso era “idéntico a los que están apareciendo en el país, por lo tanto eso nos llama la atención”.

No es la primera vez que se discute en Chile algo vinculado con las vacunas, su aplicación, o la gente que derechamente está en contra de éstas o alguno de sus componentes. Un antecedente tiene que ver con lo que se discutió el 2014, respecto del timerosal, o componentes relacionados con el mercurio.

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En ese entonces, la diputada PPD Cristina Girardi presentó un proyecto para prohibir las vacunas que presentaran el mencionado conservante, el que finalmente fue vetado por el gobierno de Sebastián Piñera.

Made in USA

“Estas corrientes antivacunas comenzaron básicamente en Estados Unidos hace cerca de 10 o 15 años, y las autoridades sanitarias están re complicadas, porque los gringos son muy fuertes en la defensa de derechos personales y esto ha hecho que se produzcan asociaciones, bastante potentes, de gente que recurren también a la judicialización para negarse a recibir estas normas sanitarias”, indica el Director del Instituto Políticas Publicas en Salud de la Universidad San Sebastián, doctor Manuel Irarrázaval.

Si bien en Chile no se ha dado un movimiento notorio y manifiestamente declarado como antivacunas, estos recursos judiciales presentados son, tal y como lo dice el doctor, un antecedente preocupante.

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Pandemia no hay ninguna: ¡Detengan la vacuna!”, es uno de los tantos sitios que existen e intentan difundir este planteamiento. Destacan lo ocurrido en Talca y también mencionan en diversas ocasiones a Girardi y sus intervenciones. Uno de los argumentos que se plantea en el sitio, y que podría utilizarse para resumir el pensamiento de quienes participan en este también foro es que “así es como funcionan las cosas en el sistema que sólo protege a los fabricantes de vacunas, jamás a la gente que somete a esos venenos. Sólo una TV plasma, un computador, un celular o un auto traen consigo garantías en caso de fallas y el fabricante está obligado a responder por lo que vende, excepto en el caso de vacunas. Dénse cuenta de una vez por todas que para el sistema vale más una cosa que la salud y vida humanas”.

Complejas similitudes

En este panorama, en conversación con El Dínamo, la diputada Cristina Girardi dice que “nunca he sido antivacuna”, y hace presente que el proyecto para eliminar el timerosal no tenía por objetivo “eliminar la vacuna”.

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Sin embargo, la ministra de Salud mencionó que los recursos presentados en al menos 10 ciudades en nuestro país eran “idénticos”. Y efectivamente, tal como rastreó El Dínamo, las presentaciones que se realizaron en las Cortes de Apelaciones en Arica, Talca y Chillán son idénticasHasta algunos errores de tipeo en las hojas están presentes en los mismos recursos.

Girardi reconoció en el programa Mentiras Verdaderas que estaba apoyando a los padres que presentaban estos recursos de protección.

Consultada por El Dínamo, Girardi ratifica que ella junto a su equipo apoyaron a los padres en esas presentaciones ante las Cortes de Apelaciones, en lo vinculado a la oposición a la vacuna Gardasil, que es la que el gobierno está suministrando para inmunizar a las niñas en contra del virus del papiloma humano. En todo caso precisa que su postura tiene que ver con que, según ella, en algunos colegios privados se da la posibilidad de que se rechace la vacuna, no así en algunos colegios públicos. En la siguiente foto se ve a la legisladora junto a un grupo de apoderados presentando uno de estos recursos en Santiago. Finalmente éste no fue declarado admisible.

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El ministerio permanentemente ha dicho que la vacuna es obligatoria. Hay una serie de causales por las que puedes rechazar la vacuna. Extrañamente en los colegios públicos, había unas circulares de los consultorios, que decían que la vacuna era confiable, segura, obligatoria, por tanto no había posibilidad para estos padres para optar si quieren o no la vacuna, porque llama la atención al menos. A unos se les informa y a otros no. Porque existe ley de no discriminación, y en la constitución se establece que todos los ciudadanos tienen los mismos derechos y la ley no puede discriminar arbitrariamente, y aquí lo está haciendo”, manifiesta la diputada.

Indica, además, que tiene información de colegios en Santiago y en Lo Prado donde no están entregando toda la información relacionada con esta vacuna. Pese a que Girardi manifestó que estaba en posesión de esta información, y propuso enviarla a este medio, aquello no ocurrió.

