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23 de Noviembre de 2016

Revelan fórmula bajo la cual las FF.AA. accedían a terrenos: algunos fueron vendidos a privados e incluso al Estado

Son los Patrimonios de Afectación Fiscal, los que por ley –que algunos consideran caducas- debían ser destinados para efectos de bienestar de las distintas ramas castrenses. Estos se les fue otorgados por la nación, y hasta estos días no existía fiscalización del destino de estos terrenos.

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Serían 2 mil 436 terrenos de las distintas instituciones de las Fuerzas Armadas, de los que 1.898 pertenecen al Ejército, los que de acuerdo reveló Ahora Noticias, dispone las distintas ramas de las instituciones castrenses, a través de una figura llamada Patrimonios de Afectación Fiscal (PAF).

Según reveló el reportaje, esto se originó con leyes que datan desde 1971, y estos PAF debían estar destinado al departamento de bienestar de las distintas instituciones.

Algunos de estos terrenos incluso consideran lugares que fueron utilizados como centros de exterminio y tortura, como parte del cuartel 2 del regimiento de infantería del Ejército, en el Cerro Chena, el que ahora, tras un proceso de recuperación que encabeza el Ministerio de Bienes Nacionales, se devolverá al estado y podría convertirse en un parque.

O también Tejas Verdes, donde estuvo localizada la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), que tendrá un destino similar.

La forma cómo operaba esta norma fue calificada como una “rareza jurídica”, según el prestigioso abogado Enrique Barros, el que asegura que el proceso de estas propiedades se justifica “por circunstancias históricas, no jurídicas”.

El problema, es que la forma cómo han operado estas normas han dado paso a que ocurran situaciones como la que se vivió en Alto Hospicio, lugar en el que se contaba con un Patrimonio de Afectación Fiscal, que fue dado por el estado y en ese momento vendido al mismo.

Humberto Oviedo

El comandante en jefe del Ejército, Humberto Oviedo, indicó que su institución ha trabajado con lo que está vigente, y que “operamos dentro de los márgenes de la ley”.  En tanto, la ministra de Bienes Nacionales, Nivia Palma, manifestó que “todas las instituciones pueden cometer errores”.

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