Fiscalía regional de O’Higgins formalizará a ejecutivo de la Compañía General de Electricidad
Lo que determinó el persecutor jefe de la zona, Emiliano Arias, es que la firma eléctrica no mantuvo áreas de seguridad en torno a cables de alta tensión.
Por Redacción
Uno de los primeros grandes incendios que actualmente afectan a la zona centro-sur del país se dio en Pumanque, provincia de Colchagua, en la región de O’Higgins. Inicialmente hubo una pequeña controversia entre las empresas eléctricas y los dichos del fiscal regional de la zona, Emiliano Arias, quien dijo que estas firmas estaban siendo investigadas, precisamente por la falta de mantenimiento en sus instalaciones, por lo que un desperfecto podría haber generado chispas, que dieron paso al inicio del desastre.
De acuerdo publica La Segunda en esta jornada, finalmente el persecutor jefe de la VI región determinó formalizar a un ejecutivo de la Compañía General de Electricidad (CGE).
El fundamento para solicitar la realización de una audiencia de comunicación de cargos apunta a que la firma eléctrica no habría realizado una correcta mantención en torno a cables de alta tensión.
Esta decisión va en contra del gerente zonal de CGE, Pablo Yáñez Mardones, al que se le imputará el delito de incendio intencional, que sanciona “al que incendiare bosques, mieses, pastos, montes, cierros, plantíos o formaciones xerofíticas”, especies definidas en la ley de bosques.
La comunicación de cargos relatará las evidencias recabadas, que apuntan a que el siniestro se inició por el no cumplimiento de una norma que obliga a las eléctricas a mantener una franja de seguridad de al menos 5 metros despejada de material combustible. Eso no se habría cumplido.
Un informe del OS-5 de carabineros situaría el inicio de este foco en el momento en que las ramas de un árbol de eucalipto se pegaron al tendido eléctrico, lo que provocó chispas. Existiría evidencia material del árbol donde comenzó el incendio.
Considerando los costos de la mantención y la franja de seguridad, eventualmente el Ministerio Público podría formalizar a ejecutivos de mayor jerarquía.
Se maneja incluso que cerca de un 90% de los siniestros de la zona habrían sido producto de este tipo de situaciones.
La pena por este delito comienza en 5 años y todo indica que se le pediría prisión preventiva. La formalización sería el 20 de febrero.