En la capital de la región del Maule el abogado que figura en el recurso que más ha avanzado es Fernando Leal, también candidato a la alcaldía de esa ciudad. Girardi dice no conocerlo, pero precisa que su asesor legislativo, Iván Oyarzún “elaboró el segundo recurso de protección que no fue acogido por la corte acá en Santiago. Los otros, yo no sé si tomaron el recurso de protección nuestro, porque esto lo presentan los padres, y lo que hicieron, yo sé que muchos de los padres, en las provincias de distintas regiones, nosotros se los mandamos. O sea, se los mandaron las organizaciones que presentaron el recurso de nosotros”.

Dejamos mensajes en el comando de Leal, desde donde dijeron que devolverían el llamado, cosa que finalmente no ocurrió.

“Evidente que lo creó una misma persona”

Con este panorama, el doctor Irarrázaval sostiene que “me inquieta que un reclamo, por una concepción que tenga un grupo de papás o cualquier ciudadano, se presenten como una defensa de derechos constitucionales. Lo encuentro súper riesgoso. Porque estamos metiendo aquí una cantidad de derechos sociales y si cada vez que hay divergencia de opiniones, vamos a estar recurriendo a la judicialización del proceso, lo encuentro muy grave”.

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La explicación que entrega Reynero García de la Pastora, abogado del Colegio de Matronas y otrora profesor de la Universidad Andrés Bello, para que el mismísimo recurso haya tenido recepción distinta en 10 tribunales del país apunta a que las cortes “son distintas y fallan de forma distinta, y hay fallos distintos. En este caso hay una diferencia de opinión donde una Corte interpretó una cosa distinta respecto de otra, lo que no significa que el Poder Judicial esté, en una u otra forma, metiéndose en temas del Ejecutivo o administración del Estado. No hay crisis institucional. Sólo significa que un tribunal consideró que había información suficiente, no para dar la razón a la parte, sino que para informarse al respecto. Y el no innovar es evitar que se sigan cometiendo efectos, y así para posteriormente tomar una decisión”.

García de la Pastora también repara en que si un recurso presenta las mismas faltas de ortografía o de tipeo, “es evidente que los creó una misma persona”.

Minsal: los recursos deben declararse inadmisibles y o rechazarse

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La presentación que se declaró admisible en Talca, y se dio la orden de no innovar, plantea múltiples interrogantes, dudas, y posibles miedos vinculados al suministro de esta vacuna.

Un resumen de los argumentos apunta –aparte de los posibles efectos secundarios de la vacuna que no se estarían informando– se dice que la posología o forma de administración de la Gardasil que propone la empresa es distinta a la que tiene instaurada el Ministerio en su campaña. Aseguran además que la Contraloría, en un documento, plantea que el Instituto de Salud Pública no ha acreditado la efectividad de la vacuna. Lo último, se propone que el Papanicolaou podría “suplir” el uso de la inyección, al ser una medida preventiva.

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El Ministerio de Salud contestó, pero a través de un escrito en la Corte de Chillán. Para efectos de esta nota, los argumentos que enfrenta el Minsal son exactamente los mismos, ya que el recurso al que hacen frente es idéntico al presentado en Arica y Talca.

El documento –firmado por la misma ministra de Salud–  hace presente que al menos 4 entidades de prestigio mundial, incluyendo la Organización Mundial de la Salud, validan la vacuna Gardasil para suministrarla en políticas públicas de Salud. Destacan los logros del Programa Nacional de Inmunizaciones como la erradicación de la viruela (1950), la polliomelitis (1759) y el sarampión (1992). La inyección se está utilizando en 66 países en sus programas de inmunizaciones y se ha aprobado su uso para 138 países.

La secretaria de Estado, además, insiste en que la forma de suministrar el medicamento es correcto, y que no se reduce su efectividad, y respecto del uso del Papanicolaou para evitar el Cáncer Cérvicouterino como “medida esencial de control de una enfermedad que mata anualmente a alrededor de 600 mujeres en edad activa todos los años, condenaríamos a las mujeres actuales a un escenario futuro de similares riesgos a los actuales, ya que el incremento de adecuadas coberturas de PAP en todas las mujeres entre 25 y 65 a un 80% es muy difícil de lograr si se examina el tema con realismo”.

