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9 de Enero de 2017

Contraloría encuentra más de 400 funcionarios de Gendarmería a un paso de recibir “Jubilazos”

Junto con esto, hay diferencias de casi un millón 800 mil pesos en el sueldo de un funcionario en octubre de 2015, lo que repercutió en su jubilación, además de 51 trabajadores recibiendo asignación de zona y zona extrema, a pesar de trabajar en Santiago, a los cuales no se les pudo verificar el cumplimiento de las 44 horas semanales en el último trimestre de 2015 y primer semestre de 2016, ya que no registraron sus horas de entrada y salida.

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Luego de la polémica generada por el “Jubilazo” de Myriam Olate, ex esposa del diputado PS Osvaldo Andrade, quien pasó a retiro en Gendarmería con una pensión de 5,2 millones de pesos, Contraloría General de la República inició el proceso de invalidación de esta y otras 10 pensiones.

Junto con ello, el organismo contralor realizó una auditoría en la institución que dejó al descubierto una serie de irregularidades, según consignó radio Biobío, donde se encontraron a más de 400 funcionarios a punto de recibir su “Jubilazo”.

Así, se detectó a 90 funcionarios a contrata como beneficiados de Dipreca, lo que por ley es improcedente, de los cuales 63 ni siquiera trabajan en unidades penales. Pero tras el derecho a réplica de los interpelados, se determinó que 38 de los 90 cuestionados fueron considerados como parte de planta, por lo que “Gendarmería deberá comunicar a Dipreca acerca de las situación que afecta a los 52 funcionarios restantes que no cumplen con uno de los requisitos para estar adscritos al referido régimen previsional, que es estar en la planta del a institución”.

También se encontró a 372 funcionarios de planta pertenecientes a Dipreca que desempeñan funciones en unidades que no tienen carácter de penal, lo que es contrario a la ley, por lo que “corresponde que los servidores de estas reparticiones no sean incorporados a Dipreca”.

Pero esto no es todo, ya que se analizó el caso de ocho ex funcionarios que pasaron a retiro en 2015 con pensiones superiores al límite de 60 UF, descubriéndose que recibieron “estipendios, en los meses precedentes a su retiro, que incidieron en la base de calculo de las correspondientes pensiones”, por lo que se ordenó un sumario administrativo.

Tal es el caso de Pedro Pablo Hernández, ex presidente de la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios y que se jubiló en 2016. Pero la auditoría de Contraloría descubrió que fue calificado como Suboficial Mayor grado 9, para luego pasar a profesional suplente grado 7 desde 1 de julio de 2015 hasta el 30 de noviembre y finalmente ascendido a directivo grado 4 el 1 de diciembre de 2015 hasta enero de 2016, mes de su retiro.

Junto con esto, hay diferencias de casi un millón 800 mil pesos en el sueldo de un funcionario en octubre de 2015, lo que repercutió en su jubilación, además de 51 trabajadores recibiendo asignación de zona y zona extrema, a pesar de trabajar en Santiago, a los cuales no se les pudo verificar el cumplimiento de las 44 horas semanales en el último trimestre de 2015 y primer semestre de 2016, ya que no registraron sus horas de entrada y salida.

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