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Cámara aprueba elección directa de intendentes y entrará en vigencia para comicios de 2017 Cámara aprueba elección directa de intendentes y entrará en vigencia para comicios de 2017

La nueva normativa reemplaza la figura del intendente por el gobernador regional y, además, crea la figura del delegado presidencial, nombrado por el Presidente de la República.

Nacional

Cámara aprueba elección directa de intendentes y entrará en vigencia para comicios de 2017

Por 21 de diciembre de 2016

La Sala de la Cámara de Diputados aprobó esta tarde el proyecto de reforma constitucional que establece la elección directa o popular de los intendentes regionales y que los reemplaza por el cargo de “gobernador regional”.

La iniciativa fue aprobada por 96 votos a favor, cero en contra y 13 abstenciones en su último trámite legislativo, quedando listo para su promulgación. De esta manera, la medida podrá entrar en vigencia en las elecciones de 2017, junto a la Presidencial y Parlamentaria del 19 de noviembre próximo.

Para que esto ocurra, sin embargo, el poder legislativo debe despachar otra ley que se tramita en paralelo: la que establece competencias para los gobernadores regionales, lo que debe estar aprobado a más tardar en enero.

La nueva normativa sustituye al intendente por un gobernador regional como autoridad ejecutiva del Gobierno Regional, siendo quien presidirá el consejo regional y será elegido por un período de 4 años, mediante sufragio universal en votación directa. Éste debe ser electo dentro de la mayoría de los sufragios válidamente emitidos, siempre que ello equivalga, al menos, a un 40% de los votos.

Dentro de las facultades, el gobernador regional deberá fiscalizar de los actos del Gobierno Regional, la que se ejercerá a través del procedimiento formal. Se crea, además, la figura de un delegado presidencial, nombrado y removido libremente por el Presidente de la República, quien será su representante natural e inmediato en el territorio de su jurisdicción.

Por último, otorga a la Cámara de Diputados la facultad de declarar si han o no lugar las acusaciones que no menos de diez ni más de veinte de sus miembros formulen en contra de los delegados presidenciales regionales, por infracción de la Constitución y por los delitos de traición, sedición, malversación de fondos públicos.

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