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Es más, hace unos días, en La Tercera, el jefe del departamento de inmunizaciones del Ministerio de Salud, Fernando Muñoz, indicó que las vacunas si bien son obligatorias, por lo que no solicitan consentimiento previo a su administración sí ponen “a disposición de quienes al momento de la vacunación deseen rechazarla, un formulario en el que se consigna dicho rechazo pese a haber recibido información de los beneficios y seguridad de la vacuna, y pese a haber sido informados de que su rechazo infringe la ley”. Incluso precisa que algunos colegios privados estarían fotocopiando “total o parcialmente” el formulario, y lo plantearían a los apoderados a modo de consentimiento.

En el video de Mentiras Verdaderas, Girardi intenta refutar los argumentos a favor de la vacuna, citando un informe de Contraloría que menciona que el Instituto de Salud Pública habría cuestionado la efectividad de la Gardasil, pero en la presentación que hace el Ministerio ante la Corte de Chillán aclaran que el dictamen que cita el recurso de protección más bien se refiere al registro de productos farmacéuticos nuevos, y no se refería a “aspectos técnicos ni con la calidad científica de los estudios que avalaron la decisión de la autoridad”.

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Al consultársele a Cristina Girardi respecto de si cree o no que su apoyo a este tipo de iniciativas podrían generar cuestionamientos sobre si efectivamente ella es o no antivacuna, responde que quien quiera conectar estas cosas, lo hará de todas formas. “Claramente yo nunca he llamado a no vacunar. Que alguien muestre algún lugar donde está eso, que muestren alguna cita de eso. Jamás lo he dicho. Vengo de un mundo donde estoy rodeada de médicos. Sé la importancia de estos procesos y la erradicación(de enfermedades). Vacuné a todos mis hijos y no tiene ningún sentido que yo haga ese llamado a no vacunarse. Frente a determinados procesos médicos puedo optar si lo hago o no lo hago. Puedo decidir si hacer una quimioterapia o no, a saber los efectos nocivos que puede tener ésta”.

El doctor Irarrázaval –quien, entre otras cosas, menciona que es un “verdadero disparate” el planteamiento de que se puede evitar el cáncer cérvicouterino con sólo el PAP, ya que sería “poner la carreta antes de los bueyes”– dice que este precedente de judicializar estas medidas sanitarias es alarmante. “Van a estar las cortes y los jueces definiendo para ver si el tratamiento era correcto o no. Abre una ventana de precedentes de actitudes de la sociedad extremadamente complejo. Francamente creo que es un retroceso de la civilización. Estamos en vez de incorporar un proceso científico racional, que ha hecho progresar como civilización, estamos acogiendo reclamos que tienen poca fundamentación científica y que terminan por la fuerza judicializando la experiencia científica”.

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Pese a todo, dice que hay un tema que obviamente no es blanco y negro a la hora de imponer un medicamento, porque “todas las personas tienen derecho a decir ‘sabe, no acepto esto en mi cuerpo’, y es un derecho importante y que debe tener alta prioridad, pero le pongo la otra cara: lo de Estados Unidos, que apareció un rebrote de Sarampión, o un caso en África donde reapareció la poliomelitis. Yo, por ejemplo, puedo decidir si no me intervengo por una apendicitis, y seguramente me moriré de una peritonitis, pero si me niego a vacunarme, le puedo causar daño a mi familia, a mis amigos, etcétera”.

Reynero García de la Pastora enfatiza que recién las Cortes que están viendo este tema no han resuelto este tema, y plantea que en particular de este asunto, que es “un tema de salud pública, y en ese contexto, la autoridad administrativa, el Ministerio de Salud, tiene plenas facultades. Y no sólo ahora, sino que en toda la historia. Eso se ha traducido en el cuidado que tiene el país en temas de la salud, que nos ha permitido mantener un alto estándar de salud en este contexto y nos ha alejado del resto de la región. No se trata de una pugna entre el poder Ejecutivo y el Judicial, sino que es una resolución de un caso particular y acotado que hay todavía que conocer”.

Como en muchas cosas, finalmente cuando se tenga toda la información y ésta sea conocida por Cortes como la de Talca, será la Justicia la que finalmente zanje este asunto.

N. de la R.

La diputada Cristina Girardi posteriormente consiguió enviar los antecedentes que acordó para esta nota, tras rectificar la dirección de correo que se le proporcionó.

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