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20 de Junio de 2017

Por qué el proyecto “Dicom de evasores” del Transantiago es la peor idea del mundo, según Jackson

Durante esta jornada, los diputados votarán la iniciativa que crea un registro público de aquellos usuarios que no pagan el pasaje de la micro.

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“Un sistema de transporte público no se sostiene financiera ni socialmente con los actuales niveles de evasión”, señaló el diputado Giorgio Jackson a través de una carta publicada en El Mercurio.

Según las últimas cifras del Ministerio de Transportes, 3 de cada 10 usuarios del Transantiago no paga su pasaje en la micro. Y para disminuir esa cifra, el Gobierno creó un proyecto que pretende crear un registro público de los usuarios evasores, algo que Jackson llamó una especie de Dicom.

Durante esta jornada, la comisión de Transportes de la Cámara votará dicha iniciativa, razón por la que el diputado llamó al Ejecutivo a que “no empuje una ley de cuyas consecuencias podamos arrepentirnos”.

A juicio de Jackson “podemos distinguir dos grandes grupos de evasores: crónicos (buscan no pagar el pasaje) y circunstanciales (no pagan por descuido). De los crónicos, están quienes por su situación socioeconómica tienen dificultades grandes para pagar el pasaje (desempleados, adultos mayores, etcétera), como también quienes, teniendo los recursos, no cancelan el pasaje. Este último caso es el que más rabia genera entre los millones que con muchísimo esfuerzo pagan su pasaje y contra quienes las medidas de evasión deberían estar dirigidas”.

En esa línea, el parlamentario señaló que si se establece un registro público de evasores, “además de ser desproporcionado como medida sancionatoria, podría condenar a un ciclo de pobreza sin retorno a quienes menos tienen” dado que “a quienes, por distintas circunstancias, no hayan pagado su pasaje, propone condenar a un Dicom que dificultará su búsqueda de trabajo”.

Como propuesta, Jackson planteó al Gobierno que “acoja la unánime recomendación del Consejo para la Transparencia, para que el registro sea exclusivamente para la cobranza de multas y no sea de acceso público”.

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