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10 de Febrero de 2017

Abogados del CDE expresaron su preocupación a Bachelet por designación de Javiera Blanco

En una carta abierta, los profesionales señalaron que “en el Consejo de Defensa del Estado existen abogados con una vasta experiencia profesional, excelentes litigantes y con una vida entregada al servicio, los que cumplen con creces los requisitos legales y cuentan con las competencias para asumir y ejercer adecuadamente el cargo de Abogado Consejero”.

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El nombramiento de Javiera Blanco como abogada consejera del Consejo de Defensa del Estado (CDE) causó reproches desde distintos sectores.

Blanco tuvo una bullada salida del gabinete de la Presidenta, luego que se le responsabilizara por las irregularidades al interior del Sename, en Gendarmía y Registro Civil, organismos que dependen del Ministerio de Justicia, y que salieron a la luz cuando ella se desempeñaba en esa cartera.

Luego de estar un par de meses fuera de foco, ahora Blanco volvió a ser objeto de críticas debido a su nuevo cargo. Esta vez la Asociación Nacional de Abogados del CDE manifestaron a la Presidenta Bachelet a través de una carta abierta su “preocupación” al respecto.

“Vemos con preocupación, dolor e impotencia como se ha denostado el nombre del Consejo de Defensa del Estado en algunos medios de comunicación y redes sociales, en el marco del debate antes señalado”, reza la misiva.

Los profesionales recuerdan a la Mandataria que se deben respetar dos aspectos para designación de consejeros; ser destacados abogados litigantes con un vasto conocimiento y con experiencia en los Tribunales de Justicia, así como privilegiar la carrera funcionaria. Con esas palabras se desprende que Blanco no cumpliría con dichos requerimientos.

“En el Consejo de Defensa del Estado existen abogados con una vasta experiencia profesional, excelentes litigantes y con una vida entregada al servicio, los que cumplen con creces los requisitos legales y cuentan con las competencias para asumir y ejercer adecuadamente el cargo de Abogado Consejero”, dicen.

La misiva termina explicando que “nos asiste el convencimiento de que lo antes propuesto en modo alguno afecta a la facultad exclusiva que la ley confiere al Presidente de la República y contribuiría a mantener en alto el buen nombre del Consejo de Defensa del Estado, como una institución eminentemente técnica, y de quienes en él nos desempeñamos”.

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